Radiografía a 1.665 indultos concedidos las últimas tres décadas

Tras asumir como Presidente, el 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin debió enfrentar de inmediato la demanda de liberación de quienes habían sido perseguidos y encarcelados durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Transcurridas menos de 48 horas desde su asunción, el fallecido exmandatario ya había firmado 46 decretos de indulto a personas consideradas víctimas de prisión política, como Hernando Dastres, Osvaldo Bustos y Viviana Herrera.

Esa fue la tónica que siguieron la mayoría de los beneficios otorgados durante su administración, la cual al terminar contabilizó 943 ciudadanos indultados, según se desprende del listado elaborado recientemente por el Ministerio de Justicia y al cual La Tercera Sábado tuvo acceso. Se trata del que presentó al Tribunal Constitucional a propósito de los requerimientos de la oposición en contra de los beneficios dados en diciembre por el Presidente Gabriel Boric, y que contiene el detalle de todas las personas indultadas desde 1981, sin categorizar por los fundamentos.

Desde el retorno a la democracia, el de Aylwin ha sido el periodo presidencial en que más veces un jefe de Estado ha recurrido a esa facultad que le permite “perdonar” penas privativas de libertad a un condenado en particular. Desde ahí, el otorgamiento de este beneficio fue derechamente a la baja.

Como da cuenta el listado elaborado por el Ejecutivo, Eduardo Frei concedió 346 indultos, Ricardo Lagos 244, Michelle Bachelet 77 y Sebastián Piñera 39. En estos últimos dos casos, sumando los dos periodos en que ambos encabezaron el Poder Ejecutivo.

La baja se ha producido, de acuerdo con lo que plantea José Antonio Gómez, exministro de Justicia de Frei, Lagos y Bachelet, porque se fue endureciendo la mirada “más abierta” que se tuvo durante los primeros años tras el retorno a la democracia. Esto, detalla, pues aumentó la presión por mayor seguridad, lo que fue restringiendo tácitamente el uso de esta facultad.

En el mismo sentido, el abogado Francisco Bustos, académico de la Universidad de Chile, sostiene que “la baja coincide con mayores demandas de seguridad y el desprestigio que afecta a la clase política. Por lo demás, antes había casos que a todas luces correspondían a situaciones de persecución política, y ciertamente hace más ruido indultar a un narcotraficante”.

Lo que no ha cambiado con el tiempo es el revuelo que genera la noticia de un indulto por parte de un mandatario. Así lo ha planteado el actual titular de Justicia, Luis Cordero, quien tras la crisis que se gatilló en el actual gobierno por los beneficios otorgados a 12 condenados por delitos vinculados al estallido y al exfrentista Jorge Mateluna, sostuvo: “Ningún gobierno desde el retorno a la democracia, ha ejercido esta potestad sin conflictos públicos”.

En el caso de Aylwin, recibió una serie de críticas y presiones para apurar la liberación de presos políticos, pero al mismo tiempo, reproches por impulsar la “Ley Cumplido” -que agilizaba los procesos- y por liberar a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que participaron del atentado a Pinochet en septiembre de 1986.

Asimismo, fue cuestionado por indultar a Juan Salvo Zúñiga, condenado a pena de muerte y apodado “El Chacal de Alcohuaz” por un cuádruple asesinato perpetrado en noviembre de 1990: Antonia del Carmen Cabrera y sus tres hijos, luego de que ella lo denunciara por intentar violar a una de sus hijas.

El DC, además, sustituyó las penas de muerte a la que habían sido condenados Mauro González Quispe, René Larico Aguilar y Lieber Fausto Mamani -todos autores del asesinato de una pareja en Arica- por cadena perpetua, lo que también generó revuelo.

Eduardo Frei, por su parte, tiene como casos “emblemáticos” el indulto al narcotraficante Ángel Vargas Pargas, condenado por internar a territorio nacional 500 kilos de cocaína a través de Arica, y el de Cupertino Andaur, condenado a pena de muerte por el asesinato de nueve niños, pero a quien el exmandatario le perdonó la vida.

Sus polémicas determinaciones fueron tema de debate cuando volvió a intentar llegar a La Moneda en 2009, pues en total indultó a más de 55 personas condenadas por delitos ligados al tráfico de estupefacientes y a varios condenados por parricidio y homicidio. Además, registra el indulto de más de 50 condenados por conducción en estado de ebriedad.

Entre los casos que generaron debate, igualmente, está el beneficio que Frei entregó a Juana Candia, una mujer que en la década del 90 mató a su marido dado que este había abusado de ella durante años. Tras ser condenada a 10 años por homicidio, se acogió su tesis de la legítima defensa y pudo quedar en libertad.

Durante el mandato de Ricardo Lagos, en tanto, el caso más recordado es el del indulto del exagente de la Dina Manuel Contreras Donaire, responsable del secuestro y asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez.

Esa situación le sigue trayendo críticas, puesto que tras cuestionar los indultos de Boric, el hijo de Jiménez lo llamó a “guardar absoluto silencio”. “Fue una de las decisiones más rechazadas por la ciudadanía. No existían las redes sociales y, así y todo, el expresidente estuvo más de dos semanas tratando de justificar lo injustificable”, comentó el embajador de Chile en Suecia durante la última semana.

En 2005, el expresidente Lagos justificó su determinación sosteniendo que se trataba de una “señal potente para dejar las cosas en el pasado”. En el decreto que confirmó el indulto, en todo caso, sólo se hace alusión a “la muy buena conducta que el solicitante” había mantenido.

Esos años, además, su ministro de Justicia, Luis Bates (2003- 2006), fue blanco de una acusación constitucional por supuestamente ocultar datos de indultos entregados a fines de los 90.

En el caso de los “perdonados” por Michelle Bachelet, aparecen una serie de condenados por ley de drogas, pero de acuerdo con las justificaciones señaladas, se cedió ante sus solicitudes por “razones humanitarias, posibilidades de reinserción laboral y/o precariedad económica”.

Jaime Campos, ministro de Justicia en el segundo mandato de la Presidenta, justifica la medida “en caso de los enfermos terminales y también en el caso de los enfermos de alzhéimer, aun cuando no cumplan los requisitos establecidos en la ley, porque es un problema de humanidad”.

Con él, por lo mismo, Bachelet enfrentó una dura polémica en 2018: él se negó a firmar el decreto respecto del exfrentista Jorge Mateluna, puesto que ya había sido beneficiado por un indulto general en 2004, con Lagos.

En tanto, los principales reproches que rondaron los indultos entregados por Sebastián Piñera tienen relación con la liberación de condenados por crímenes de lesa humanidad que estaban recluidos en Punta Peuco, como René Cardemil, Demóstenes Cárdenas y Víctor Mattig.

Si bien justificaron la medida con “razones humanitarias de extrema urgencia”, como se trata de condenados por violación a los DD.HH. abogados nacionales mantienen litigios internacionales asegurando que no se cumplió con los requisitos.

Otorgó, además, indulto a cuatro condenados por robos violentos, a tres narcotraficantes, a un condenado por malversación de caudales, entre otros.

Dada la tensión que genera, recientemente el ministro de Justicia instó a repensar cómo está construida esta facultad, sobre todo ante el proceso constituyente en marcha. “Si hay una de las enseñanzas que deja este proceso, pero también los procesos anteriores, es que sostener la potestad de indulto en una persona como decisión unipersonal es probablemente una tensión del sistema institucional muy grande”, sostuvo Cordero.

Pero más que una modificación, sectores como la UDI están derechamente por eliminar dicha herramienta y, de hecho, ya hay un proyecto de ley en el Congreso que apunta en ese sentido.

Pese a esas intenciones, el abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, sostiene que “si uno mira cómo funciona esto a nivel internacional, los indultos van a seguir siendo necesarios. Los indultos por razones humanitarias o de gestión penitenciaria van a seguir existiendo, por la sobrepoblación en las cárceles y por las necesidades políticas”.

Algo similar expone Isidro Solís, exministro de Justicia durante el gobierno de Bachelet. “Mientras no haya tribunales de ejecución de pena, el indulto es una válvula de escape. Vale como política de reinserción y de rehabilitación. Por eso vale la pena ejercer ese perdón presidencial”, dice.