Varios de los consejeros republicanos que integran la comisión de Sistema político están sentados en esa instancia con una misión: reforzar las normas que regulan las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de Orden y Seguridad.

A diferencia de lo que fue el proceso constitucional de la Convención, esta vez el debate más álgido no está vinculado con el régimen político, ni con la regulación del Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Las tensiones se han desplazado y apuntan directamente a las normas que tienen que ver con las FF.AA., Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Es un hecho que los republicanos tienen como objetivo dejar su marca en este debate. “Para eso nos eligieron”, comenta en privado uno de los 22 consejeros del partido.

La bancada ya está preparando sus enmiendas, las que están enfocadas en trasladar todas las normas sobre este tema a un capítulo especial. Este es un viejo debate que ya lo tuvo la Comisión Experta cuando votó el índice con la estructura constitucional del anteproyecto.

En esa ocasión, la izquierda y la derecha se dividieron. Chile Vamos votó por mantener el modelo de la Constitución vigente, la que contempla un capítulo especial para las FF.AA y las policías. La izquierda, por otro lado, optó, según argumentaron sus comisionados, por respetar la tradición constitucional -modificada por la Junta Militar- de regular estas instituciones dentro del capítulo de gobierno.

Independiente de ese debate simbólico, los republicanos no solo quieren hacer ajustes de forma, sino que también se quieren meter en el fondo.

La Comisión Experta entregó un anteproyecto que mantiene el grueso de los artículos de las FF.AA. y las policías. En palabras del comisionado Juan José Ossa (RN), “la regulación que se propone es muy similar a la actual, pero con algunas innovaciones”. Esto último apunta a que los expertos constitucionalizaron algunas funciones como la colaboración en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales, la participación en el resguardo de las fronteras del país y la cooperación internacional en operaciones de paz.

También el texto explicita la atribución del Presidente de conducir la defensa nacional y hace mención expresa a que el Estado tiene “el monopolio indelegable del uso de la fuerza”.

Los republicanos quieren trasladar esas normas a un capítulo especial y dar otros avances en el sistema de seguridad en su conjunto. Por ejemplo, están analizando hacer una mención más explícita del deber que tiene el Presidente en el resguardo de las fronteras. Esto apunta a un tema que preocupa a los republicanos: la migración irregular y los ingresos por pasos no habilitados. La bancada sabe que mucho de eso es materia de ley, pero están analizando de qué forma se pueden hacer menciones en la Constitución.

“Estamos conscientes de que tenemos un problema gravísimo en materia de vulneración de nuestras fronteras, tanto respecto del flujo migratorio ilegal como del tráfico de drogas y armas. En ese marco entendemos el proceso constitucional como una oportunidad para abordar este problema y de esa manera estamos evaluando distintos mecanismos”, afirma el consejero republicano Antonio Barchiesi.

Algunos consejeros están examinando la posibilidad de crear una agencia especializada, con rango constitucional, que se dedique a la protección de las fronteras. También están evaluando qué se puede hacer para establecer mayores barreras a nivel constitucional respecto del fenómeno de la migración irregular.

Otro punto que impulsarán los republicanos será la incorporación de Gendarmería en la enumeración de las fuerzas de orden y seguridad que hace la Constitución. En esto tienen aliados en Chile Vamos, ya que los comisionados de esa coalición ingresaron una enmienda que fue rechazada por los expertos de izquierda.

En esa misma línea, los republicanos podrían revivir una indicación promovida por los comisionados de Chile Vamos, que también se rechazó, y que establecía que “la Ley de Presupuestos deberá asegurar las capacidades estratégicas conjuntas de las FF.AA. y capacidades operacionales de las fuerzas de orden y seguridad pública, considerando los requerimientos de su preparación profesional y entrenamiento, y la disponibilidad de los medios adecuados”.

Los cambios no solo estarán radicados en la comisión de Sistema político, sino que también en la instancia que ve los temas de Función jurisdiccional y órganos autónomos. Ahí esperan reforzar los temas de seguridad. El consejero republicano Barchiesi ha dicho que tiene interés en contar con una “arquitectura nacional de seguridad que coordine a los distintos agentes involucrados”.

Su idea es “encontrar la forma de lograr un gran paso estratégico para ser capaces de coordinar los esfuerzos del Ministerio Público, tribunales y policías en el marco de la persecución delictual”.

En la bancada de republicanos también hay interés por buscar la forma de “reforzar la figura del testigo protegido”. Además, hay algunos consejeros que están estudiando “qué se puede hacer en materia de reinserción y libertad condicional”.

Otro paquete importante de enmiendas irá enfocado en robustecer el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta institución -impulsada por la comisionada Katherine Martorell (RN)- quedó desarrollada brevemente en el anteproyecto, y los republicanos, junto con Chile Vamos, quieren “darle carne”.

Para eso la idea es afinar su estructura y aclarar su objetivo para saber si podrá tener facultades para “conducir la investigación según las necesidades de la víctima”, dilucidar si podrá “forzar al fiscal para acusar” y si tendrá extensiones para impulsar acciones civiles.