Sudamérica, un vecindario en llamas

Las similitudes estaban a la vista, e incluso fueron advertidas: el entonces Presidente brasileño Jair Bolsonaro estaba siguiendo el manual del expresidente estadounidense Donald Trump desde antes de las elecciones que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva. Denuncias -hasta la fecha- infundadas sobre un supuesto fraude electoral y su salida del país durante el cambio de mando hacían recordar la táctica de Trump.

Parecido que culminó con la invasión a las sedes de los tres poderes en Brasilia por parte de los seguidores del líder de extrema derecha, tal como lo hicieron algunos de los simpatizantes de Trump hace dos años, en 2021. El ataque al Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal significó para analistas y políticos de diversos sectores ideológicos, un ataque a la democracia del país.

Para Michael Shifter, expresidente del think tank Diálogo Interamericano y profesor de la escuela de Asuntos Exteriores de la Universidad de Georgetown, la acción de los partidarios del saliente mandatario es una muestra de la polarización del país. “Al igual que ocurrió tras la revuelta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, el movimiento de extrema derecha en Brasil seguirá siendo impulsado por las bases. Seguirá siendo una fuerza política formidable, con actos esporádicos de violencia y una profunda desconfianza y odio hacia Lula y el Partido de los Trabajadores”, explicó a La Tercera.

Ante nuevos llamados a manifestaciones de partidarios de Bolsonaro, las que han estado marcadas por consignas golpistas y peticiones a militares de intervenir el país, la administración del Presidente Lula cerró esta semana la Explanada de los Ministerios ante posibles nuevos disturbios, dejando abierta la pregunta sobre lo que ocurrirá en los próximos días, considerando que lleva solo dos semanas en el poder.

“Controlar la situación -en particular, purgar a los probolsonaristas de las fuerzas de seguridad, lo que no fue necesario en el caso de EE. UU.- consumirá gran parte de la agenda de Lula en los próximos meses”, agregó Shifter.

Un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se abrió en los últimos días de 2022, cuando la Corte Suprema ordenó al gobierno del Presidente Alberto Fernández a restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un porcentaje de la coparticipación descontada durante la pandemia.

La decisión del máximo ente judicial transandino desató una verdadera pugna entre el oficialismo y algunos jueces, relación que venía desgastada desde la condena a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. Sin embargo, la decisión de Fernández y un grupo de gobernadores afines de impulsar un juicio político contra cuatro integrantes de la Corte Suprema, acusando “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” en los fallos, según detalló Clarín, amenaza con dañar el equilibrio entre los poderes del Estado.

“Los ataques del Presidente Fernández a la Corte Suprema en Argentina y los intentos de destituir a sus jueces encajan en el patrón regional, socavando la democracia del país”, dijo Michael Shifter a este medio. Su preocupación, agregó, está en que “una de las amenazas más graves para la democracia en América Latina han sido los intentos del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial. Desgraciadamente, esto está ocurriendo en varios países y tiene implicaciones preocupantes para la separación de los poderes”.

A meses de los comicios presidenciales, el analista dice no ver el beneficio de esta jugada en términos electorales, ya que todo apunta a que “el presidente se debilitará aún más, y los candidatos de la centroderecha ganarán ventaja política”.

“Las tensiones entre la capital y las provincias son habituales en toda América Latina, pero el prolongado conflicto de Bolivia es especialmente agudo y volátil”, inició explicando Michael Shifter al adentrarse en la situación del país altiplánico.

A la estancia de la expresidenta Jeanine Áñez en la cárcel se le sumó la de Luis Fernando Camacho, gobernador cuasi caudillista que, según el gobierno del Presidente Luis Arce, habría sido parte del golpe de Estado que sacó a Evo Morales del poder. Pero la pugna va más allá. La rica región de Santa Cruz, bastión de Camacho, también se presenta como una antítesis de La Paz.

“El contraste entre La Paz y la provincia oriental de Santa Cruz, en las tierras bajas, no podría ser más marcado. Mientras que la capital cuenta con una numerosa población indígena que tradicionalmente se ha alineado con el partido gobernante, el socialista MAS, Santa Cruz es una región conservadora y católica con una importante comunidad de ascendencia europea blanca”, detalló el académico.

El rol de Santa Cruz como centro agrícola del país explica también los deseos de Camacho por lograr un federalismo en el país, alcanzando un mayor peso electoral nacional. “Esto explica por qué la dramática detención de Camacho -acusado de intentar un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales en 2019- ha desencadenado protestas dirigidas contra el gobierno central, incluyendo bloqueos del transporte de alimentos y granos para reducir el suministro interno y presionar al Presidente Arce”, argumentó Shifter.

La noticia de la caída de Juan Guaidó, hasta el 30 de diciembre “presidente encargado” de Venezuela, sonó sorpresiva en el mundo, considerando que incluso EE.UU. lo reconocía como una voz con la que dialogar al interior del país. Sin embargo, encuestas demostraban que del 60% de apoyo que ostentó años atrás, cuando su nombre era sinónimo de una posible salida del régimen iniciado por Hugo Chávez, actualmente se había esfumado.

Con un 16% de aprobación, el actual mandatario del país, Nicolás Maduro, goza de mayor popularidad que Guaidó, por lo que su propio sector político dejó caer al otrora paladín de la oposición al eliminar el “gobierno interino” instalado en enero de 2019.

En conversación con La Tercera, Michael Shifter es tajante al aseverar que “la estrategia de ‘máxima presión’ que siguió Guaidó, respaldada por la administración Trump, fracasó”, y que “tanto Chávez como Maduro han sido hábiles a la hora de dividir a la oposición, utilizando tanto la represión como la cooptación”.

Consultado sobre las perspectivas de un gobierno opositor al régimen de cara a las elecciones de 2024, el académico dijo que “la cuestión es si la oposición será capaz de unirse en torno a un candidato viable que se enfrente al chavismo. ¿Será esta vez diferente? Hay necesidad y oportunidad de un reseteo, pero será difícil”, advirtió.

Para Shifter, el escenario mundial y regional ha jugado y jugará un rol importante en la legitimidad de una eventual continuación del gobierno de Maduro. “Gracias a la guerra de Ucrania, al giro en la política estadounidense bajo el mandato de Biden y a los cambios políticos en la región, la posición de Maduro se ha fortalecido”, cerró.

Con seis presidentes en cuatro años, así como un descrédito general de la política según numerosas encuestas --donde el Congreso registra un apoyo menor que el del expresidente Pedro Castillo-, el fin de las actuales movilizaciones no se ve cercano.

Para Michael Shifter, “la presidenta Dina Boluarte debe seguir esforzándose por buscar una solución política a la crisis. Pero su impopularidad y falta de legitimidad para muchos peruanos podrían hacer insostenible su presidencia”, aseguró a La Tercera.

El llamado a cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones continúa especialmente en el sur del país, donde la cifra de manifestantes muertos aumenta día a día. Ejemplo de esto es Juliaca, en Puno, donde el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público reportó la presencia de proyectiles de armas de fuego en nueve de las 20 víctimas. Todas fueron abatidas mientras intentaban asaltar el aeropuerto local, y cuatro de ellas tenían entre 16 y 18 años.

“Ante los actos violentos cometidos por manifestantes, la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del país es restablecer el orden público respetando los derechos humanos. Pero muchos relatos de los enfrentamientos muestran que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, lo que causó cerca de 50 muertos”, aseguró Shifter.

Según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías de Perú, durante el jueves se registraron hasta 83 puntos de bloqueo en ocho regiones del país, transformándose en la segunda cifra más alta de cortes viales desde que se reiniciaron las manifestaciones, el pasado 4 de enero.

Los disturbios comenzaron a principios de diciembre tras la destitución y arresto de Castillo, tras su intento de disolver el Congreso y evitar su propio juicio político.

Con la experiencia de las negociaciones entre el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aún frescas en la memoria colectiva, las que incluyeron el triunfo del No en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en 2016, el gobierno de Gustavo Petro ingresará de lleno a otra ronda de discusiones, esta vez con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de su política de “paz total”, el mandatario izquierdista busca cumplir una de sus promesas más importantes en el período de campaña presidencial, la que busca cerrar una grieta instalada durante años en el corazón de Colombia.

“Es muy difícil predecir si las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN tendrán éxito. Los intentos anteriores resultaron frustrantes, pero el tema es extremadamente importante para el Presidente Gustavo Petro”, advirtió a La Tercera el analista Michael Shifter. “Tuvieron un comienzo poco propicio, lo que pone de relieve lo difícil que será llegar a un acuerdo definitivo”.

Durante Navidad, la fragmentación en el liderazgo de una de las guerrillas más importantes que continúan operando en el país evidenció lo complejo de las negociaciones. El anuncio de Petro sobre un supuesto alto al fuego bilateral desde el 1 de enero -a través de un decreto - quedó rápidamente obsoleto luego de que el ELN negara su validez, forzando al gobierno a eliminarlo el día 4 del mismo mes.

“La aparente falta de comunicación y los malentendidos no son una señal alentadora. El ELN está notablemente fragmentado, lo que sugiere que podrían ser necesarios varios acuerdos”, explicó Shifter. “La cooperación con el régimen de Maduro será esencial para que las negociaciones, que se están llevando a cabo en Caracas, den sus frutos. El ELN ha utilizado el territorio venezolano durante décadas, y recientemente su presencia se ha ampliado”.

Con alarmantes cifras, las que van en franco crecimiento, según informes oficiales y de instituciones no gubernamentales, el narcotráfico se ha posicionado como una de las principales batallas a vencer para Ecuador y el gobierno de Guillermo Lasso. El hacinamiento en las cárceles sería uno de los principales factores, aseguró el medio especializado InSight Crime.

Cuerpos colgados de puentes -escena vista en México- y carros bomba -como en Colombia- fueron presenciados por ecuatorianos en 2022, lo que ha alertado a las autoridades sobre el muy probable ingreso de carteles y bandas mexicanas y colombianas.

“Se trata de un hecho nuevo, pero profundamente preocupante y potencialmente desestabilizador. No es sorprendente que esta tendencia haya ido acompañada de un aumento de la violencia en el país, cuyo epicentro ha sido la ciudad costera de Guayaquil”, dijo Michael Shifter a este medio. “Informes fidedignos muestran que la expansión y penetración de los carteles mexicanos de la droga en Ecuador es un factor importante para explicar la ominosa situación”, agregó.

Motines en cárceles que dejan elevados saldos de muertos han impulsado el intento de Lasso por controlar la situación, sin éxito hasta el momento. Pero el escaso apoyo con el que cuenta, tanto en el Congreso como en la ciudadanía, configuran una perspectiva sombría, aseguró Shifter. “Washington está muy preocupado. El narcotráfico es sin duda la principal prioridad en la agenda entre EE.UU. y Ecuador”, agregó.