Revive el conversatorio “La salud en la nueva Constitución: la voz de los protagonistas”

Este miércoles 22 de junio, se efectuó el Conversatorio “La Salud en la nueva Constitución: la voz de los protagonistas”, con la participación de los convencionales Patricio Fernández, escritor y periodista, representante del distrito 11; Katerine Montealegre, licenciada en ciencias jurídicas (distrito 26); Javier Fuchslocher, profesor de Historia y Geografía y magíster en gestión directiva en educación (distrito 21); y Arturo Zúñiga, ingeniero comercial (distrito 9), bajo la conducción de la periodista Verónica Schmidt. Se trata del segundo evento organizado por Empresas Banmédica y La Tercera respecto a los cambios que vendrán en materia de salud.

Los panelistas entregaron su visión de la nueva salud a la que accederán los chilenos si la nueva Constitución es aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre, y respondieron preguntas y preocupaciones de personas de la calle, que fueron captadas en sucursales de Banmédica, previa autorización para ser exhibidas en este evento.

La introducción del seminario estuvo a cargo de Alejandra Candia, directora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Empresas Banmédica quien señaló que “como Empresas Banmédica, actores de la seguridad social en Chile por más de cuarenta años, sabemos que los desafíos en salud que hoy Chile enfrenta son enormes, y que, para resolverlos y contribuir al bienestar de las personas, nos necesitamos todos. Estamos convencidos que deben ser los pacientes y su calidad de vida el foco de nuestra preocupación”.

Katerine Montealegre, ex integrante de las comisiones de Ética y de Derechos Fundamentales y de Armonización, dijo que “la libertad de elegir en el texto de la convención en materia de salud queda totalmente coartada, eliminada, y no por mero descuido, ya que fue rechazada una y otra vez cada vez que la propusimos (...) en la Convención había ánimo de establecer una sola fórmula de otorgar las prestaciones de salud, y se consagra claramente, se concede la custodia con primacía del Estado, con un rol preponderante. Hoy día, la misma ciudadanía está señalando -en más de un 60%- que la salud pública es mala ¿Y qué hace la Convención? Le da mayor preponderancia a la salud pública”.

A su turno, Javier Fuchslocher, quien coordinó la comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, y luego se incorporó a Derechos Fundamentales y a Normas Transitorias, manifestó que “la idea es tener un cambio que se progresivo y transitorio. No se eliminan las Isapres, esto hay que sacarlo del debate, porque no es así. Tenemos un sistema nacional de salud que tiene rectoría, que implica la supervisión y la vigilancia del sistema para que funcione de manera óptima”.

En tanto, Arturo Zúñiga, quien participó en las comisiones de Ética, Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral, y Armonización, sostuvo que “(con el texto de la Convención) van a aumentar en un 40% las listas de espera. Al mismo tiempo, cuando hay personas de Isapres que cotizan más de su 7%, esas personas van a ir al sistema público y se deja de financiar una parte y eso va a implicar más de $500 mil millones de gasto adicional del Estado ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Qué va a implicar ese déficit? Vamos a tener más listas de espera, debido a la mayor carga de personas que irán al sistema público y al menor financiamiento que estas van a trasladar. Por lo tanto, no solo van a salir perjudicadas las personas que están en Isapres, sino que las del sistema público también”.

Finalmente, Patricio Fernández, quien coordinó la comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia, y luego se integró a Derechos Fundamentales y de Armonización, planteó que “los que querían una salud enteramente estatal no lo consiguieron. En la propuesta final queda habilitada la participación de los privados. Es decir, una cosa es que el Estado garantice y otra que provea. O dicho de otro modo, una cosa es que el Estado ejerza la rectoría del sistema de salud y que no permita la participación de los privados, situación que no ocurre en el texto aprobado por la Convención. Lo que sucedió en la pandemia (colaboración público-privada, con rectoría pública) es algo bastante parecido a lo que se espera del nuevo sistema de salud”.