Alexander Betts, académico de Oxford: “Es fácil señalar con el dedo a las personas que cruzan las fronteras”
Experto en asuntos migratorios, sus investigaciones han roto ciertos estereotipos sobre inmigrantes y refugiados. Sobre la diáspora venezolana apunta: “Esto no debiera tratarse de que un país como Chile tenga que aceptar un número ilimitado de migrantes, ni tampoco debiera tratarse de un marco de fronteras abiertas. Se debe tratar de tener estándares consistentes para distinguir entre personas que tienen un reclamo basado en sus derechos humanos para cruzar la frontera, y los que no”.
Alexander Betts es una autoridad mundial en migración forzada y asuntos internacionales, profesor de la Universidad de Oxford, además de autor de 12 libros y 100 publicaciones académicas sobre la materia. Su última obra lleva por título The wealth of refugees: how displaced people can build economies (Oxford University Press), que ganó el premio de la International Studies Association. Otro de sus libros -Transforming a Broken Refugee System- fue destacado como uno de los mejores por The Economist en 2017.
Miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Betts fue elegido como uno de los 100 pensadores globales top por Foreign Policy, Young Global Leader por el Foro Económico Mundial, mientras que sus charlas Ted han sido vistas por más de tres millones de personas. Sus investigaciones, además, lo han llevado a trabajar en terreno con refugiados en Uganda, Kenia y Etiopía, y a ser una voz influyente respecto de las crisis de desplazados de Siria, Ucrania y Venezuela. Vía Zoom desde su oficina en Oxford, conversa con La Tercera sobre estas materias y el impacto político de la migración.
La migración -lo que usted ha estudiado toda su vida- es parte central de la agenda política actual, con muchas personas muy en contra de ella y políticos levantando la bandera anti inmigrante. ¿Qué piensa de esto?
Vivimos en una era de desplazamiento. Por un lado, tenemos numerosas personas que se ven obligadas a abandonar sus países y sus comunidades en circunstancias desesperadas, debido a la guerra, al autoritarismo o simplemente por la inseguridad generalizada. Por otro lado, vemos el declive de la voluntad política para admitir a personas que buscan refugio, sean refugiados, solicitantes de asilo, migrantes en general. Tenemos, pues, esta paradoja. Y todo nos indica que es probable que la situación siga aumentando y empeorando en ambas categorías. La Agencia de la ONU para los Refugiados actualiza las estadísticas oficiales en el verano cada año, pero sospecho que en este momento probablemente hay alrededor de 130 millones de personas desplazadas por la fuerza, y probablemente unos 40 millones de refugiados, que se han visto obligados a cruzar una frontera en busca de seguridad. Todo nos indica que es probable que esas cifras aumenten.
Y está el factor del desplazamiento por el cambio climático…
En efecto, sabemos que el cambio climático va a empezar a cobrar fuerza ya interactuar con otros factores, como la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica, la mala gobernanza y la expulsión de las personas de sus hogares, lo que hará que se conviertan en desplazados internos o refugiados. Históricamente, los principales factores que han provocado el desplazamiento han sido la guerra y el autoritarismo, y estamos viendo un resurgimiento de los conflictos en muchas partes del mundo, desde Sudán del Sur hasta Medio Oriente. Y el conflicto y el autoritarismo está aumentando, por lo que el número de desplazados va a aumentar. Y en lo que respecta a la voluntad política, vemos un aumento del nacionalismo populista. En este año de superelecciones, la gente está muy preocupada por el retroceso democrático y se cuestiona la resiliencia de nuestras democracias. Cada vez hay más margen para el extremismo. En muchas regiones estamos viendo un resurgimiento de la extrema izquierda y la extrema derecha. Y tenemos las condiciones a nivel mundial que estimulan el auge de la política extrema.
¿A qué condiciones se refiere?
Vemos una transformación económica estructural masiva. La desindustrialización implica que la manufactura intensiva en mano de obra está desapareciendo como resultado del offshoring (deslocalización) y la automatización. Vemos que la mayoría de los votantes de partidos anti inmigrantes no se encuentran en países con altos niveles de inmigración, sino en aquellos que han experimentado una transformación económica estructural: están en zonas con bajos niveles de inmigración, pero altos niveles de desindustrialización. Y por eso a los políticos les resulta más fácil convertir la inmigración y el asilo en chivos expiatorios, que articular el cambio estructural en la economía global. Hasta que no estén dispuestos a ser abiertos y honestos acerca de las razones por las que las personas sienten esos problemas en sus vidas -el impacto de la pandemia, el efecto global de la guerra en Ucrania, y Medio Oriente, posibilidad de recesión económica global en el horizonte, de la automatización, deslocalización, la desaparición del trabajo labor intensive- es fácil señalar con el dedo y culpar a las personas que cruzan las fronteras, que tienen rostro, y decir que el asilo y la inmigración son el problema. Así que, estructuralmente, estamos en un camino en el que es probable que las cifras sigan aumentando. Y la política será cada vez más renuente, a menos que tengamos un liderazgo honesto y abierto que esté preparado para diagnosticar las realidades del cambio tecnológico, lo que la automatización y la inteligencia artificial van a hacer en el mercado laboral, lo que el cambio en la geopolítica con el ascenso de China e India significa para la economía global. Y permitir que las personas lo entiendan, y que haya una base socialdemócrata suficiente para apoyar las necesidades de las personas, incluso con ideas como la renta básica universal. Sin esos cambios estructurales, seguiremos teniendo políticos que tomarán la ruta fácil de culpar a los migrantes.
¿Qué pasa con la situación de quienes se ven obligados a migrar, pero no son refugiados políticos? Por ejemplo, Venezuela. Muchos países de América Latina ya han dicho que no pueden dejar entrar a más venezolanos, pero no pueden seguir viviendo ahí.
El mundo tiende a pensar en los migrantes como si estuvieran divididos en dos categorías: refugiados, que huyen de circunstancias políticas, y migrantes económicos, que eligen una vida mejor. Pero la migración no necesariamente se puede definir solo en esas categorías. En gran parte de mi trabajo he tratado de desarrollar el concepto de migración de supervivencia, que considero como personas que huyen de circunstancias desesperadas porque no pueden acceder a las condiciones mínimas de supervivencia en su país de origen, pero que no encajan en la interpretación común estándar de un refugiado. El contexto venezolano, en gran medida, encaja en eso. Muchas de las personas que han huido de Venezuela en los últimos años no han huido de la persecución directa del gobierno. Por supuesto, algunas personas han sido perseguidas por el gobierno, pero muchas han huido de las consecuencias económicas de la situación política subyacente: una alta inflación, el colapso de los servicios públicos, el colapso de la economía, la privación socioeconómica.
¿Y cómo quedan estos migrantes de supervivencia?
En todo el mundo, cada vez más gobiernos se enfrentan a esta realidad de migración de supervivencia, de personas que huyen de situaciones como la de Venezuela y no sabemos cómo etiquetarlas. Durante mucho tiempo, los países de la región etiquetaron a los venezolanos simplemente como migrantes venezolanos. ACNUR no los llamó refugiados durante mucho tiempo y los llamó venezolanos desplazados externos. Finalmente, argumentó que necesitaban protección internacional, pero todos se mostraron cautelosos a la hora de utilizar el lenguaje de los refugiados, en parte por las obligaciones que crearía para los países vecinos. A medida que el cambio climático se convierta en un factor que aumente los niveles de movilidad, impulsará la migración para sobrevivir. No siempre estará claro que el clima sea la causa, porque el clima interactúa con una gobernanza débil, con la inseguridad alimentaria y con la inseguridad hídrica, pero significará que muchas personas no podrán acceder a las condiciones mínimas para sobrevivir en su país de origen y tendrán que cruzar una frontera. Pero no encajan en la definición del artículo 1A de la Convención de 1951, de una persona que huye de un temor fundado de persecución.
Están en un limbo jurídico. ¿Qué se debe hacer, a su juicio? ¿Cómo se humaniza el debate, tan polarizado políticamente?
Eso es lo que tenemos que cambiar. No hay protección legal internacional para muchas de estas personas en la actual ley de refugiados. Son seres humanos con derechos humanos. Tienen el derecho internacional de los derechos humanos. Y creo que los principios en los que se basa el sistema de refugiados son que todo el mundo debería tener un lugar seguro donde vivir, que la gente debería poder vivir en un país, en algún lugar del mundo, donde pueda acceder a las condiciones básicas para sobrevivir, donde todo el mundo debería poder acceder a sus derechos humanos fundamentales. Y si es imposible acceder a ellos en su país de origen, entonces hay que cruzar una frontera. Y la situación de muchos venezolanos es que no pueden sobrevivir en Venezuela. Ahora, el sistema de refugiados se creó para que los Estados acordaran compartir esa responsabilidad. Reconocieron que, al menos en algunos aspectos, brindar refugio es costoso, pero reconocieron la importancia de eso, por lo que acordaron compartirlo recíprocamente. El problema es que cuando se llega a un espacio donde no hay normas jurídicas claramente definidas, los Estados tienen discrecionalidad para interpretar la ley de refugiados, a quién protegen y sobre qué base. Y el tipo de premisa de la cooperación internacional empieza a desmoronarse. Creo que en parte lo hemos visto en América Latina, donde distintos países en distintos momentos han tenido distintas políticas hacia los venezolanos y los intentos de desarrollar una cooperación más estructurada a través de iniciativas del ACNUR, la OIM y las iniciativas de los gobiernos han logrado a veces desarrollar una coordinación y unos estándares compartidos, pero en otras ocasiones han tenido dificultades. Y eso es algo que vemos en todo el mundo, donde los países tienen ahora estándares muy diferentes sobre a quiénes de estos migrantes de sobrevivencia deciden reconocer como refugiados y a quiénes consideran migrantes ilegales, a quiénes deberían detener y deportar.
Esa acogida tiene consecuencias políticas. En Chile, una gran mayoría de la gente está hoy en contra de toda migración, y hay preocupación por el crimen importado de otros países, o porque ven que los servicios del Estado empeoran cuando deben servir a muchas más personas.
Esto no debiera tratarse de que un país como Chile tenga que aceptar un número ilimitado de migrantes, ni tampoco debiera tratarse de un marco de fronteras abiertas. Se debe tratar de tener estándares consistentes para distinguir entre personas que tienen un reclamo basado en sus derechos humanos para cruzar la frontera, y los que no. Como comunidad internacional, debemos tener estándares comunes compartidos, que establezcan que la migración ilimitada internacional no será aceptable para la mayoría de los países, pero hay un cierto grupo que debe cruzar las fronteras para poder sobrevivir, y tenemos que tener criterios compartidos para identificarlos y reconocerlos. Y los países que contribuyen desproporcionadamente (a acogerlos), deben ser apoyados por los demás países. Por lo tanto, si Chile está recibiendo refugiados y migrantes de supervivencia, entonces necesita el apoyo y la responsabilidad compartida de otros países del mundo para ayudar a Chile.
Sus investigaciones han roto ciertos estereotipos sobre los refugiados y migrantes. ¿Qué le diría en ese sentido a un país como Chile?
El foco de mi trabajo ha sido tratar de reconocer que los refugiados no tienen por qué ser una carga inevitable en sociedades o Estados que los reciben. Ellos también traen beneficios y pueden contribuir económicamente, socialmente y culturalmente. Para que sean un beneficio, tenemos que aplicar las políticas correctas. Cuando tienen derecho a trabajar y a acceder a oportunidades de empleo significativas, cuando pueden acceder a la educación y a vías de acceso a una educación superior, hacen contribuciones económicas significativas. Por lo tanto, necesitamos crear una estructura en la que sea posible reconocer a los refugiados como contribuyentes. Uno de los principales determinantes de las actitudes de la sociedad receptora hacia los refugiados es si se percibe que hacen una contribución económica. Por lo tanto, más importante que la amenaza a la seguridad, más importante que el impacto en la cultura, es si se los percibe como un beneficio económico o una carga. Una de las oportunidades para un país como Chile es que pueden ser fuente de trabajo, de emprendimiento, pagando impuestos y capacitándose en áreas donde hay escasez de mano de obra, contribuyendo a la economía. También introduce (para Chile) la posibilidad de formas de apoyo internacional. Creo que un aspecto importante de esta idea de reimaginar a los refugiados, no solo como una cuestión humanitaria, sino también como una cuestión de desarrollo, en que la inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que puede centrarse en crear oportunidades de medios de vida sostenibles, oportunidades económicas sostenibles que sean mutuamente beneficiosas, tanto para los refugiados como para los ciudadanos del país.
Aquí también ha llegado el crimen organizado. A veces es difícil que los ciudadanos vean la diferencia y no pidan cerrar las fronteras...
Creo que tenemos que ser muy claros al respecto. Los gobiernos deben poder controlar las fronteras. Tienen que tener seguridad fronteriza. Y eso se basa en normas que digan: estas formas de inmigración son aceptables y estas otras no.
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