Comienza batalla judicial por “megadecreto” de Javier Milei: presentan primer recurso de amparo para pedir suspensión
El recurso legal fue presentado este jueves por organizaciones sindicales, economistas y una ONG, y se inserta en una "lluvia" de acciones de amparo para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia del mandatario argentino. El objetivo es que la Justicia argentina declare su inconstitucionalidad.
Sindicalistas vinculados al kirchnerismo, economistas y ONG presentaron este jueves un primer amparo para pedir a la justicia argentina la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el Presidente Javier Milei, a través de una medida cautelar y buscar posteriormente que se declare su inconstitucionalidad.
El recurso legal fue elevado ante el juez Esteban Furnari, del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y se inserta en la “lluvia” de amparos que anunció el kirchnerismo y organizaciones sindicales, entre otros movimientos sociales contra el decreto del mandatario que busca desregular la economía transandina, y que ya la noche del miércoles tuvo la primera jornada de protestas en Buenos Aires y otras provincias del vecino país.
El amparo colectivo fue presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, acompañado por el economista de la Unión Popular, Claudio Lozano, y el sindicalista Hugo Godoy (ATE). El senador kirchnerista y miembro de la Cámpora, Mariano Recalde, prometió una “lluvia” de amparos para tratar de frenar el DNU en la Justicia, de acuerdo al diario bonarense Clarín.
El economista Lozano dijo que “presentamos la acción judicial contra el DNU de Milei por inconstitucional y antidemocrático para que se declara su nulidad insanable”.
El amparo está firmado por el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad; Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular; María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Godoy, y otros líderes de confederaciones sindicales.
En la demanda se solicita la “la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia” y “de toda normativa o acto que derive de su vigencia o dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina”.
Además, se pide su nulidad “por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.
La “lluvia” de amparos presenta dudas sobre la posibilidad de que un juez suspenda la puesta en vigencia del DNU antes de decir la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la medida.
Mientras, el Procurador General del Tesoro y experto en derechos administrativo Rodolfo Barra prepara la defensa jurídica del decreto. “Más allá de la jurídico, la mayor defensa del DNU es la crítica situación económica y social del país”, agregó una fuente cercana a Barra.
El DNU, en definitiva, deberá ser aprobado por la Justicia y por el Congreso argentino, donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo.
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