¿Cómo consiguieron los guardias de Duterte las vacunas contra el Covid?

En septiembre y octubre, miembros del servicio de seguridad del Presidente filipino, Rodrigo Duterte, recibieron vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, no se había aprobado el uso en el país, ni entonces ni ahora. Los legisladores están tratando de averiguar cómo se introdujeron de contrabando las vacunas.

El escándalo surgió después de que Duterte dijera el mes pasado que varios miembros de una unidad militar encargada de su protección personal habían sido vacunados sin que él lo supiera. El brigadier general Jesús Durante III, comandante de la unidad, dijo más tarde que “un puñado” de guardias recibió las inyecciones en septiembre y octubre para proteger al Presidente de la exposición al virus.

Dijo que el Mandatario se enteró solo después de que se administraron las dos dosis requeridas, y que la unidad actuó sin la ayuda o la aprobación de ninguna otra autoridad. “Nos vacunamos nosotros mismos”, aseguró en una entrevista. “Es tan fácil”.

La tormenta política que vino después gatilló una investigación por parte de la Oficina Nacional de Investigación (NBI) e instó a que el Senado también indagara. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Filipinas no ha aprobado ninguna vacuna Covid-19. El NBI y la FDA no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las preguntas incluyen cómo las inyecciones ingresaron al país y de dónde, ya que Filipinas no produce ninguna vacuna a nivel nacional. En sus comentarios el mes pasado, Duterte dijo que varias personas en Filipinas habían tomado una vacuna desarrollada por la farmacéutica estatal china Sinopharm, pero en un discurso el lunes dijo que no conocía el origen de la vacuna administrada a su personal de seguridad.

Sinopharm no respondió a una solicitud de comentarios.

La vacuna de Sinopharm obtuvo la aprobación provisional en China a fines de diciembre, habiendo sido autorizada para uso de emergencia en julio, luego de que los resultados provisionales del ensayo de fase 3 mostraran una tasa de eficacia del 79%. Sinopharm señaló en noviembre que se habían administrado dosis a más de un millón de personas en China.

La compañía está lista para solicitar una autorización de uso de emergencia en Filipinas esta semana, según la embajada china en Manila.

En sus declaraciones del lunes, Duterte les dijo a los legisladores que abandonaran la investigación, y argumentó que los guardias estaban cumpliendo con su deber de protegerlo. Ordenó al jefe de su servicio de seguridad que ignorara cualquier citación para testificar si el Congreso decide investigar y dijo que aconsejaría a sus guardias que se “callaran” si se le preguntaba.

“No permitiré que, por todas sus buenas intenciones, sean brutalizados en una audiencia”, indicó.

Si el Presidente invoca el privilegio ejecutivo para evitar el testimonio de los guardias, dijo el líder de la minoría del Senado, Franklin Drilon, los legisladores buscarían otras fuentes para ayudar en cualquier investigación.

La senadora Leila de Lima, abiertamente crítica de Duterte, presentó una resolución el martes pidiendo una investigación del Senado. El exsecretario de Justicia, que ha estado encarcelado durante casi cuatro años por cargos relacionados con las drogas que, según los grupos de derechos humanos, tienen motivaciones políticas, calificó el asunto como una cuestión de seguridad nacional. El jefe de la unidad legislativa de la oficina de De Lima dijo que los senadores decidirían si proceder con las audiencias después de que la resolución sea derivada el lunes.

“Este asunto debe resolverse de una vez por todas y no podemos permitir que nuestros principales funcionarios gubernamentales sancionen actividades ilegales”, dijo De Lima por correo electrónico. “Si ignoramos esto seríamos parte de este comportamiento ilegal”.

Filipinas ha sufrido uno de los peores brotes de Covid-19 en el sudeste asiático, registrando casi medio millón de casos y más de 9.300 muertes. Las autoridades apuntan a vacunar a entre 60 y 70 millones de los 106 millones de habitantes del país en un período de dos a cinco años, un ritmo limitado por los desafíos logísticos y de adquisiciones. Los funcionarios han firmado solo un acuerdo de vacuna, por 2,6 millones de dosis de la desarrollada por AstraZeneca, pero dicen que vendrán más.