Congreso de España aprueba ley de eutanasia

Este jueves 18 de marzo, el Congreso de España aprobó un controvertido proyecto de ley: la regularización de la eutanasia.

Con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la ley de eutanasia entrará en vigor en España en tres meses, sumándose así a los otros cuatro países que la regularon: Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. En tanto, Nueva Zelanda le dará curso en noviembre, y en partes de Estados Unidos y Australia también está permitida.

Sin embargo, la eutanasia se rige por condiciones específicas para poder ser solicitada, a modo general, el paciente debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.

Según informa El País, la norma se refiere tanto a la eutanasia en sí -“administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”-, como en el denominado ‘suicidio asistido’ -“la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte”-.

Si bien esta ley española es considerada más “garantista” que las de otros países, se estableció un protocolo de solicitud que puede demorar más de un mes desde que el paciente la solicita.

El primer paso es que el afectado manifieste por escrito -dos veces en 15 días- su intención de someterse a este procedimiento, dejando en claro que fue una decisión libre y no como resultado de “una presión externa”.

También debe dejar establecido que tuvo a su disposición toda “la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia”.

Otro detalle importante, es que el solicitante puede cambiar su decisión en cualquier momento, e incluso retrasar el procedimiento todo el tiempo que quiera.

Una vez realizados los escritos por parte del afectado, su médico debe trasladar la petición a la comisión autonómica correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición, y, posteriormente, aprobará o rechazará la petición. Esta comisión, formada por al menos 7 personas entre profesionales juristas, médicos y en enfermería, deben responder en 19 días.

La propuesta fue impulsada por familiares de personas que han pedido ayuda para morir, quienes se agruparon por la plataforma Change.org. Por este medio, presentaron más de un millón de firmas.

Algunos de los casos citados por El País, son el de Maribel Tellaetxe, que había pedido a su marido y a sus hijos que la ayudaran a morir cuando el alzhéimer le borrara sus nombres; María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple avanzada cuyo marido está procesado por facilitarle un medicamento para suicidarse, entre otras.

Por otro lado, PP, UPN y Vox exigieron una ley de paliativos -que ninguno ha presentado-, y afirmaron que con esta norma se “legaliza el asesinato”. Mientras el resto, apoyó el texto, con diversos matices, sobre la base de que el derecho a una vida digna debe ir ligado al de tener una muerte digna.

La Organización Médica Colegial rechazó la norma afirmando que “la eutanasia no es un acto médico”, y anunció que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales. El Comité de Bioética de España rechazó que la eutanasia se considere un derecho.