Corte Suprema peruana rechaza apelación de expresidente Castillo para archivar investigación por organización criminal
Máximo tribunal de ese país declaró “infundado” el recurso legal presentado por el exmandatario, quien en 2022 fue acusado constitucionalmente por la ex fiscal nacional Patricia Benavides de dirigir desde el gobierno un presunto grupo delictivo con el fin de obtener beneficios económicos de manera ilegal.
La Corte Suprema de Perú declaró infundado el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo, que buscaba archivar la investigación por el presunto delito de organización criminal.
El exmandatario, que actualmente cumple prisión preventiva en una cárcel de Lima, fue denunciado constitucionalmente por este hecho por la exfiscal nacional Patricia Benavides, destituida posteriormente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por actuaciones dolosas con la probidad de su cargo.
Sobre la decisión que afecta al exgobernante peruano, el máximo tribunal de justicia de ese país señaló a través de la red social X que la “Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara firme resolución que declaró infundado recurso de excepción de improcedencia de acción para archivar investigación por organización criminal contra expresidente Pedro Castillo Terrones”, según reporta el diario limeño ‘La República’.
La Corte, presidida por el magistrado César San Martín Castro, determinó esta decisión por desistimiento del recurso de apelación.
La denuncia constitucional
En la denuncia constitucional elaborada por la Fiscalía de la Nación contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones y dos exministros, y en 2022 al Congreso, se acusó al exjefe del Estado de dirigir una presunta organización delictiva con el fin de obtener beneficios económicos de manera ilegal.
El documento, compuesto por 376 páginas, detalló las evidencias que llevan a la conclusión de que Castillo sería el presunto responsable de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión, en la administración de contratos con empresas del Estado y privados.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, mencionó la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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