El futuro político de Cristina Kirchner y del gobierno de Alberto Fernández tras histórico fallo por caso de corrupción

En una situación normal, la lectura de un veredicto suele estar asociada al cierre de un caso o a la conclusión de una historia. Pero con Cristina Kirchner, nada es normal. Así quedó en evidencia este martes, cuando el Tribunal Oral Federal 2 decretó la sentencia contra la vicepresidenta de Argentina por el llamado Caso Vialidad, en el que se le condenó a pasar seis años en prisión “por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública”, aseguraron los jueces. Fallo que no tendrá efecto inmediato, debido a la inmunidad que el cargo le otorga y la posibilidad de apelar, pese a que este dicte también la inhabilidad para acceder a cargos públicos de forma perpetua.

Los tres años y medio de investigación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola convencieron a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso de la culpabilidad de la dirigenta peronista, de 69 años. Acusación que sindicaba a la vicepresidenta como líder de una asociación ilícita destinada a redireccionar contratos en la provincia de Santa Cruz, donde el empresario Lázaro Báez ganó 51 licitaciones, siendo también condenado a seis años de prisión por defraudar en cerca de 1.000 millones de dólares al Estado. Según Luciani, la estructura delictiva la montó Néstor Kirchner, esposo de Cristina, quien falleció en 2010, tras gobernar el país entre 2003 y 2007.

Por otro lado, el tribunal absolvió a la expresidenta (2007-2015) del delito de “asociación ilícita”, en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante los gobiernos de CFK por el que se entregaban contratos de obras públicas al empresario, quien después devolvía el dinero al matrimonio Kirchner. Báez fue también condenado el martes a seis años de prisión. El exministro de Planificación Julio de Vido fue absuelto.

Posterior a la sentencia, Cristina Kirchner aseguró en un mensaje a sus adherentes que “la condena estaba escrita. No es que fuésemos clarividentes o adivinos (...) Está claro que la idea era condenarme”, para luego atacar directamente a las instituciones judiciales. “No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare. También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial”, dijo desde su oficina en el Senado. Como vicepresidenta, Kirchner preside la Cámara Alta. “Esto es la confirmación de un sistema paraestatal”, sostuvo la también exmandataria en su canal de YouTube en reacción al fallo histórico. Este es el primer juicio a Cristina Kirchner y la primera condena a la que se enfrenta. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.

“No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto (el CEO del Grupo Clarín). El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que les va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa”, aseguró, y apuntó: “Mascota de usted, nunca jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa″.

Sin contar la inmunidad con la que cuenta, el fallo no era definitorio ni de aplicación inmediata. Los abogados de Cristina Kirchner tienen un largo tramo para apelar a la decisión, el que posiblemente escale hasta la Corte Suprema, instancia en donde la sentencia obtendría una cualidad definitiva.

Sin embargo, donde sí podrían frustrarse los planes de la vicepresidenta sería en el plano electoral a largo plazo, considerando la siempre abierta posibilidad de que busque lanzar una precandidatura a la presidencia o al Senado, si bien CFK negó tras el fallo que vaya a ser candidata. Así lo explicó el periodista y empresario Jorge Fontevecchia en una columna para el medio transandino Perfil, quien aseguró que, sacando cuentas hacia el futuro, y de repetirse fallos desfavorables contra la segunda al mando de Argentina, se debería llegar a una conclusión entre fines de 2023 e inicios de 2024.

“La evolución del juicio por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz permite pronosticar un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 antes o después de la feria judicial: diciembre o marzo próximos, y una eventual confirmación de esa sentencia por la Sala IV de la Cámara Federal a fines de 2023 o comienzos de 2024, al mismo tiempo que la habilitación de la apelación a la Corte Suprema”, escribió Fontevecchia en agosto pasado.

Si el calendario no sufre modificaciones, las próximas elecciones generales en Argentina ocurrirán en octubre de 2023, por lo que Cristina Kirchner tendría el tiempo suficiente para inscribirse y hacer un bypass a la inhabilitación de por vida de ejercer cargos públicos, considerando que su proceso de apelación judicial seguiría en curso.

Fontevecchia aún no sabía del fallo cuando escribió su columna, pero intuía el resultado. Es por eso que aseguró que, de darse la sentencia desfavorable para la vicepresidenta, como finalmente ocurrió, “Cristina Kirchner ocuparía una banca de senadora por la provincia de Buenos Aires, habiendo sido electa por seis años a partir del 10 de diciembre de 2023 (en el caso de su victoria el próximo año), y tendría sus fueros hasta el 9 de diciembre de 2029, pero no podría volver a ser candidata, porque, con una condena a firme, quedaría inhabilitada de por vida”.

Es decir, aun en el hipotético escenario en el que la defensa de Cristina Kirchner fracase en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, la exmandataria podría mantenerse en política hasta 2029. “Desde el momento en que la Corte Suprema deje firme el fallo de Casación, ya no se podrá especular con una eventual candidatura de Cristina Kirchner a presidenta para 2027, como todavía hoy se lo puede hacer para 2023, afectando así el clima político de dentro de cuatro años”, agregó Fontevecchia.

La sentencia no solo afectaría a la vicepresidenta. La ya dañada relación entre el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su segunda al mando se arrastra desde hace meses. La diferencia entre ambos llegó a tal punto, que numerosos medios locales afirman que no se dirigen la palabra. El último gran cambio ministerial, donde tres jefes de cartera fueron reemplazados, fue elegido sin el visto bueno de Kirchner, lo que prueba la desgastada relación. Otro ejemplo, aún más reciente, se dio con la lectura del fallo: mientras la vicepresidenta se preparaba para escuchar el veredicto de los jueces, Alberto Fernández participaba de la cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay. Recién después de dicho evento se dispuso a volver a la residencia oficial del mandatario, en la Quinta de Olivos.

“Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, comentó Fernández en Twitter, tres horas después de conocerse la condena a prisión de su vicepresidenta.

“No puedo dejar de conmoverme no puedo dejar de conmoverme”, prosiguió. Aseguró que “no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso” judicial.”Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”, culminó el mandatario.

Para Fontevecchia, el desfavorable resultado para la vicepresidenta solo “crispará el humor de Cristina Kirchner”, quien no solo se descargaría con “la lista de responsables por haber llegado a esa situación”, la que incluye a “los jueces y fiscales intervinientes en su condena”. También alcanzaría a “los responsables políticos, comenzando por el Presidente Alberto Fernández”.

“A sus ojos, la primera ineficacia de Alberto Fernández no residiría en la falta de logros en el ejercicio de su gobierno, sino en no haber conseguido su absolución”, aseguró el periodista. La posibilidad de que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, salga bien parado de su gestión de salvataje a la golpeada economía argentina podría ser un factor que empuje a una fractura al interior del bloque oficialista Frente de Todos, cree Fontevecchi.

Durante el discurso de la vicepresidenta posterior al fallo, Kirchner dejó momentáneamente en el aire la posibilidad de implicar al gabinete de Fernández entre los culpables de la condena cuando aseguró que “el presidente de la nación no es responsable por la ejecución del presupuesto. Después de la reforma constitucional de 1994, el responsable es el jefe de gabinete. Curiosamente, solo declararon como testigos”. Luego, aclaró que no estaba sospechando de los jefes de gabinete, donde se encuentran el mandatario y el ministro de Economía, Sergio Massa.

La oposición agrupada en Juntos por el Cambio también se podría ver salpicada por las consecuencias del fallo, quienes se han unido ante la fortaleza electoral del kirchnerismo. Pero ante una aparentemente debilitada Cristina Kirchner, las alianzas se podrían romper, escribió Fontevecchia. “Un kirchnerismo menguante podría disparar ambiciones individualistas hoy contenidas por una amenaza externa. Y al mismo tiempo reempoderaría a los libertarios (encarnados en el diputado Javier Milei), porque la división de las principales coaliciones podría generar un escenario de fragmentación donde, con el 20% del total de los votos, se pase al balotaje”.

Con todo, desde la oposición consideraron que el fallo “es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”. Además, la mesa nacional de Juntos por el Cambio destacó que fue “un fallo judicial histórico”, en el que “todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado”.

“Se hizo justicia y estamos frente a la oportunidad de un cambio de época”, festejó Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires consideró que el fallo “confirma que se le puede poner un freno a un modelo de corrupción sistémica sin precedentes en nuestra historia”.

El complejo futuro que espera a Argentina el día después de la sentencia contra Cristina Kirchner se ve enmarcado por otra trama secundaria, a los ojos de la vicepresidenta, pero que destaca con luz propia. Este lunes, en la víspera del veredicto del Tribunal Oral Federal 2, Alberto Fernández hacía uso de la escasamente vista cadena nacional.

Y lo hacía para anunciar en televisión abierta que denunciaría a jueces federales ante el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura por un supuesto viaje de jueces con empresarios periodísticos, un agente de inteligencia y un ministro de Seguridad de la Ciudad. El problema es que, según el propio mandatario reconoció, se habría enterado de esta sensible información -por las implicancias que traería al confirmarse que un grupo de jueces federales planificaba delitos- a través de un hackeo, es decir, de manera ilegal.

“No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo ‘Operación Página 12′ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes”, dijo el mandatario.

En su defensa posterior al fallo, Cristina Kirchner hizo eco de las palabras de Alberto Fernández, al reproducir íntegro y de manera pública un audio del juez Julián Ercolini, el que provenía del hackeo ilegal al que el mandatario aludió.

El columnista Carlos Pagni aseguró en el diario argentino La Nación que, pese a la importancia de la información, que un presidente caiga por debajo de la legalidad es un signo preocupante. “Alberto Fernández descendió a los sótanos de la democracia y se hizo cargo de una operación de espionaje clandestino, poniéndola en su boca para presionar a la prensa que, según él, no la quería publicar”, dijo el periodista.

“Él cree que está justificado por el contenido, que revela esa operación ilegal. Es verdad que el contenido es muy grave, porque se trata de un grupo de jueces federales planificando delitos. Para Fernández, eso justifica el espionaje y que él le dé más potencia a la información referida a ese espionaje. Sin embargo, es un error conceptual, político y jurídico importante, porque las garantías están hechas para cualquier tipo de contenido”, concluyó Pagni.