La condena de Yraida Guanipa no acabó cuando salió de la cárcel en 2007. Para ella, ese momento comenzó a llegar cuando votó anticipadamente en la elección presidencial de Estados Unidos, tras una larga y tropezada lucha para recuperar el sufragio de los exconvictos de Florida.

La fila en uno de los centros de votación anticipada en Miami era larga y castigada por el sol de mediodía. Pero valió la pena para esta mujer de 58 años que dedicó los últimos 11 a pelear para votar.

Desde 1868, las personas con una convicción pasada tenían prohibido el voto para siempre en Florida. Esta ley había sido diseñada por líderes blancos que buscaban la forma de evitar que los esclavos recién liberados por la Guerra Civil pudieran sufragar.

Esto cambió 150 años después, en 2018, cuando los floridanos decidieron en referéndum restablecer el sufragio de los condenados que ya pagaron su deuda con la sociedad, a menos que hubieran cometido violación u homicidio.

Gracias a la Enmienda 4, Guanipa pudo elegir entre el presidente republicano, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden.

“Al agarrar el lápiz para rellenar el círculo de mi selección”, cuenta tras salir del centro de votación, “sentí que era un paso más hacia la libertad completa, que todavía no la tenemos, porque el problema es que aquí cuando tienes una sentencia, esa sentencia no tiene fin”.

“Pero con este paso estoy llegando a volver a ser esa persona que era antes de tener una condena”, añade.

Venezolana-americana con casi 40 años en Estados Unidos, Guanipa pagó casi 12 años de cárcel por un cargo vinculado a las drogas. Al salir, fundó el YG Institute, una ONG para ayudar a otros exconvictos en su transición a la libertad.

Desde 2009, ayudó a promover la Enmienda 4, reuniendo firmas y participando en una demanda federal para que las personas encarceladas recuperen el derecho a voto al salir de prisión, como ocurre en la mayoría de los demás estados del país.

“Tantos años recolectando firmas, litigando en tribunales... y esta pelea tiene este bello final. Elegir al presidente”, dice a la AFP, con una calcomanía que dice “¡Yo voté!” en el pecho.

Pero no todos los exconvictos de Florida pueden votar.

El “estado del Sol” es crucial en las elecciones que terminan el 3 de noviembre porque su voto -que es imprevisible- tiene el potencial de decidir la presidencia.

No se sabe con certeza cuántos de los 1,4 millones de “ciudadanos retornados” que recuperaron su derecho a voto en 2018 se registraron para votar en Florida.

Un análisis de registros electorales del Tampa Bay Times, el Miami Herald y ProPublica colocó esta cifra en 31.400, mientras la Coalición por la Restauración de los Derechos en Florida (FRRC), una ONG que aboga por los derechos de los exconvictos, calcula que fueron 67 mil.

De ellos, se desconoce cuántos pueden en efecto sufragar debido a una serie de restricciones diseñadas por congresistas republicanos y luego hechas ley por el gobernador Ron DeSantis, un aliado de Trump.

La ley SB 7066 de 2019 diluyó el poder de la Enmienda 4 al imponer a los expresos la obligación de pagar todas sus multas, tarifas judiciales y restituciones antes de registrarse para votar.

Los legisladores que diseñaron esta medida argumentaron que los exconvictos no cumplen sus sentencias hasta que pagan todas sus obligaciones monetarias.

La ley impacta de forma desproporcionada en afroamericanos e hispanos.

La FRRC, ayudada por el exprecandidato demócrata Michael Bloomberg, reunió 25 millones de dólares de donantes de todo el país para ayudar a los exconvictos a pagar sus deudas, pero cerca de 900.000 quedaron fuera.

Añadió que en siete estados, Florida entre ellos, más de uno de cada siete afroamericanos no pueden votar, el doble que el promedio nacional.

“Tengo 53 años y es la primera elección presidencial en la que voto”, dijo a periodistas Desmond Meade, también un exconvicto y líder del FRRC, al salir de su centro de votación en Orlando con una camiseta que decía “Permitan votar a mi gente”.