Para entender: Qué significaría declarar "emergencia alimentaria" en Argentina
La Iglesia transandina, candidatos presidenciales, organizaciones sociales y varias autoridades han solicitado al Ejecutivo de Mauricio Macri que tome medidas ante la crisis que sacude al país y que ha afectado a cientos de niños, adolescentes y familias a quienes se les hace cada vez más difícil comprar alimentos.
Este miércoles, diversos movimientos sociales hicieron un llamado a los habitantes de Buenos Aires y otras ciudades del país para participar de una masiva movilización para exigir al gobierno de Mauricio Macri que declare emergencia alimentaria en el país.
El llamado de los organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Somos-Barrios de Pie, entre otros, es que la protesta se extienda durante 24 horas y se llenan las calles aledañas al Congreso de la capital transandina y el frontis del Ministerio de Desarrollo Social. En dicho recinto, los manifestantes intentarán acampar cerca y preparar ollas comunitarias.
Los organizadores también hicieron una invitación a varios diputados -tanto del oficialismo como opositores- para discutir acerca de los siete proyectos de ley que existen actualmente en el Senado relacionados con esta medida y que no han podido iniciar su trámite legislativo.
De acuerdo a un informe de la Universidad Católica de Argentina (UCA), cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes que viven en Buenos Aires se alimentan en comedores comunitarios.
Además el 7,8% de los menores del Gran Buenos Aires no accede a alimentos con todos los nutrientes necesarios.
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Foto: EFE[/caption]
¿Quiénes lo solicitaron?
El 30 de agosto, el obispo Jorge Lugones, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, pidió al Estado que disponga las medidas necesarias para declarar "emergencia alimentaria y nutricional" ante el "severo" aumento de la pobreza y el alza de los precios de diversos alimentos -incluso aquellos que pertenecen a la canasta básica-, y que hace que cada vez sea más difícil para las familias poder acceder a los insumos necesarios para una buena alimentación.
"En estos meses advertimos que, ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños", indicó la Iglesia transandina a través de un comunicado.
A la solicitud de la Comisión Episcopal de Pastoral Social también se sumó esta jornada un grupo de cerca de 50 intendentes, quienes entregaron a una carta a la gobernadora de Buenos Aires y candidata a la reelección, María Eugenia Vidal.
Hace algunos días, el candidato presidencial de Consenso Federal y exministro de Economía, Roberto Lavagna, exigió al Ejecutivo que aplique la medida a partir del 1 de septiembre y que ésta se extiende por siete meses.
A esto se suman las organizaciones sociales y comedores que convocaron a las movilizaciones de esta jornada.
¿Qué efecto tiene decir que "sí"?
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Foto: Reuters[/caption]
En caso de aceptar, la primera tarea es implementar la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que sería el organismo encargado de estudiar, fiscalizar y garantizar de la población más vulnerable y menor de 16 años pueda acceder a su alimentación diaria.
También aumenta el presupuesto para los comedores públicos y se contempla un presupuesto de 10 mil millones de pesos fortalecer la asistencia alimenticia para quienes lo necesiten.
En caso de que la Casa Rosada acceda, sería la segunda vez que un gobierno aplica esta medida, la cual debutó durante la crisis que afectó al país transandino en 2001 y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2002.
¿Qué ha dicho la Casa Rosada?
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Foto: Reuters[/caption]
Para que el proyecto sea aprobado, es necesario que pase por todo su trámite constitucional y sea aprobado. Sin embargo, Cambiemos -el partido de Macri- ya se ha negado a aprobar la iniciativa, argumentando que la Ley de Emergencia Social - vigente desde 2016- ya cuenta con las atribuciones que contempla la aplicación de "emergencia alimentaria y nutricional".
De acuerdo a Clarín, desde el Ejecutivo también se resisten a la aplicación de la ley, señalando que la iniciativa que aplica desde hace tres años cubre varios de los puntos que implica la solicitud de la iglesia y los movimientos sociales.
Además, desde la Casa Rosada aseguraron que ya han inyectado recursos a dichos comedores comunitarios y los infantiles.
Por otro lado, apuntaron en que la eliminación del IVA a los alimentos que forman parte de la canasta básica ha sido un aporte para paliar la crisis económica que vive el país, y que se agravó tras las elecciones primarias -PASO- del pasado 11 de agosto.
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