Escándalo de los seguros del Estado golpea a Alberto Fernández y la justicia ordena el congelamiento de sus bienes

Alberto Fernández vio durante este martes cómo avanzaba la investigación que pone en duda su probidad en su reciente gestión en la trama conocida como el “Caso Seguros”, donde figura como imputado. Esto, luego de que el juez a cargo ordenara la inhibición general y el congelamiento de sus bienes.

La decisión fue del juez federal Julián Ercolini, quien solicitó que se tomara la medida no solo con el exmandatario, sino también con su amigo, el bróker Héctor Martínez Sosa, además de su esposa y exsecretaria de Fernández, María Marta Cantero, y unas 30 personas físicas y jurídicas que están siendo investigadas.

En ese contexto, el más reciente expresidente argentino -quien en una entrevista a fines de 2023 con CNN aseguró que “la corrupción en Argentina no empezó con Cristina Kirchner”-, culpó inicialmente a Cantero, de quien dijo en su primera intervención al respecto que “no pedí por nadie, pero si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, refiriéndose a Martínez Sosa.

No lo cree así la parte persecutora. “Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, argumentó Ercolini en su resolución en la que dispuso la medida cautelar del congelamiento.

El levantamiento del secreto fiscal del predecesor de Javier Milei se da como parte de dos causas que lo involucran, ambas relativas a una supuesta trama ilícita en la que, gracias a un decreto firmado en 2021 por Fernández, los otros imputados en el caso se habrían beneficiado debido a la obligación de que el Sector Público Estatal contratara servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa “Nación Seguros SA”.

Según la resolución del juez Ercolini al firmar la medida cautelar, consignó Clarín, se abrió el secreto fiscal y bancario de una lista de aseguradoras que se vieron beneficiadas en los contratos por los seguros. Fuentes judiciales dijeron a La Nación que la decisión del juez se concretó luego de un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo, lo que implica que “hay más evidencias del posible direccionamiento de los contratos de seguros para con la empresa ligada a su secretaria”, detalló el medio trasandino.

En la misma línea, se busca esclarecer si se direccionaron esfuerzos para la contratación de seguros del Estado con un productor de seguros, justamente el esposo de la secretaria privada del exmandatario, añadió el mismo periódico.

Se investiga la posible existencia de una organización delictiva “que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de esta”, se lee en el documento al que accedió Clarín.

Debido a la inhibición, se reveló que los bienes del exmandatario son avaluados en 17.902.847 de pesos argentinos, lo que no incluye la pensión de siete millones que Fernández comenzará a recibir. Al mismo tiempo, la medida judicial no afecta ni cuentas ni efectivo. De Cantero, en tanto, se reveló que la secretaria asumió el mandato del peronista declarando un patrimonio de 854.945 pesos argentinos. Cuatro años después, al salir del Estado, señaló oficialmente que sus bienes crecieron un 4.900%, consignó el citado periódico.

Son dos las causas vinculadas a Fernández, recordó el periódico Página/12. En primer lugar, está la levantada a fines de febrero por la abogada mediática Silvina Martínez, donde acusa una “violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”. A esta se le anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica (CC) Juan Manuel López y Paula Oliveto.

En segundo lugar, está la causa iniciada a principios de marzo, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con el titular de Anses, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, levantaron cargos por supuesto fraude ante la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

“El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, dijo en la fecha a la prensa local el actual vocero presidencial, Manuel Adorni.

Pese a estar imputado en ambas, Alberto Fernández, el todavía presidente del Partido Justicialista, no ha definido su estrategia frente a la acusación que salpica a su gestión, añadió el mismo periódico.

En resumen, al exmandatario se le acusa de que intermediarios lograran millonarias sumas de dinero en forma de comisiones gracias al Decreto 823/2021, que permitía, en segunda instancia, la existencia de terceros que cobraban las cuantiosas comisiones. Todo este paso, vale agregar, se realizaba sin licitación previa. Es más, en el documento de la causa, se explicita que la decisión de Fernández eliminó la posibilidad de que se fomente “la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.

Esa segunda línea intermediaria se habría establecido en forma de un coaseguro, donde “gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contaron con la participación de intermediarios y organizadores”. Entre esos nombres, destacan el previamente citado Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Óscar Castello.

De ahí la aparición de las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; TG Broker S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., “a quienes se les abonaban comisiones que, conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular o inexistente o direccionado proceso de selección”, continua el documento judicial.

Las cinco, señaló Clarín, aparecen en una auditoría impulsada a comienzos de año tras asumir el actual presidente, Javier Milei, realizada por Nación Seguros. Todas aparecen liderando la lista de “los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio”, prosigue la resolución.

Se estima que entre las cinco acumularon ganancias cercanas a los 2.782.170.946 de pesos argentinos solo en comisiones durante el período investigado. El total, considerando al resto de productores, fue de 3.453.302.777 pesos argentinos, por lo que las mencionadas firmas acapararon el 80% del dinero.

Los flujos llevaron al juez a cargo de la investigación a ampliar la ventana de tiempo hasta abarcar toda la administración Fernández, luego de que, tras analizar 45 contratos bajo la modalidad surgida en su Gobierno, se determinara la existencia de “dichas intermediaciones entre ambas partes contratantes con anterioridad al dictado del mencionado decreto”, consignó Clarín.

Según La Nación, hay una arista electoral en el caso, ya que existen aportes significativos a la campaña electoral de Alberto Fernández por parte de Castello Mercuri, quien participó como organizadora en pólizas de otros productores.

Del gobierno de Milei, fue el vocero Adorni quien se refirió al hecho judicial, solicitando a la justicia que actúe con celeridad. “Se está analizando todo el camino a seguir para subsanar la aberración que han hecho con los intermediarios, para terminar con esta práctica”, dijo en diálogo con radio El Observador.

“Lo único que necesitamos es que la justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Con el tema de los seguros, pero también con el tema de los intermediarios en los planes sociales; necesitamos que la justicia actúe en consecuencia lo más rápido posible, que nos acompañe. La gente necesita ver que avanza”, añadió.