Filipinas envía a expresidente Rodrigo Duterte a La Haya por crímenes contra la humanidad y pone a prueba a gobierno de Marcos

Un avión con el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte (2016-2022) partió la noche de este martes a La Haya, horas después de que fuera detenido en Manila tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, y que su hija y actual vicepresidenta, Sara Duterte, califica de una extradición “a la fuerza”. “Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, señaló la política, citada por la cadena Deutsche Welle.

Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

Eran las 09:20 hora local, inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.

El exlíder filipino fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter “a la fuerza”, según denunció a los medios su hija, Sara Duterte. La vicepresidenta filipina confirmó que el plan era trasladarlo rápidamente: “Mientras escribo esto, está siendo llevado a la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo en un comunicado. Agregó que su padre “debería haber sido trasladado a una corte local” para ser extraditado.

“¿Por qué van a entregarme a este organismo internacional cuando ya no somos miembros? Piénsenlo seriamente, porque podría haber consecuencias”, dijo el expresidente a los agentes de policía mientras estaba detenido, según un relato en directo de su hija menor, Verónica Duterte, en Instagram.

“Si he cometido un pecado, procésenme en los tribunales filipinos, con jueces filipinos, y dejaré que me encarcelen en mi propio país”, añadió. “¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (...) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.

“El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”, anunció en una conferencia de prensa el actual mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr.

La CPI confirmó haber emitido una orden de arresto. “Una vez que el sospechoso está bajo custodia de la CPI, se programa una audiencia de comparecencia inicial”, declaró Fadi Abdullah, portavoz de la Corte, explicando los pasos a seguir.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.

Según la cadena de televisión GMA, Duterte abandonó el país asiático a bordo de un vuelo chárter con número de registro RP-C5219. La aeronave despegó hacia las 23:00 hora local desde la base aérea Villamor de Pasay City, en el área metropolitana de Manila. Acompañan al exmandatario su exsecretario Salvador Medialdea, un enfermero y un asistente, informó el medio filipino Rappler.

Una vez que llegue a La Haya, Duterte tiene que ser transferido a la sede de la CPI, que abrió una investigación sobre su “guerra contra las drogas”, que lo ayudó al poder en 2016 tras una campaña marcada por discursos violentos en los que dijo que quería matar a miles de narcotraficantes. “Si llego al palacio presidencial, haré exactamente lo que hice como alcalde”, dijo Duterte a sus partidarios en vísperas de esa votación. “Ustedes, traficantes de drogas, atracadores y holgazanes, será mejor que se vayan porque los mataré”.

Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Los fiscales de la CPI afirman que la Corte tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido entre 2011, cuando Filipinas se adhirió al Estatuto de Roma, y cuando lo abandonó en 2019.

La Corte inició una investigación formal en septiembre de 2021, pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios, informó AFP.

Un panel de jueces de la CPI dictaminó en 2023 que los fiscales podían proseguir con su investigación, diciendo que no estaban satisfechos con los propios esfuerzos del país para procesar a los presuntos perpetradores.

Según una copia de la orden de detención de la CPI vista por Reuters, Rodrigo Duterte tiene responsabilidad penal en la muerte de al menos 43 personas entre 2011 y 2019, lo que abarca un período en el que fue alcalde de Davao, en el sur del archipiélago.

Datos policiales muestran que 6.200 sospechosos han muerto en lo que se ha presentado como tiroteos durante operaciones antidroga. Pero grupos de derechos civiles afirmaron que la cifra real era mucho mayor y que también incluía a consumidores muertos en “circunstancias misteriosas”. De hecho, estimaciones de ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

Human Rights Watch (HRW) dice que más de 12.000 personas fueron asesinadas en operaciones antidrogas durante los seis años de Duterte en la presidencia. Las redadas nocturnas apuntaban a cualquiera que fuera mínimamente sospechoso de vender drogas, mientras los cadáveres se amontonaban en ciudades y barrios de todo Filipinas.

El recuento de HRW no incluye el saldo de los 22 años de Duterte como alcalde de Davao, la ciudad más grande del sur de Filipinas. La orden de la CPI dice que Duterte fue el fundador y líder del llamado Escuadrón de la Muerte de Davao, un grupo de policías y sicarios con la misión de matar criminales.

Durante su gobierno Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.

Según The Wall Street Journal, las políticas de Duterte fueron populares durante toda su presidencia y sus índices de aprobación se mantuvieron por encima del 70% cuando dejó el cargo en 2022, a pesar del testimonio detallado de antiguos asociados sobre su presunto papel en los asesinatos y las vehementes críticas internacionales. Ha negado haber ordenado asesinatos específicos y afirma que le pidió a la policía que disparara solo en defensa propia. En octubre pasado, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.

El arresto, señala el periódico estadounidense, pondrá a prueba el controvertido legado del expresidente y podría marcar el rumbo futuro de Filipinas, un país de 115 millones de habitantes que ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en su creciente enfrentamiento con China. Es probable que ponga de relieve una disputa de alto riesgo entre el sucesor de Duterte, el presidente Ferdinand Marcos Jr., y la hija del expresidente, Sara Duterte, que también es vicepresidenta del país y una posible candidata a las próximas elecciones presidenciales de 2028.

Durante su campaña electoral de 2022, Marcos Jr. condenó las prácticas violentas de Duterte y prometió restaurar los derechos humanos. Pero también formó una alianza con Sara Duterte que unió temporalmente a las dinastías políticas más poderosas del país. Marcos Jr. es hijo y homónimo del dictador que gobernó durante dos décadas hasta que fue derrocado por un levantamiento pro-democracia en 1986, recordó The Wall Street Journal.

En los últimos meses, sin embargo, esa alianza se ha fragmentado y los funcionarios del gobierno de Marcos dijeron que actuarían en respuesta a una orden de arresto contra Rodrigo Duterte, contradiciendo declaraciones anteriores del presidente. Sara Duterte ha reflexionado públicamente sobre la posibilidad de cortarle la cabeza al presidente y dijo que había ordenado a un sicario que matara a Marcos Jr. y a otros miembros de su familia si la encontraban muerta. El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de “drogadicto”, evidenciando el cisma entre las dos familias.

El mes pasado la Cámara de Representantes de Filipinas decidió enjuiciar a Sara Duterte por acusaciones que incluían un complot para asesinar a Marcos Jr., corrupción a gran escala y no haber denunciado la agresión china contra las fuerzas filipinas en el Mar de China Meridional.

Asimismo, Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución, acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo. Pero Marcos Jr. negó este martes que la detención se tratara de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

La disputa entre las familias eclipsará las elecciones de mitad de mandato en mayo, cuando los votantes elegirán a los miembros del Senado que decidirán si Sara Duterte debe ser destituida como vicepresidenta y se le debe prohibir permanentemente postularse para el cargo. El propio Duterte ha estado haciendo campaña para regresar al cargo de alcalde de Davao, un puesto que actualmente ocupa su hijo Sebastian.