Las claves del caso de corrupción por el que Cristina K podría ir a la cárcel

12 años en prisión, e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos para Cristina Fernández: ese es el pedido de condena que el lunes dieron a conocer los fiscales Luciani y Mola, en el contexto de la “Causa Vialidad”, un juicio contra la vicepresidenta y sus allegados por la supuesta “matriz de corrupción más extraordinaria que se haya desarrollado” alguna vez en Argentina.

Estas son las claves del caso que podría llevar a la expresidenta Cristina Fernández a la cárcel:

Según el fiscal Mola, Cristina Kirchner y sus allegados habrían defraudado al fisco argentino con 5 mil 321 millones de pesos argentinos (cerca de 926 millones de dólares). Esto, analizando las irregularidades de las 51 obras que Lázaro Báez, empresario de la provincia de Santa Cruz, habría ganado en licitación.

Entre estos acusados no solo está la expresidenta, sino que también un ex ministro, Julio De Vido, que dirigió la cartera de Planificación Federal, y subsecretarios que trabajaron con él: Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner. Además, en el banquillo se encuentran persona que presidieron la Administración General de Vialidad Pública, como Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez. Todos los imputados habrían participado en una estructura que habría privilegiado Austral Construcciones, empresa de Lázaro Báez, para otorgarle licitaciones para 51 obras en la provincia de Santa Cruz.

Luego de nueve audiencias, mostrando documentos y conversaciones de WhatsApp, contratos públicos y licitaciones, Luciani indicó sobre la “matriz de corrupción”: “La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”. Los cargos que se le imputan a la expresidenta son los de asociación ilícita y fraude al fisco.

El lunes en la mañana y hasta cerca de las 5 de la tarde, durante la última audiencia de los alegatos de la fiscalía en contra de Cristina Kirchner por la “Causa Vialidad”, los protectores pidieron desde 12 años de cárcel para la actual vicepresidenta de Argentina. Así mismo, a excepción del empresario Lázaro Báez, se pidió la inhabilitación de los otros doce acusados, para que no puedan ocupar cargos públicos.

Otra de las cosas solicitadas por la fiscalía es el decomiso de los 5 mil 321 millones de pesos argentinos que, según los protectores, habrían sido el monto con que Cristina Kirchner y sus allegados habrían defraudado a la nación. “Que se proceda al decomiso de 5321 millones de pesos. Esa suma es la que vamos a solicitar. Equivale a casi 1000 millones de dólares. También vamos a solicitar la actualización de ese monto”, señaló el fiscal Luciani, pidiendo además que, de dictarse una eventual condena, se decomisen las propiedades de la familia Báez, y que sean destinadas a una entidad de bien público.

Cristina Fernández y los otros 13 acusados quedarían a la espera del fallo del Tribunal Oral Federal 2, que se conocería recién a fin de año. Hoy se terminó la etapa de alegatos, y ahora falta que expongan las 13 defensas. Hoy se cambió el orden de los alegatos a pedido de dos acusados, pero el de la defensa de la expresidenta sigue siendo el número seis. Cada defensa tiene un máximo de tres días y si no los utiliza, avanza la defensa siguiente.

Las audiencias son tres veces por semana y está previsto que las defensas demoren cuatro meses en total. Una vez terminados, el Tribunal Oral Federal 2 fijará una fecha para las “últimas palabras” y el veredicto.

En caso de ser encontrada culpable, sin embargo, solo se podría cumplir el fallo “tras ser revisado por la Corte Suprema de Justicia, lo cual puede llevar años” indicó La Nación. Algo similar ocurriría con la potencial inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo cual CFK no tendría problemas para postularse en las elecciones de 2023.

Ya con los alegatos de los fiscales concluidos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de dirigirse al Tribunal Oral Federal 2, para ampliar su “declaración indagatoria”. En un tuit, la hoy vicepresidenta explicó: “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello, He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.

La declaración indagatoria a la que se refiere Cristina Fernández tuvo lugar el 2 de diciembre de 2019, y se recuerda en Argentina por el momento en que la expresidenta dijo “a mí me absolvió la historia, y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”. En esa ocasión, CFK leyó durante tres horas un texto en el que criticó a los jueces por su actuación y a los medios por la difusión de noticias falsas.

Sin embargo, el Juez Rodrigo Giménez Uriburu leyó la resolución del Tribunal en la que se rechazó tal petición. El magistrado explicó que la ampliación de las indagatorias se contemplan previo al inicio de la instancia de alegatos.

A pesar de la pelea al interior del Frente de Todos, para esta ocasión tanto el albertismo como el cristinismo se cuadraron en la defensa de la vicepresidenta. El Secretario General de la Presidencia y muy cercano colaborador de Alberto Fernández, Julio Vitobello, publicó en su cuenta de Twitter: “No existe ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por @CFKArgentina adjudicando la realización de obra pública al Sr Lázaro Báez. Sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia”.

Minutos después de conocerse la condena que la fiscalía pide para Cristina Fernández, el Presidente Alberto Fernández publicó un tuit con un comunicado donde expresó su solidaridad y respaldó a la vicepresidenta. “Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, señala el comunicado.

Por su parte, el ministro de relaciones exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, acusó a la extrema derecha de buscar “proscribir” a la expresidenta. “Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @LulaOficial. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”, señaló el canciller.

Desde los sectores cercanos a Cristina Fernández se viene anticipando una reacción masiva, en caso de que la vicepresidenta sea condenada. Desde La Cámpora, la agrupación política dirigida por Máximo Kirchner, se empezó a difundir a través de las redes sociales la advertencia: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.

Por su parte, la presienta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a una “pueblada” o revuelta para defender a la vicepresidenta. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”, señaló la dirigente en un mensaje este viernes.