Gran jurado vota para acusar a Donald Trump

Un gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar formalmente a Donald Trump por su papel en el pago de dinero a una estrella porno a cambio de su silencio en vísperas de las elecciones de 2016, lo que dio inicio a un proceso en el que es probable que el expresidente deba viajar a Nueva York para enfrentar los cargos, según personas familiarizadas con el asunto.

El gran jurado devolvió la acusación de Trump después de una votación el jueves, dijeron las personas, lo que marca la primera vez que un expresidente enfrenta cargos penales. La acusación, solicitada por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no es pública.

En Nueva York, los jueces suelen mantener los cargos en secreto hasta que los acusados comparecen por primera vez ante el tribunal.

Un portavoz de Trump y una portavoz de Bragg no hicieron comentarios de inmediato.

El caso presentado por Bragg, un demócrata, está lejos de ser una apuesta segura. El predecesor de Bragg, Cyrus Vance Jr., y los fiscales federales rechazaron acusar a Trump en un caso independiente relacionado con el dinero pagado a cambio de silencio. Si el caso va a juicio, es casi seguro que una condena requiera que un jurado acredite el testimonio del exabogado de Trump, Michael Cohen, quien enfrentó sus propios problemas legales y se declaró culpable de una serie de delitos federales en 2018. Entre ellos estaba un delito de financiamiento de campaña por el pago de la estrella porno, así como cargos de mentir a un banco y al Congreso.

Cohen dice que Trump le ordenó que le pagara a Stormy Daniels US$ 130.000 en la víspera de las elecciones de 2016 a cambio de que ella guardara silencio sobre un presunto encuentro sexual con Trump. El exmandatario ha negado haber tenido una aventura con Daniels y dijo que siguió el consejo de Cohen como su abogado.

Es poco probable que el caso estatal en Nueva York tenga alguna relación legal con la candidatura presidencial de Trump, incluso si finalmente es condenado. La Constitución de EE.UU. no impone ningún requisito de que los candidatos para el cargo más alto tengan un historial limpio, y existe un consenso legal de que los estados tienen prohibido imponer sus propias restricciones a los candidatos presidenciales, dijo Derek Muller, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa.

La acusación podría abrir diferentes caminos para Trump políticamente. Él ha demostrado resiliencia entre sus partidarios en medio de numerosos problemas legales y controversias y ya ha utilizado la amenaza de enjuiciamiento como punto de reunión para recaudar fondos de campaña y argumentar que se le acusa injustamente por motivos políticos. Al mismo tiempo, la posición de Trump se ha erosionado entre algunos republicanos, según han demostrado numerosas encuestas, y el caso podría hacer que algunos votantes sean más propensos a apoyar a otro candidato.

La investigación del dinero a cambio de silencio, desencadenada en parte por una serie de artículos del Wall Street Journal en 2018 sobre el pago, fue la más larga de varias investigaciones criminales activas contra Trump. Si bien el caso se centra en su supuesta conducta antes y durante la primera parte de su mandato presidencial, otras investigaciones han estado examinando las acciones de Trump durante sus últimos años en la Casa Blanca y después de que dejó el cargo. Las decisiones de los fiscales en esos asuntos prometen mayores riesgos, porque implican una supuesta conducta más grave que conlleva mayores sanciones potenciales.

El Departamento de Justicia está investigando el manejo de documentos clasificados en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida y los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular su derrota electoral de 2020. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está investigando los intentos de Trump y sus partidarios de influir en los resultados de las elecciones de Georgia de 2020.

Trump ha dicho que permanecerá en la carrera presidencial independientemente de cualquier cargo penal, y tiene incentivos para mantener el rumbo: la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, una voz legal autorizada dentro del Poder Ejecutivo, ha opinado que un presidente en ejercicio no puede ser imputado.

Las condenas penales y el historial de Cohen como reparador de Trump podrían convertirlo en un testigo difícil de confiar para un jurado, pero su versión del papel de Trump en el pago del dinero por el silencio tiene apoyo circunstancial.

Los registros telefónicos obtenidos por investigadores federales muestran que Trump y Cohen hablaron dos veces poco antes de que Cohen hiciera arreglos para enviar dinero al abogado de Daniels en octubre de 2016. También estuvieron en contacto a principios de ese mes, ya que los aliados de Trump en el mundo de los tabloides alertaron a Cohen sobre la amenaza de que la historia de Daniels se hiciera pública, según las solicitudes de orden de allanamiento reveladas en el caso federal de Cohen.

En la declaración de culpabilidad federal de 2018, Cohen admitió haber hecho una contribución excesiva a la campaña de Trump al comprar el silencio de Daniels. El dinero que le entregó a Daniels para sofocar noticias potencialmente dañinas sobre el entonces candidato fue el equivalente legal de la donación de US$ 130.000 de Cohen, mucho más de lo que permite la ley federal, directamente a la campaña de Trump, alegaron los fiscales federales.

A partir de 2017, Trump y su fideicomiso entregaron cheques mensuales a Cohen para reembolsarle el pago a Daniels. Según los fiscales federales, la Organización Trump registró falsamente los cheques como pago por servicios legales que Cohen nunca brindó, ocultando su verdadero propósito. Cohen testificó en el Congreso en 2019 que Trump bendijo personalmente el plan.

Los hechos principales del esquema del dinero secreto se conocen desde hace años y han sido objeto de escrutinio por parte de los fiscales federales en la oficina del fiscal federal de Manhattan y los fiscales estatales bajo el predecesor de Bragg, Vance.

La oficina de Vance examinó el asunto en 2018, pero detuvo su investigación hasta 2019, cuando los fiscales federales dijeron que habían concluido su investigación de financiamiento de campaña. “El fiscal federal nos había pedido que renunciáramos a nuestra investigación, porque se superponía con lo que estaban investigando”, dijo Vance. “Después de que el Sr. Cohen se declaró culpable, nos sorprendió que la investigación no fuera más allá”.

Cuando reanudaron la investigación en 2019, los fiscales de Vance consideraron acusar a Trump de falsificar registros comerciales para ocultar el verdadero propósito de los cheques enviados a Cohen como reembolso por el pago de Daniels, según el libro People vs. Donald Trump: An Inside Account, escrito por Mark Pomerantz, exasistente especial del fiscal de distrito de Vance.

El cargo en sí era un delito menor y podía convertirse en un delito grave solo si los fiscales podían probar que los registros fueron falsificados para cometer u ocultar otro delito. Consideraron la teoría de que las facturas falsas ocultaban un delito federal de financiamiento de campañas relacionado con el pago a Daniels, pero ningún tribunal de Nueva York había aprobado formalmente esa teoría legal, escribió Pomerantz.

Vance y su equipo sintieron que un caso de delito grave independiente contra el Sr. Trump relacionado con el pago a Daniels sería demasiado arriesgado y lo abandonaron, según Pomerantz.

En cambio, se centraron en las acusaciones de que Trump infló el valor de sus activos en los estados financieros que proporcionó a los prestamistas y otros.

Cuando Bragg sucedió a Vance en 2022, decidió no seguir adelante con un caso basado en los estados financieros de Trump, y luego dijo que pensaba que no estaba listo. Su reticencia hizo que Pomerantz y otro fiscal principal renunciaran a su cargo.

Aproximadamente un año después, la oficina de Bragg comenzó a presentar evidencia ante un gran jurado sobre el pago a Daniels y la forma en que Trump y su compañía reembolsaron a Cohen, quien había utilizado su propia línea de crédito para dinero a cambio de silencio, según personas familiarizadas con la investigación.

La oficina del fiscal de distrito ha abandonado y revivido la investigación del dinero secreto con tanta frecuencia a lo largo de los años que los fiscales se han referido a ella como el “caso zombi”, según Pomerantz.

Trump ha aprovechado los flujos y reflujos de la investigación para poner en duda los motivos de Bragg.

“Ahora recurren al viejo caso reprendido que ha sido rechazado por todas las oficinas de los fiscales que han analizado esto”, escribió Trump en su sitio de redes sociales en marzo, aparentemente haciendo referencia a la oficina del fiscal federal en Manhattan y la anterior administración del fiscal de distrito de Manhattan.

Trump ha señalado posibles defensas en publicaciones en redes sociales, diciendo que confió en el consejo de Cohen y que fue víctima de extorsión por parte de Daniels. El abogado de la Sra. Daniels no respondió a las solicitudes de comentarios.

Trump también ha dicho que el pago y el reembolso de Cohen ocurrieron hace tanto tiempo que el plazo de prescripción, el período legal en el que los fiscales pueden presentar cargos penales, ya pasó.

Los fiscales podrían argumentar que la supuesta conducta no es demasiado antigua porque Trump vivió fuera del estado gran parte de los últimos seis años, lo que detuvo el estatuto de limitaciones. Y Nueva York extendió el tiempo permitido para presentar cargos durante la pandemia.