El incierto futuro judicial de Keiko Fujimori

Fernanda Rojas

9 ago 2019 04:10 PM

Tiempo de lectura: 3 minutos

Después que la Corte Suprema no logró una resolución tras la presentación de un recurso de casación, la líder opositora seguirá cumpliendo prisión preventiva en el penal femenino Chorrillos a la espera de una nueva audiencia. Sin embargo, su defensa podría recurrir al Tribunal Constitucional para obtener su libertad.

Cuatro votos se necesitaban para que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitiera una sentencia sobre el recurso de casación presentado por la defensa de la excandidata presidencial y líder del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para revertir la medida de prisión preventiva que cumple en el penal femenino de Chorrillos desde noviembre de 2018. Solo cinco minutos bastaron para que los jueces votaran en discordia. Ante la falta de consenso en la audiencia no se logró una resolución, por lo que la hija de Alberto Fujimori seguirá en la cárcel. Por ahora.

Dos de los magistrados -Iris Pacheco e Iván Sequeiros- votaron en contra del recurso para que Keiko Fujimori enfrente en libertad el proceso de investigación en su contra por presuntos lavado de activos relacionados a la constructora brasileña Odebrecht de la que habría recibido aportes para su campaña en 2011 y 2016. Mientras que los otros tres jueces -Zavina Chávez, Hugo Príncipe y Jorge Castañeda- se mostraron a favor de "una parte del recurso" al disminuir de 36 meses a 18 meses la prisión preventiva que fue confirmada anteriormente en dos instancias judiciales.

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Sin embargo, al no lograr los cuatro votos requeridos por ley, el próximo paso es convocar un juez dirimente, según el diario El Comercio. "No se ha formado resolución. De conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, seguirá en trámite este proceso", concluyó el magistrado ponente, Hugo Príncipe.

Según Perú 21, la sentencia podría seguir en vilo, ya que el sexto juez convocado "puede votar de manera diferente a sus colegas, lo que motivaría a que otro magistrado sea convocado hasta que se logren los cuatro votos necesarios" para una decisión.

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Ante la decisión de la Justicia peruana, la abogada de Keiko Fujimori señaló que habían "intentos de presión" para que no se resuelva el caso, pero que "agotaran todas las vías jurídicas posibles que la ley y la institución nos amparan. Más tarde, la representante utilizó su cuenta de Twitter donde declaró que la falta de resolución "es algo jurídicamente inaceptable". Ahora, deberán esperar a que la Corte Suprema programe la próxima audiencia.

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En la antesala de la audiencia convocada a las 09:00, un grupo de seguidores del Partido Fuerza Popular realizó un "plantón" en las afueras de la Corte Suprema con carteles en que defendían que Keiko Fujimori es "presa política".

En la jornada decisiva para el fujimorismo, una de las opciones era que la Suprema acogiera la totalidad del recurso interpuesto por la abogada penalista, Giulliana Loza, representante de Keiko Fujimori. En ese escenario, la excandidata presidencial podría haber salido en libertad "a las pocas horas" de la sentencia. Aunque el recurso no incluía solo a la hija de Alberto Fujimori, sino también a los tres investigados por el mismo caso -Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía Lecca-. De éstos, solo para Mejía Lecca se definió "fundado su recurso de casación".

Keiko fue enviada a la cárcel después que el juez Richard Concepción Carhuacho acogió el pedido del equipo especial de Lava Jato en Perú en 2018. Según la agencia EFE, el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata testificó esta semana ante los fiscales y ratificó que la constructora entregó US$ 500 mil dólares para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial de Fujimori en 2011 cuando se enfrentó contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que cumple prisión domicialiaria.

Según el diario El Comercio, la defensa de los investigados "podrían recurrir al Tribunal Constitucional, mediante un hábeas corpus y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando una medida cautelar". La primera opción es a la que recurrió el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia para salir en libertad en abril de 2018 después de nueve meses en prisión preventiva. En ese momento, la resolución del Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Humala y Heredia ya que había una "presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia".

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