“Increíbles mentiras” de los fiscales: Cristina Kirchner se defiende en juicio por presunta corrupción

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó el viernes que han salido a la luz las “increíbles mentiras” de los fiscales que pidieron para ella una condena de 12 años de cárcel en el juicio en el que está acusada de presunta corrupción y solicitó al tribunal que investigue el proceder de los procuradores.

“Quiero hacer un formal pedido al tribunal para que al finalizar las audiencias se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con las pruebas periciales y testimoniales que tuvo este juicio”, dijo la expresidenta (2007-2015) al ejercer su defensa durante una audiencia efectuada de forma virtual.

Los fiscales pidieron en agosto una condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato unas 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado de la provincia sureña de Santa Cruz.

También la acusaron de una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares a raíz de esas supuestas maniobras irregulares.

Los presuntos desmanejos en la adjudicación de obras también se habrían producido durante el mandato de Néstor Kirchner, el fallecido esposo y antecesor de la dirigente peronista que gobernó entre 2003 y 2007.

La vicepresidenta, quien tiene derecho como abogada a ejercer su propia defensa, intervino en la audiencia judicial 22 días después de haber sido víctima de un fallido atentado en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires por el que cuatro personas, entre ellas el hombre que gatilló contra la dirigente peronista sin que la bala saliera, están detenidas.

Fernández de Kirchner cuestionó que la acusación de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó obras “no tiene ni pies ni cabeza” y es “inconstitucional, antirrepublicana y antifederal”.

Al respecto afirmó que “un gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”.

También cuestionó que durante el juicio los fiscales usaron “como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento” que dieron luz verde al presupuesto para las obras.

“Han traído de los pelos este juicio porque a la que tenían que traerme de los pelos era a mí y para eso trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Civil, a la jurisprudencia, al sentido común, a todo”, sostuvo la vicepresidenta.

Por otro lado, al aludir al frustrado atentado que sufrió el 1 de septiembre, la dirigente peronista dijo haberse percatado de lo indefensa que está y responsabilizó a los medios de comunicación y a la justicia de esa situación.

“Así como vamos, vamos mal. La Argentina no sale con este Poder Judicial. ¿Yo, impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento en estado de indefensión, muy intranquila”, afirmó en su interpelación a los jueces del tribunal.

La exmandataria recordó que en marzo su despacho en el Senado -cámara que preside por ser la vicepresidenta- “fue destruido durante más de 40 minutos de apedreadas” por parte de manifestantes que protestaban contra la política económica “sin que ninguna fuerza de seguridad local o nacional lo impidiera”.

Dijo además que el día que los fiscales pidieron la condena de cárcel de 12 años algunos canales de televisión mostraban la puerta del edificio donde reside. “Es la única puerta que se conoce en la Argentina... ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro”, afirmó la exmandataria, para quien el grupo de detenidos no habría ideado intelectualmente el ataque.

Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de pena contra ella. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.

La vicepresidenta afirma que las acusaciones de las que es objeto en este y otros procesos fueron armadas por opositores en connivencia con sectores del Poder Judicial para perseguirla y sacarla del escenario político, argumento que sostiene todo el oficialismo, incluido el presidente Alberto Fernández.

En la causa sobre el supuesto direccionamiento de obras, iniciada en 2016, se investiga si hubo licitaciones manipuladas, sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los fiscales dijeron que esta es “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.

La exmandataria asegura que uno de los fiscales, Diego Luciani, y un integrante del tribunal que la juzga formaron parte de un equipo de fútbol que participó de torneos en una casa de campo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), a quien señala como uno de los principales instigadores de las causas en su contra.

La defensa de la exmandataria afirmó en tanto que las pruebas de la fiscalía son falsas y sus imputaciones quedaron “fulminadas” por las declaraciones de testigos, contadores, peritos e ingenieros durante casi tres años de juicio oral.

Carlos Belardi, abogado de la exmandataria, dijo que su defendida “jamás impartió ninguna directiva vinculada” a las 51 obras adjudicadas a las empresas de Báez.

El letrado señaló que “no existe una obligación de control” sobre las obras viales por parte de la presidencia porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico.

También afirmó que no existen elementos de prueba que indiquen que el Estado hubiera pagado trabajos no realizados.

En caso de ser condenada Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales en un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023 hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.