Intervención militar polariza a los brasileños y cuestiona a Temer

Están apostados en las principales vías de acceso a la ciudad y sus conexiones con el resto del país. Vehículos blindados recorren sus calles y lanchas patrullan las aguas de la zona. Se instalaron también retenes para registrar a los transeúntes. Estas son algunas de las postales que se observan hoy en Río de Janeiro, a poco más de una semana de que el Presidente Michel Temer decretara una intervención federal que entrega al Ejército el control de la seguridad pública del estado hasta el 31 de diciembre.

"El crimen organizado casi se apoderó de Río de Janeiro. Es una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo". Así defendió Temer el decreto para "enfrentar y derrotar el crimen organizado y las pandillas", que estará vigente hasta el último día de su mandato. La medida es respaldada, además, por el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão, quien reconoció que el estado no es capaz de actuar solo para detener la violencia y necesita ayuda del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas.

Después de un carnaval con escenas de asaltos, tiroteos y muertes en diversos puntos de la ciudad, se agravó la crisis de seguridad que se vive en Río, amplificada por la ausencia de Pezão y del alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, quienes estaban fuera de la ciudad. Ese hecho obligó al gobernador a reconocer que el gobierno estatal se había equivocado y que falló la planificación de la seguridad.

La situación en Río no es nueva. Traducida a cifras oficiales proporcionadas por el Instituto de Seguridad Pública (ISP), en 2017 se registraron 6.731 homicidios en el estado, entre ellos más de 100 policías y una decena de menores por "balas perdidas". Un balance en constante crecimiento desde 2012, cuando se habían totalizado 4.666, según el ISP.

Sin embargo, la medida adoptada por Temer, aprobada esta semana en el Congreso- no genera consenso.

Las Fuerzas Armadas brasileñas ya realizaron operaciones similares en diversos estados del país en los últimos años. Pero esta es la primera en su tipo desde que fue promulgada la Constitución de 1988. Todas las anteriores se ejecutaron invocando la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que es menos invasiva con la autonomía política y administrativa del lugar, siendo vistas como una acción asociada con las fuerzas de seguridad locales, como ocurrió durante la visita del Papa Francisco en 2013 y el Mundial de Fútbol de 2014.

Esta vez, la seguridad pública del estado estará a cargo de un interventor que es el general Walter Souza Braga Netto, quien sólo debe rendirle cuentas a Temer.

Con amplias facultades para contratar, despedir, reestructurar órganos públicos, realizar gastos, contratar servicios y dar órdenes a funcionarios civiles y militares, Braga Netto no responderá a la Justicia común, sino a un tribunal militar por sus actos. Para los despliegues militares se autorizó el uso de entre 25 mil y 30 mil efectivos. Sólo ayer, en un operativo en la favela Vila Kennedy, fueron desplegados 3.200 militares.

La sociedad civil ha manifestado su preocupación por la medida. En un video que refleja el sentir de parte de la población, y que se viralizó en las redes sociales, tres jóvenes ironizan el tema enseñando a las personas de raza negra cómo actuar y qué precauciones deben tener ante el "riesgo" que supone para ellos la presencia de los militares en las calles.

En una entrevista a radio Itatiaia, el ex presidente Lula acusó a Temer de "estar buscando una forma para ser candidato". Según el ex mandatario, ante el fracaso de la reforma de pensiones, iniciativa emblemática para Temer, crearon "otro espectáculo, la intervención en Río de Janeiro". La Constitución prohíbe que una reforma como esa sea votada en el Congreso mientras exista un caso de intervención federal en uno o más estados, un hecho que no han pasado por alto los críticos de la medida de Temer en Río.

"Temo que sea pirotecnia, puro interés político", dijo Lula, quien agregó que el Ejército "no está preparado para enfrentar el narcotráfico, sino para defender la soberanía nacional. Poner al Ejército contra el narcotráfico puede provocar que, tras el espectáculo, el resultado sea negativo".