La Fiscalía argentina solicita doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández

Este lunes, la Fiscalía argentina solicitó doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel.

El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez -contra el que se reclaman doce años de prisión-, “se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.

“Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, señaló el fiscal. “Interpuso su interés personal sobre el interés público”, agregó.

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo.

Desde redes sociales, la expresidenta indicó que “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

Además, agregó que “he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.