Macri alista reforma judicial que aumenta condenas por corrupción

Con casi 100 años de existencia y al menos 17 comisiones que han intentado modificarlo, el Código Penal de Argentina está próximo a sufrir una importante reforma. Ello, tras el trabajo de un grupo multidisciplinario de 12 expertos conformado en 2017 por el Presidente Mauricio Macri, que entre sus principales lineamientos busca aumentar las penas por delitos de corrupción.

En conversación con La Tercera, el juez federal Mariano Borinsky, que preside la comisión, aseguró que el objetivo es tener un Código que permita la aplicación efectiva de la ley penal, que establezca sanciones proporcionales a todos los delitos, "y en ese marco tenemos que aumentar determinadas penas", estableciendo escalas de cuatro a 12 años de prisión.

El proyecto, que también amplía la jurisdicción de investigación para delitos, es decir, permite a la justicia transandina intervenir en casos de corrupción fuera del territorio, cuando un ciudadano argentino haya participado del ilícito, será presentado dentro de los próximos dos meses en el Congreso para su discusión.

Tras su participación el domingo de una entrevista en América TV en el programa La Cornisa del periodista y escritor, Luis Majul, Macri revivió la discusión por la reforma judicial y encendió los ánimos luego de lanzar duras críticas contra el reciente fallo que liberó al empresario K, Cristóbal López, por delitos de evasión. "El fallo me dio indignación", expresó el mandatario y agregó que lo central no es la liberación, sino el cambio de delito: "No es evasión sino malversación".

López, quien integraba la nómina de ex funcionarios y empresarios procesados por presuntos delitos cometidos durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, fue detenido el 20 de diciembre pasado, pero la Corte de Apelaciones revocó su prisión preventiva señalando que no hay riesgo de fuga.

Otras de las modificaciones que persigue la reforma al Código Penal se refiere a cambios en la redacción de algunos delitos, como el de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, con el objetivo de que abarque la totalidad del período en que puede ocurrir el aumento patrimonial no justificado.

Actualmente la legislación argentina no incluye el período entre la fecha de la elección popular y la toma de posesión del cargo, y fija en dos años el límite tras la cesación del puesto. En cambio, el nuevo proyecto recoge los primeros aspectos, fija en seis los años tras dejar la función pública y extiende los sujetos activos de delito.

En la misma dirección "el decomiso y la devolución anticipada del dinero mal habido sin tener que esperar la sentencia definitiva también están incluidos", comentó el juez Borinsky, por lo que ahora se da la posibilidad de recuperarlos antes de la condena.

Con respecto a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el proyecto busca ampliar a los sujetos que actualmente solo alcanzan a magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público a miembros del gobierno, como la figura del propio Presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros, entre otros. Y también se incorpora el delito de soborno entre privados, que abarcará a personas físicas o jurídicas.

Para el analista político, Julio Burdman, la medida responde a un prelanzamiento de las reelecciones de los principales cargos directivos del gobierno en 2018. "Es muy anticipado, pero es una forma de confirmar algo que está claro", señaló.

En cuanto a la reforma judicial, Burdman asegura que si bien es un tema que tiene bastantes años de gestación, "lo novedoso es algún intento de regular algunas atribuciones que venía adjudicándose la justicia".