Marcha de “evistas” llega a La Paz en medio de conflicto y acusaciones de sabotaje por parte de gobierno de Arce

Entra 2025, el año electoral en Bolivia, y el conflicto al interior del oficialista MAS (Movimiento Al Socialismo) se profundiza alrededor de sus dos principales referentes: el presidente Luis Arce, y el líder histórico Evo Morales. Ya llevan años separados por sus posiciones y esta vez los seguidores de Morales han empezado una manifestación para protestar por la economía y la liberación de “presos políticos”.

La marcha evista llegó este lunes al centro de La Paz, pero no lograron ingresar a la plaza Murillo, centro del poder político, debido a una barrera policial que les cerró el paso. “Nos están impidiendo el verde olivo (la Policía Boliviana, avanzar). Estamos a pocos metros (de la plaza Murillo, donde pretendíamos finalizar nuestra movilización)”, reclamó un dirigente campesino que encabezó la marcha, citado por el diario paceño La Razón.

Este viernes, los seguidores del exmandatario empezaron la movilización denominada como la “marcha comunal por la vida”, en la población de Patacamaya, exigiendo soluciones “a la crisis económica, la falta de dólares y el desabastecimiento de combustible”, indican los medios bolivianos.

Además, piden la liberación de 100 campesinos que fueron detenidos en los bloqueos que tuvieron lugar en octubre, y que detuvieron durante 24 días las carreteras del país. Desde los políticos más cercanos a Luis Arce, el presidente actual, acusan que se trata de un intento de desestabilizar el país, en medio de las graves acusaciones de trata de personas que pesan sobre Evo Morales.

A pesar de que son sus seguidores los que marchan, Evo Morales no ha tomado parte en la manifestación: en este momento se encuentra “resguardado” en Cochabamba, su bastión político, evitando así ser detenido por la policía a causa de sus problemas con la justicia.

De hecho, la Fiscalía informó que la audiencia cautelar del exmandatario está confirmada para las 09:30 de este martes en Tarija por el caso de la presunta trata de personas con agravante.

Desde la marcha, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Pedro Llanque, indicó que la marcha representa a varios sectores más allá de la política institucional: “El pueblo boliviano se está sumando a esta movilización. Vamos a llegar al kilómetro cero, a la plaza principal. Pedimos la liberación de los presos políticos, más de 125 personas detenidas en diferentes penales. Le decimos al gobierno que no intervenga ni nos gasifique”.

Desde la Confederación de Interculturales de Bolivia, Enrique Mamani señaló: “Pedimos al gobierno garantizar la estabilidad económica y la canasta familiar. Prometieron soluciones en 10 días, pero todo fue una burla. Aún hay filas por combustible, lo que afecta la producción. El gobierno debe garantizar la fluidez de dólares”.

A pesar de las exigencias de la marcha, el gobierno no cree que se trate de la economía. El mismo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, apuntó a que se trata de un intento de frenar los procesos judiciales contra Evo Morales: “Esta marcha busca impunidad y no frenará la acción de la justicia. Los delitos que se cometieron tienen que ser investigados y sancionados según corresponda”, indicó el ministro a la prensa, además de criticar el impacto económico de la movilización.

“Sólo busca perjudicar el crecimiento económico del país y distraer la gestión del gobierno. No nos distraeremos con este tipo de marchas; seguiremos trabajando por Bolivia”, afirmó Flores.

El presidente del MAS en la región de Tarija, Andrés Meriles, indicó por su parte: “Es una marcha netamente con un tinte político, no tiene una propuesta o sugerencia para el gobierno, de cómo industrializar o cómo mejorar la economía nacional”. Meriles también acusa al exmandatario de otros delitos: “No solamente el tema de trata y tráfico agravado, sino también terrorismo, alzamiento armado, traición a la Patria y el daño económico al país, a los bolivianos”.

El vicepresidente David Choquehuanca pidió, en miras al Bicentenario del país, que se detenga el “sabotaje” contra su gobierno: “Tenemos que dejarnos de bloquear entre nosotros, porque eso perjudica a todos los bolivianos, y por culpa del sabotaje estamos así como estamos. El Bicentenario tiene que ser para despertar nuestra conciencia, para despertar la unidad. Basta de dividirnos, porque el único fruto de la división es la pobreza”.

El mismo día del comienzo de la marcha, el presidente Luis Arce consideró que se trata de grupos que buscan “convulsionar y tener muertos con afanes netamente individuales”. “No buscan el beneficio de los bolivianos, buscan debilitar, desgastar y hasta pedir la renuncia del Presidente y del vicepresidente (David Choquehuanca)”, aseguró el Jefe del Estado.

Como respuesta a los críticos de la marcha, el diputado del MAS Héctor Arce, que los medios bolivianos identifican con el “bando evista”, señaló a la prensa frente a las críticas: “Esta marcha no tiene ningún interés en buscar la supuesta impunidad de Evo Morales. Evo asumirá defensa cuando exista una denuncia con una víctima y se respete el debido proceso, que se respete el derecho y las garantías constitucionales de las personas”.

En la marcha participan sobre todo los cocineros del Trópico de Cochabamba, el “bastión sindical y político” de Evo Morales, que se resguarda en esa región de Bolivia. Esto, porque evita ser detenido como parte de una investigación por presunta trata agravada de personas, apunta la prensa local.

Ya el 16 de octubre, la justicia boliviana había emitido una orden de aprehensión contra Morales, que no ha podido cumplir. Asimismo, el expresidente tiene una alerta migratoria que no le permitiría salir del país, ya que se le acusa de haber abusado de una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

Ya entre octubre y noviembre, los seguidores de Evo Morales habían bloqueado las carreteras durante 24 días para que no fuesen a detenerlo: desde su bando alegan una persecución política contra el expresidente, por parte de su exaliado y actual mandatario, Luis Arce.

Arce y Morales llevan distanciados desde finales de 2021, sobre todo en miras a las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en agosto de 2025. Ya en ese entonces se discutía quién sería el candidato del MAS, y mientras Arce insistía en su reelección, Morales quería postularse para un nuevo mandato, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional se lo impide.

Precisamente este domingo, a través de la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales declaró sentirse “muy alentado” luego de que se retirara una demanda en su contra en Argentina, que en ese entonces lo apuntaba en un caso de “por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”. Morales vivió un año en Argentina, cuando se exilió a finales de 2019 en el período de Jeanine Áñez.

A pesar del cierre de esta causa, también tendría que comparecer en la ciudad de Tarija este martes, por una investigación en su contra por presunta trata agravada de personas que le sigue la Fiscalía Departamental, pero se sabe que no irá. “Este proceso en Tarija ya debería estar cerrado, parado, porque no hay víctima. Tiene que derrumbarse en cualquier momento”, manifestó Morales.

La denuncia indica que Morales habría cometido delitos de trata de personas y violación de una menor de edad, con la que supuestamente tendría un hijo. En el caso, los padres de la víctima habrían “lucrado” con ella, ya que la habrían “entregado” a Morales a cambio de favores.