Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de Mendoza: “Históricamente, Chile no ha sido tan drástico como en los juicios en Argentina sobre la dictadura”

Sobre los hombros del juez Omar Palermo recayó una tarea que nunca es fácil: en su rol como juez de la Corte Suprema de Mendoza, debió impulsar una causa que en 2014, y por primera vez en la historia de la posdictadura argentina (1976-1983), ponía como imputados a numerosos jueces en la época. Ya no eran solo militares y civiles los que desfilaban por los tribunales, ahora también se incluían miembros del Poder Judicial.

Sus investigaciones permitieron determinar el papel que miembros de un segundo pilar del Estado, además del Ejecutivo, cumplieron en esos años, lo que desembocó en cadenas perpetuas contra cuatro jueces en 2017 y corroboró a Palermo que “el Poder Judicial fue un cómplice de silenciosas atrocidades”, dijo a La Tercera.

La búsqueda de culpables de desapariciones y asesinatos sigue abierta en el país vecino. A principios de junio de este año concluyó el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, en una causa conocida como “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea”, que involucró la violación a los derechos humanos de 107 personas, dejando 61 desaparecidos y tres asesinados. El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó a los 18 acusados a distintas penas.

Palermo tampoco es ajeno a la situación chilena y a lo ocurrido en territorio nacional durante la dictadura cívico-militar. De hecho, durante esta semana se encuentra en Chile participando de un seminario de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales sobre la responsabilidad de los jueces en crímenes de las dictaduras. En dicho contexto, el juez y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo conversó con este diario sobre el pasado y presente tanto argentino como chileno, y la experiencia cruzada de ambos países.

Respecto de su trabajo como fiscal, ¿qué enseñanzas le dejó el indagar en el mismo sistema judicial que lo formó de alguna manera, a la hora de investigar sobre los derechos humanos?

Esto ocurrió sobre todo en Mendoza, y lo que viví fue una cosa muy fuerte, porque cuando llegué el entonces procurador general de la nación, Esteban Righi, me puso al frente de la Oficina Fiscal que asistía en esos juicios a los fiscales y jueces de la Justicia Federal y no había detenidos. Las desapariciones forzadas eran calificadas como privaciones de libertad, no como homicidios, pese a que todos sabíamos que esas víctimas habían muerto ya, y con ese argumento no había ni una persona detenida. Para 2010 dijimos: “Esto es una parálisis total. El Estado es el responsable de esta impunidad”. A partir de ahí empezamos a ver que las denuncias de torturas, desapariciones, muertes y violaciones eran simplemente archivadas, y no había manera de no darse cuenta de que estaba pasando algo muy grave. Las pruebas y documentos estaban ahí y eran todos rechazados sistemáticamente. La justicia en la dictadura no investigó una sola causa de las miles en las que se denunciaron hechos gravísimos en esos años. Sin embargo, sí había procesos contra los perseguidos políticos, quienes eran imputados y condenados por la infracción a una ley antisubversiva que se llamaba Ley 20.840. Entonces, por un lado, el Poder Judicial mostraba toda su dureza y su inflexibilidad contra los perseguidos políticos de la dictadura, y toda su indulgencia y complicidad con los sectores más poderosos del terrorismo de Estado. La hipótesis nuestra fue: esto no solamente puede ser un delito contra funcionarios ni contra la administración de justicia, sino que son delitos en los que el Poder Judicial le ofrece una prestación al poder de la dictadura, la que correspondía a la garantía de impunidad.

Considerando su experiencia sobre cómo operó la dictadura en Argentina, ¿qué elementos destaca con miras al presente?

Me parece que el proceso de la dictadura cívico-militar argentina fue el proceso más sangriento y más violento que hemos tenido en nuestra historia. Argentina ha hecho un proceso de refutación de esa dictadura, lo que es una de las cosas de las que estamos orgullosos de nuestro país. Somos muy autolesivos los argentinos en muchas cosas, pero en este respecto creo que tenemos que estar orgullosos. Argentina ha sabido enjuiciar hechos tan graves, tan tremendos como lo son la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, de los civiles y de los jueces de la dictadura y lo está todavía refutando mediante los juicios que se han llevado a cabo. El Poder Judicial de mi país ha sabido estar a la altura de ese compromiso, ha sabido ejecutar esa política de Estado que es el nunca más se van a cometer esos hechos.

Y cuando lo contrasta con Chile, ¿cómo ve esa comparación?

Históricamente, Chile no ha sido tan drástico como en los juicios en Argentina sobre la dictadura. En mi país se están haciendo juicios día a día todavía. Eso no ha parado desde el 2003 a la fecha. El juicio de 1985 a la jerarquía de la dictadura son hechos que marcan la historia de los juicios en Argentina. Tengo la sensación de que el país es pionero en eso, y me parece que es un muy buen ejemplo a seguir.

Recientemente en Chile surgió una discusión a raíz de los dichos de un consejero constitucional que escribirá la propuesta constitucional, quien dijo que Pinochet era un “estadista”. Pensando en el interior de la sociedad argentina, ¿cómo cree que respondería tanto la opinión pública como la clase política si esto ocurriera en su nación?

Hubiera generado un rechazo unánime, creo yo. De hecho, hace a algunos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo que generó polémica y muchos cuestionamientos de los organismos de derechos humanos, así como una manifestación social muy importante. La sociedad argentina está muy comprometida en la reivindicación de los derechos humanos, en la reivindicación de los derechos de las víctimas y en el proceso de memoria, verdad y justicia. Me parece que ese proceso de no olvidar el pasado, de que se sepa la verdad y que se enjuicie esa verdad me parece muy importante para toda la región.

De cara a las elecciones de octubre en Argentina, con el alza en las encuestas del libertario Javier Milei, también ha crecido la figura de Victoria Villarruel, candidata a la vicepresidencia que ha dicho que cuestiona la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura. ¿Cuál es su lectura de estos discursos?

Yo lo lamento. Creo que los derechos humanos en mi país son políticas de Estado. Puede haber alguna declaración inconveniente -o políticamente muy inconveniente-, pero los derechos humanos pertenecen al contrato social de los argentinos, eso no hay cómo modificarlo. No me imagino una vuelta atrás en este proceso.

Por otro lado, ¿cómo se posiciona la derecha tradicional frente a los crímenes de lesa humanidad?

Precisamente, la película (Argentina) 1985, que ha tenido mucho éxito en mi país, demuestra que sobre esos mínimos no hay discordancia. Me parece que ese juicio y la forma en que fue recibido el filme por mi país demuestra que ese punto no está en tela de juicio. Yo creo que ese es el gran logro de estos años, de marcar que frente a ese aspecto no hay marcha atrás.

Usted fue uno de los asesores en la reforma judicial del Presidente Alberto Fernández. ¿Cómo convive el sistema judicial, que debe ser independiente por definición, con las críticas desde el kirchnerismo, especialmente desde el círculo de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras su condena?

El Poder Judicial de la dictadura fue el responsable de, posiblemente, la mayor negación de justicia de nuestra historia. Ni siquiera creo que hayan sido carne y uña, como me gusta decir, entre jueces y militares. No pienso eso. Creo que el Poder Judicial fue un cómplice de silenciosas atrocidades. Todos los días se denunciaban desapariciones, muertes, violaciones, hechos gravísimos y no se tramitó una sola denuncia. Ese Poder Judicial es el contramodelo de al que se aspira en un Estado de Derecho. El Poder Judicial tiene que ser un poder autónomo, y necesita pararse firme frente al poder político del gobierno, pero también frente al poder político de la oposición. En un país que tiene los antecedentes en violaciones a los derechos humanos como el que tenemos nosotros, el Poder Judicial tiene que ser firme ante las violaciones de derechos humanos. Las que pasaron, pero también las que pueden ocurrir y las que ocurren.

Chile cumple en septiembre 50 años desde el golpe en 1973, y existe una discusión abierta sobre cómo el gobierno del Presidente Boric debería abordarlo. ¿Cómo espera o cree que debería ser tratado el tema?

Yo creo que un Estado de Derecho debe ser intolerante con las violaciones de derechos humanos, tanto del presente como del pasado. Me parece que en eso hay que ser intransigente. El proceso de memoria, verdad y justicia no es de un país ni de una región, sino que es de la humanidad toda. Estoy seguro de que Chile profundizará ese camino y bueno, yo lo voy a ver con muy buenos ojos.