Perú solicitará a Chile la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori por caso de esterilizaciones forzadas

En esta imagen de folleto divulgada el 25 de julio de 2018 por la oficina de prensa de Fujimori, el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) posa para una foto en Lima. Foto: AFP

Esta causa no fue incluida en el pedido de extradición, que fue concedida por delitos de violaciones de derechos humanos y corrupción.


Perú solicitará a Chile la ampliación de la extradición del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), para que se le pueda enjuiciar en un proceso penal por las miles de esterilizaciones forzadas de mujeres efectuadas entre 1996 y 2000.

El juez Rafael Martínez decidió el sábado enjuiciar a Fujimori y a varios exministros por el caso. El Poder Judicial peruano informó más tarde que, a petición de la defensa del exmandatario, suspendía el procesamiento por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a Perú en 2007.

Entonces, la fiscal del caso, Carmen Rosa Crisóstomo, indicó que el Ministerio Público “oportunamente presentará la ampliación de solicitud de extradición” a Chile.

Martínez había afirmado la semana pasada que Fujimori -de 83 años y que cumple una condena de 25 años de prisión- no podía por ahora ser procesado por las esterilizaciones forzadas, pues esta causa no fue incluida en el pedido de extradición desde Chile, concedida por delitos de violaciones de derechos humanos y corrupción.

En la misma audiencia, realizada de forma virtual, el magistrado decidió abrir también proceso penal a “los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, y a Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores mediatos por dominio en aparato organizado de poder”.

El expresidente peruano (1990-2000) Alberto Fujimori llega a una clínica privada en Lima, el 4 de octubre de 2021. Foto: AFP

Ellos serán procesados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos.

El proceso penal de las esterilizaciones forzadas cuenta con 1.317 demandantes y se inició en 2002, siendo archivado y reabierto varias veces.

La comisión del Congreso peruano que en 2002 investigó los casos de anticoncepción quirúrgica, concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. Muchas de las mujeres eran indígenas de provincia que no hablaban español.

Una de ellas dijo que en 1997, cuando tenía 19 años, fue a vacunar a su guagua al consultorio y le ligaron las trompas. El cuestionado programa buscaba reducir la tasa de natalidad para impulsar el desarrollo económico. En estas cirugías murieron 18 mujeres, según datos oficiales.

El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su “consentimiento genuino”.

Investigaciones y testimonios recogidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Cladem, por el Congreso peruano y medios de comunicación enumeran los métodos de hostigamiento, amenaza o chantaje empleados por personal de salud de aquel entonces para practicar ligaduras en mujeres peruanas. Por ejemplo, se chantajeaba a las madres que recién habían tenido a sus hijos con no inscribirlos en registro civil. Además, se las amenazaba con realizar abortos a las mujeres embarazadas que no acepten ser esterilizadas.

Se realizaban visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver “con la policía” si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.

Entre los acusados está Alejandro Aguinaga, médico del propio Fujimori, exministro de Salud y actual congresista por Fuerza Popular, el partido político que lidera la hija del exgobernante, Keiko Fujimori.

Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con las faldas y piernas manchadas con tinta roja. También mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas.

El caso también toma interés porque el actual ministro de Salud, el doctor Hernando Cevallos, denunció en 1997 a la fiscalía, junto con otros médicos, que les obligaban a operar hasta 60 mujeres por día en las campañas de esterilizaciones.

El Presidente Pedro Castillo también prometió justicia a las mujeres esterilizadas días antes de una ajustada segunda vuelta presidencial en junio cuando venció a Keiko Fujimori. Castillo recordó que su propia familia campesina también sufrió las esterilizaciones y comentó que “el dolor de las víctimas de las esterilizaciones forzadas es el mío”.

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