A más de un mes de que se haya iniciado la crisis en Perú, la gestión de la Presidenta constitucional, Dina Boluarte, tiene una desaprobación de 71%, mientras que solo un 19% está de acuerdo con su manejo. Así lo dio a conocer una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que fue divulgada el domingo por el diario La República y que señaló además que un 88% de la población reprueba el desempeño del Congreso y apenas un 9% lo aprueba.

En un mes, dice el sondeo, la percepción de la ciudadanía respecto del Parlamento empeoró aún más, ya que en diciembre último, tenía a un 80% en contra y un 15% a favor en la misma evaluación.

Por otro lado, la encuestadora IPSOS también realizó otro sondeo en el que se preguntó sobre el adelanto de las elecciones -que ya se aprobó en primera votación del para abril del 2024- y el 52% de encuestados consideró que las elecciones generales deberían realizarse en diciembre del 2023 “con pocas reformas políticas”; mientras que el 40% se mostró a favor de que sean en abril del 2024 “con amplias reformas”.

Asimismo, la encuesta de Ipsos reveló que el 57% de ciudadanos considera que las elecciones generales deben darse “cada cuatro años”; mientras que el 40% está a favor de que se mantengan cada 5 años.

Según el estudio del IEP, un 58% de los peruanos cree que hubo excesos de parte de las fuerzas de orden frente a las protestas recientes. Al contrario, un 26% de los entrevistados, que corresponde a cerca de una cuarta parte del país, cree que las fuerzas del orden manejaron apropiadamente la convulsión.

Respecto a los responsables de las muertes ocurridas en el marco de las protestas, la encuesta de Ipsos precisa que el 42% de los ciudadanos considera que esas responsabilidades recaen en “dirigentes que alentaron a los manifestantes a irrumpir violentamente en los aeropuertos; mientras que el 36%, considera que son responsables las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden a impedir la irrupción violenta de los aeropuertos.

Además, según el sondeo del IEP para un 60% de la población, se justifica que haya habido protestas en diciembre. En cambio, más o menos un tercio del país, 35% en el sondeo, considera que estas manifestaciones no tienen justificación.

En el mismo estudio, un 44% de los peruanos creen que los actores más importantes de esas movilizaciones fueron grupos de ciudadanos espontáneos u organizados. Un 27% atribuye esa responsabilidad a colectividades violentistas o vinculadas a terroristas y un 13% a agrupaciones relacionados con economías ilegales.

En ese sentido, la encuesta de Ipsos señala que el 63% de la ciudadanía considera que las acciones violentas - tales como toma de aeropuertos y ataques a locales públicos y privados - producidas en Puno y otros lugares son acciones organizadas por movimientos políticos, mientras que el 30% cree que fueron expresiones espontáneas. Cabe recalcar que en Lima el 73% de encuestados consideró que eran acciones organizadas por dichos movimientos y, al interior del país, el 57% tuvo esa misma percepción.

Hasta la tarde del viernes, la Defensoría del Pueblo señaló que las protestas contra el gobierno han dejado 49 muertos, incluyendo 41 civiles caídos en enfrentamientos, un policía calcinado tras un ataque y siete civiles que perecieron en accidentes de tránsito y otros siniestros vinculados al bloqueo de vías.

Las protestas tomaron un nuevo impulso tras reanudarse hace dos semanas luego de una tregua parcial por las fiestas de Año Nuevo. Entre los manifestantes hay quienes reclaman también la liberación del exmandatario Pedro Castillo, que permanece en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión.

Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fue destituido por el Congreso tras intentar disolver la institución en un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La mandataria ocupaba la vicepresidencia y fue elegida en la misma lista con su antecesor.

En un mensaje televisado el viernes, Boluarte negó que vaya a renunciar al cargo. “No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”, aseguró.

Se refirió a quienes piden su dimisión como “algunas voces que salen de los violentistas y radicales” y que están “azuzando a la población al caos, el desorden y los destrozos”. Además, pidió disculpas por los decesos ocurridos en las movilizaciones.

“No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos”, expresó la mandataria.

La mandataria amplió el domingo el estado de emergencia por 30 días en el departamento de Lima, donde se ubica la capital del país, y las regiones de Puno y Cusco, en el sur peruano; la región y provincia del Callao, colindante con la capital; una provincia de la región Apurímac; otras dos de Madre de Dios; y un distrito en Moquegua, estas últimas también jurisdicciones sureñas. La norma se publicó el sábado en la noche en una edición extraordinaria digital del diario oficial El Peruano.

El estado de emergencia suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y, así como las libertades de tránsito, reunión y seguridad personales. Establece que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de contener posibles convulsiones.

La medida incluye cinco carreteras que atraviesan el país, tras varios incidentes de bloqueos de vías en las protestas que paralizaron el trasporte de personas y mercancías.

Además, se estableció un toque de queda nocturno en Puno, uno de los epicentros de las protestas, por 10 días desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada. Esta medida se había dado antes por tres días desde el martes 10 hasta el viernes 13.

La Defensoría del Pueblo había informado el sábado por la tarde de nuevas movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 33 provincias, la mayoría de regiones del sur del país. Además, registró 100 cortes en carreteras nacionales y un ataque a unidades de transporte público para obligarlas a sumarse a protestas en la región sureña de Arequipa.

Boluarte impuso el estado de emergencia en todo el país en diciembre durante un mes, que ya se había cumplido.