A 11 días de la tragedia de conscriptos en Putre, Iturriaga visa la baja de un general y descabeza unidades tras presión de La Moneda

Un duro mea culpa realizó la tarde de este miércoles el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, respecto de cómo la institución hizo frente a la crisis que tuvo como protagonistas a conscriptos que cumplían con su servicio militar en la Brigada Motorizada n.º 24 “Huamachuco”, y en medio de la cual Franco Vargas falleció y otros 45 jóvenes se vieron afectados por un “cuadro viral”.

Y es que luego de que La Moneda elevara el tono y le exigiera a la autoridad castrense tener un rol más activo, Iturriaga reconoció que la información inicial que fue difundida por el Ejército “adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento”.

Por lo mismo, y haciendo presente que esta obedeció a los detalles que entregaron los funcionarios a cargo, el general fue enfático en que es una materia que siguen investigando “para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o si derechamente se mintió”.

Agregó, en el mismo sentido, que los cinco días que lleva desplegado en la zona le ha dejado “una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción, del cumplimiento de los protocolos de régimen interno y sanitarios”, y que de comprobarse aquello por medio de las investigaciones en curso, “deberán asumirse las responsabilidades que se determinen”.

Según expresó, hubo “falta de diligencia” y “omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente falsedades y tergiversaciones” y responsabilizó de ello directamente a las máximas autoridades de la zona. Por ello, informó que decidió remover y proponer el retiro del comandante en jefe de la VI División de Ejército, general de brigada Rubén Castillo Herrera, y del comandante de la brigada que tenía bajo su tutela a los conscriptos, coronel Sebastián Silva Ramírez.

Estos dos últimos funcionarios se suman a los ocho efectivos que inicialmente habían sido relevados de sus cargos mientras se realizan las indagaciones, y que según precisó el comandante en jefe, tenían “el mando directo en los hechos ocurridos”.

A pesar que desde el Ejército habían transmitido en días previos que hubo falencias en la reacción que tuvieron, también habían hecho presente que el comandante en jefe estaba desplegado intentando despejar lo ocurrido y así disipar los cuestionamientos. Pero eso no fue suficiente y desde el Ejecutivo fueron aumentando la presión sobre él.

Como aseguraron fuentes de gobierno, había una mala evaluación de su gestión y descontento porque recién viajó a Arica el sábado 4 de mayo. Estimaban que sus acciones habían sido tardías y que debió alzar la voz con anterioridad, pese a que había otros militares atendiendo la situación.

Eso gatilló que la ministra de Defensa, Maya Fernández, lo llamara la tarde del lunes, pero este miércoles fue el propio Presidente Gabriel Boric quien decidió intervenir.

“He instruido a la ministra de Defensa que se comunique con el comandante en jefe, Javier Iturriaga, para que el viernes, a la vuelta de esta gira, asistan ambos a La Moneda y me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y las medidas para evitar que esto se repita”, sostuvo el Mandatario, junto con confirmar que se reunirá con la madre de Franco, Romy Vargas, el lunes 13 de mayo.

Pero pese a los cuestionamientos, Iturriaga fue firme en que el Ejército ha hecho todo lo necesario y aprovechó el punto de prensa para también destacar que estuvo presente desde el primer minuto.

“A mi juicio, lo que está en duda es la credibilidad de la institución. Se ha instalado una duda respecto de que estamos ocultando información, tergiversando los hechos, y eso no es así. He estado todos los días de que la investigación avance. Yo no tengo injerencia en los detalles, pero he estado preocupado de que todos los fiscales tengan a los testigos que correspondan”, sostuvo.

Confirmó, en esa línea, que durante la jornada de este jueves 9 de mayo se reunirá con la ministra Fernández para detallarle el trabajo que ha hecho y que hará lo propio la jornada del viernes ante el Presidente Boric en La Moneda.

Ante las declaraciones y tras asistir a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Maya Fernández reiteró su interés porque todos los hechos sean esclarecidos. “Cualquier persona que no haya dicho la verdad tiene que ser sancionada, acá queremos transparencia total y lo hemos dicho desde el primer día”, indicó.

La presión desde el Congreso ha sido otro de los factores que Iturriaga ha debido enfrentar durante esta semana.

A partir del lunes, cuando se retomaron las labores legislativas en Valparaíso, sectores de la izquierda comenzaron su arremetida por el caso de Franco Vargas y rápidamente sembraron su intención de acusar constitucionalmente a la cabeza de una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

“El Ejército no ha actuado con el honor que corresponde. (...) (Han actuado) con prácticas propias de regímenes autoritarios, de la dictadura, en el servicio militar que hoy están realizando jóvenes de nuestro país. (...) Esperaría que el Presidente destituya al general Iturriaga. Si no es así, voy a juntar las firmas para una acusación constitucional”, planteó el diputado Félix González, del Partido Ecologista Verde, que no forma parte de la alianza de gobierno.

Entre los posibles aliados con los que podría contar González, desde el Congreso se han transmitido nombres como Mónica Arce, Ana María Gazmuri, Pamela Jiles, René Alinco o Hernán Palma.

En tanto, desde el Frente Amplio, coalición base del Presidente Boric, descartaron de lleno la idea de un libelo acusatorio contra Iturriaga. Pese a ello, la presidenta de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Lorena Fríes (CS), planteó que “obviamente una de las posibilidades es exigir que dé un paso al costado”. Eso sí, la misma parlamentaria también apuntó a que antes de tomar una determinación de esas características, se puedan tener todos los antecedentes sobre la mesa.

Al mismo tiempo, el diputado Gonzalo Winter (CS) solicitó la creación de una comisión investigadora que aborde el caso de Franco Vargas.

Otra de las voces que se sumó a la petición de renuncia de Iturriaga fue la senadora, y presidenta de la comisión de DD.HH. de la Cámara Alta, Fabiola Campillai, quien, tras reunirse con la familia de Vargas, esbozó: “Pido la baja del comandante en jefe del Ejército. Es él el que tiene que salir porque no ha sabido llevar su Ejército”.

En paralelo a la polémica por el despliegue del mandamás de la institución castrense, la Corte Suprema confirmó la designación de un ministro en visita extraordinario para que indague lo ocurrido durante la marcha militar en Putre.

“El máximo tribunal designó para estos fines a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial Jenny Book”, informaron desde el Poder Judicial.

Y tras ello, Book transmitió que este jueves llegará a Putre “con el fin de practicar aquellas primeras diligencias, y ojalá también poder tener alguna reunión con la familia de los conscriptos”. Por tratarse de un causa de la justicia militar, eso sí, adelantó que “no podemos informar las diligencias a cabalidad o con mucha precisión”.

En todo caso, y dado que la determinación aún no es notificada formalmente al Ministerio Público, la Fiscalía Regional de Arica ha decidido continuar con las diligencias que inició a raíz de una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por delitos de apremios ilegítimos.

De hecho, como pudo recabar este medio, durante este miércoles la unidad liderada por el fiscal Anatole Larrabeiti se reunió con un equipo especial de la PDI, a fin de coordinar el trabajo investigativo y diligencias.

Esto gatillará, entonces, que se inicie una contienda por la competencia sobre la materia investigada y se estima que la Corte de Apelaciones de Arica podría definir.