A días del cierre de puertas: los capítulos que marcaron el fin del Sename

El 1 de enero de 1980 comenzó a operar el Servicio Nacional de Menores (Sename). Y a 43 años de aquello, el próximo 13 de enero -entre la Región de Arica y Parinacota y la de Coquimbo-, el cuestionado organismo comenzará, en la práctica, su proceso final de cierre, dando paso a un nuevo organismo, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

El Sename, anunciado por el régimen militar en 1979, reemplazó en aquel entonces al antiguo Consejo Nacional de Menores (Coname), que acumulaba una serie de críticas por su falta de transparencia y funcionamiento. Se incorporó, de esta forma, el modelo de subvenciones que se mantiene hasta ahora y que corresponde a transferencia de recursos del Fisco a organismos privados que se encargan de llevar adelante los programas de protección de la niñez o de la reinserción social de niños, niñas y adolescentes (NNA) infractores de la ley.

Pese a que la transición desde el Coname al Sename tardó años, el prometedor nuevo sistema comenzó a exponer una serie de falencias. Si bien se valoró la mayor transparencia, rápidamente afloraron las deficiencias en materia de infraestructura y en la focalización de recursos. Y a eso se sumaron una serie de incidentes al interior de recintos dependientes de la entidad. “El Sename trató de arreglar algo y a los tres años ya las cosas estaban peor que antes, y eso se va a repetir”, explica el exdirector Francisco Estrada.

Desde 1988 en adelante, según un texto académico de Estrada y el profesor Martín Bernales, 11 incendios e incidentes entre menores de edad que estaban bajo la tutela del Sename generaron un centenar de heridos y fallecidos. Uno de los hechos más complejos ocurrió el 31 de diciembre de ese año en el “Hogar de Menores San Francisco”, en el cual fallecieron 11 niños de entre 12 y 17 años producto de un incendio.

En ese entonces, el país estaba convulsionado por las protestas sociales del fin de la dictadura, y al interior del Sename la situación no era distinta. Hubo un ascenso de motines y fugas, y sólo en 1989 se escaparon 286 menores de edad.

Ante esa creciente crisis, en junio de 1990, la entonces subsecretaria de Justicia, Martita Worner, en entrevista con La Tercera daba cuenta de la situación: “Las fugas de menores tienen toda una justificación porque los menores están en estos centros con falta de alimentación suficiente, están con una desatención increíble y muchísimas veces son sometidos a malos tratos”.

Con la llegada de la democracia, y encaminados hacia el nuevo siglo, según quienes conocen de la historia del sistema, el Sename comenzó a crecer y a tener mayores recursos. Pese a eso, los problemas que acarreaba comenzaron a ser más visibles y se apoderaron de análisis y estudios.

Uno de ellos es el elaborado el 2012 por el Poder Judicial, el denominado “Informe Jeldres” -por el apellido de la jueza que lo encabezó, Mónica Jeldres- que dio cuenta de una serie de irregularidades al interior de los centros, detectando constantes abusos sexuales cometidos hasta por los propios guardadores. La magistrada señala a La Tercera que dicho trabajo “permitió conocer un sistema que se mantenía oculto, bien cerrado, en que miles de niños vivían y viven maltrato, abuso y explotación. Permitió develar las malas prácticas de la justicia de familia, y pudo dar cuenta de los déficit que tenía la propia institución”.

Para Rosario Martínez, exdirectora del Sename, cuando ella asumió el 2020 se encontró -como describe- con un “servicio muy antiguo, con muy pocos procesos informáticos y, por tanto, con mucha carpeta, papel. Era un poco desordenado, anticuada la forma de funcionar y dificultaba un poco ordenar mejor los procesos”. Sostiene, también, que la institución “no tenía un equipo de programas para poder estar adelantándose sobre cómo evoluciona la demanda”.

A juicio de Estrada, el Sename “ha sido una suma de crisis, una crisis permanente, un servicio que le ha costado mucho ponerse al día en la modernización del Estado y que se reinventa en 2021 con Mejor Niñez, pero que nuevamente repite un problema endémico, que es la falta de gestión”. Considera, en esa línea, que son tres los problemas que afectaron el funcionamiento del organismo: que fue capturado por los partidos políticos, falta de recursos humanos y carencia de colaboración de otras instituciones del Estado. Opinión que también comparte Martínez.

El 2017, tras diversos informes e investigaciones, incluso el Comité de Derechos del Niño -dependiente de la ONU- estableció que el Estado de Chile violó sistemáticamente los derechos humanos de los menores de edad que estaban bajo su cuidado. Candy Fabio, oficial de protección de Unicef, sostiene que “son muchos los factores que influyen en que las instituciones no logren dar protección efectiva a todos los niños y niñas que lo requieren, especialmente a quienes ya han sido vulnerados en sus derechos. La mayoría de estos factores están en procesos de diseño o en procesos de implementación progresiva”.

“Se necesitan profesionales y técnicos responsables del cuidado de niños en residencias altamente especializadas en la protección, donde se propician relaciones cariñosas basadas en el respeto absoluto de los derechos de cada niño bajo su cuidado”, agrega.

La tarde del 11 de abril de 2016, Lissette Villa, una niña de tan sólo 11 años falleció mientras se encontraba bajo el cuidado del Sename en el Cread Galvarino de Estación Central. Rápidamente su rostro siempre sonriente y de chasquilla bien marcada comenzó a copar las noticias nacionales, pues había fallecido luego de que dos de sus cuidadoras la inmovilizaran a la fuerza.

Hasta entonces el número de niños, niñas y adolescentes que fallecían bajo el cuidado del Estado no eran conocidos. Un informe de la Fundación para la Confianza reveló que entre el 2006 y el 2020, 1.836 menores de edad murieron mientras estaban en el sistema. Y desde febrero de 2018 la institución comenzó a reportar las muertes, y se pudo determinar que el 50% de estas se debe a causas violentas, y el 41%, por problemas de salud.

Para Estrada “con la muerte de la niña Lissette, y el mal manejo de las autoridades de la época, la cuestión explota (...) Este hito genera un cambio a nivel de Estado que se refuerza con el informe del comité de derechos del niño de la ONU. La cuestión queda formalizada y ahí se produce un incremento de recursos y nuevas políticas públicas”.

Y es que el complejo clima político generado tras la muerte de la pequeña Lissette Villa gatilló la salida de la entonces directora del Sename, Marcela Labraña, y también de la exministra de Justicia, Javiera Blanco. A siete años de aquello, Jaime Campos recuerda que cuando asumió como nuevo ministro “la situación del Sename era muy crítica por los hechos que habían ocurrido y eso nos llevó a trabajar conjuntamente con la directora nacional y las otras autoridades”.

“Fuimos progresivamente presentando todos los proyectos de ley tendientes a la separación del Sename, le entregamos mayores recursos a la institución y se hicieron diversas evaluaciones, se corrigieron errores que había en materia de gestión. No puedo decir que se solucionaron todos los problemas, pero se avanzó bastante”, complementa el exsecretario de Estado.

Por otro lado, la Defensoría de la Niñez elaboró un informe que dio cuenta de que de todas las muertes investigadas por el Ministerio Público, sólo el 2% tiene una condena. A juicio de Anuar Quesille, defensor de la Niñez, “la necesidad de verdad, justicia y reparación sigue siendo un imperativo para todas aquellas víctimas directas e indirectas de las graves violaciones de derechos humanos. Ante esto es posible inferir que el proceso investigativo y judicial no ha bastado para lograr aquello, por lo que, junto con el conocimiento, investigación y condena de estos hechos, se requieren otro tipo de instancias que permitan la reparación. Por ello que la Defensoría ha instado a que se cree una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, cuestión también recomendada por el Comité de los Derechos del Niño”.

En junio del 2000, el expresidente Ricardo Lagos anunció la primera gran reforma para el cuestionado sistema. El principal objetivo de este cambio era separar la atención de NNA vulnerados en sus derechos de aquellos que ingresaban al sistema como infractores de la ley, aunque los cambios nunca vieron la luz más allá de la integración de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente el 2005.

Un año después, la expresidenta Michelle Bachelet anunció un “Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia”. El 2007, gobierno y oposición llegaron a un acuerdo por temas de seguridad, donde nuevamente se indicaba que a más tardar en 2008 se enviaría una gran reforma al Servicio Nacional de Menores. El 2010, el Presidente Sebastián Piñera anunció en su cuenta pública una reforma para separar en dos servicios el alicaído sistema, pero la reforma que nunca se logró.

A meses de la muerte de Lissette Villa, el 2016, durante el segundo periodo de Bachelet se presentó el “Plan de Acción, Servicio Nacional de Menores”, que proponía -entre otras cosas- nuevamente la separación de los servicios. Cuatro años después, el Congreso aprobó el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). Y dos años más tarde haría lo mismo con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que comenzará a operar prontamente.

Ante eso, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, concluye que con el inicio de la reforma al sistema de justicia juvenil “se cumple una deuda pendiente de nuestro país en relación a la adecuación de la institucionalidad a las exigencias de especialización en la materia, cuestión que se había observado al Estado en diversas oportunidades. Asimismo, nos permite adecuar la ley y la institucionalidad a los nuevos desafíos en materia de seguridad resguardando el pleno respeto a los derechos humanos”.