A la espera de la Ley de Seguridad Municipal: comunas con más homicidios detallan cómo enfrentan este fenómeno

Aunque la tasa de homicidios bajó un 4,8% a nivel nacional en 2024, hay comunas que mantienen cifras elevadas de crímenes de esta índole, como Puente Alto, Santiago y Antofagasta. Los propios municipios, así como los gobiernos regionales, dan a conocer sus medidas, acusando pocas atribuciones.
A partir del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2024, dado a conocer la semana pasada por el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se evidenció una baja de un 4,8% en la tasa de homicidios a nivel nacional. Sin embargo, el mismo informe identificó a diez comunas que concentraron la mayor cantidad de crímenes durante el año pasado, encabezadas por Puente Alto (22 homicidios por cada 100 mil habitantes), Santiago (21) y Antofagasta (19).
Estas cifras han llevado a los municipios a reforzar sus estrategias de seguridad, observando con cautela las medidas implementadas por el gobierno en sus comunas. Una de las principales, el plan Calle Sin Violencia. En este contexto, La Tercera consultó a los municipios y Gobiernos Regionales que encabezan el ranking para conocer en propia voz cómo están enfrentando esta fenómeno, mientras aguardan por la Ley de Seguridad Municipal que, según argumentan, permitiría enfrentar con mejores herramientas la situación.
Con 21 homicidios, Santiago se posicionó como la segunda comuna con más crímenes en el país. En tal sentido, el director de Seguridad Municipal, Arturo Urrutia, explica que su labor se concentra en prevención y apoyo a investigaciones: “La seguridad municipal no tiene atribuciones para perseguir delitos, sino que colabora con registros de cámaras e informes para Fiscalía y policías”.
Ante este escenario, el alcalde Mario Desbordes (RN) insistió hace unos días en la necesidad de una nueva legislación: “Si hay una petición que pudiera catalogar como la más importante, es pedirle al ministro (de Seguridad, Luis Cordero) que nos ayude para que la Ley de Seguridad Municipal salga ahora ya”.
Urrutia, eso sí, asegura que el municipio prioriza sectores críticos como Franklin, Meiggs, Yungay, Lastarria y Matta Sur, donde realiza patrullajes diarios, fiscalización del comercio ilegal y apoyo a la persecución de delitos. “Gracias a nuestras cámaras y a las denuncias de los vecinos hemos podido proporcionar pruebas clave para casos de narcotráfico”, indica. Actualmente trabajan en mejorar el equipamiento y aumentar el personal de seguridad para responder más rápido a los requerimientos vecinales.
Hacia regiones, con 16 homicidios, Valparaíso se posicionó en el quinto lugar del ranking nacional.
La alcaldesa Camila Nieto (FA) explica que actualmente se encuentran en pleno proceso de aprobación de un nuevo Plan Comunal de Seguridad Pública, el cual, dice, tiene “una fuerte vocación territorial, considerando la diversidad de realidades de Valparaíso”.
Desde el municipio destacan la implementación del patrullaje mixto entre Carabineros y equipos municipales. “Hemos generado un complemento virtuoso para entregarle más sensación de seguridad. De esa forma, y de la mano de la Delegación Presidencial, hemos recuperado la plaza Aníbal Pinto, que antes contaba con una fuerte presencia de tráfico ilícito y delincuencia”, señalan. A esto suman la reparación de 20 cámaras y proyectan la instalación de 42 nuevas, así como estar licitando indumentaria y equipamiento, y haber incorporado recientemente un lector de patentes para detectar vehículos robados.
Con 19 homicidios, Antofagasta se ubicó como la tercera comuna con más asesinatos en el país. El alcalde Sacha Ramicic (Evópoli) cuenta que entre las acciones implementadas desde su llegada destaca la reincorporación al sistema STOP de Carabineros, la creación de una Asociación de Municipalidades de Seguridad Pública del norte grande, y el refuerzo de los planes municipales de recuperación de espacios públicos y ordenamiento comunal.
Con 13, Maipú se ubicó como la séptima comuna con más asesinatos en el país. Desde el municipio enumeran el aumento de patrullajes con una flota que se ha quintuplicado, el recambio de luminarias y el impulso de proyectos comunitarios de seguridad, como la instalación de alarmas vecinales.
También valoran la coordinación con el gobierno y Carabineros, que permitió operativos en sectores críticos, recordando el despeje de la plaza de Maipú en 2022 y la clausura del ex-Espacio Don Óscar en 2023. Este año, aseguran, sumarán nuevas cámaras de vigilancia y equipamiento para los funcionarios municipales de seguridad.
Misma cantidad de homicidios registrados en 2024 tuvo Arica, comuna donde han apuntado a las intervenciones preventivas y patrullajes, que entre ambos sumaron más de 790 en marzo. El alcalde Orlando Vargas asegura que la falta de personal de Carabineros provocó que el municipio implementara un cuerpo de seguridad propio, pero advierte que este “no da abasto”. En ese contexto, solicita una medida: “Necesitamos que el gobierno saque a los militares a la calle”.
Por otro lado, y aunque no está entre las diez comunas con mayor cantidad de homicidios, Independencia presenta una de las tasas de fallecidos por esta causa más altas del país: 11,7 por cada 100 mil habitantes.
El alcalde Agustín Iglesias (ind.-UDI) asegura que han logrado duplicar la cantidad de funcionarios de seguridad, y realza la creación de una central de llamadas y un nuevo centro de comando y control con 99 cámaras, en 44 puntos estratégicos.
¿Y qué hacen las otras del top 10? Puente Alto justificó que “por tiempo” no participaría de esta nota, mientras que Viña del Mar, a cargo de la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), y Recoleta, liderado por el alcalde Fares Jadue (PC), no respondieron a las consultas.
Los gobiernos regionales
El informe también evidenció disparidades al consolidar las cifras por regiones. En tal sentido, la Metropolitana, Valparaíso y Biobío concentraron la mayor cantidad de homicidios en términos absolutos durante 2024, con 552, 134 y 112 casos, respectivamente. Son, a su vez, las regiones más grandes del país.
Pero el gobernador Claudio Orrego defiende el rol de su institución: “No podemos esperar a tener facultades legales para hacer el trabajo que exigen los vecinos. La gente tiene miedo y necesita ver presencia del Estado”. En ese sentido, adelanta una inversión de $177 mil millones en iniciativas de seguridad, que incluyen apoyo a policías, fiscalías, patrullas regionales, infraestructura, iluminación, cámaras y proyectos comunitarios.
Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, es categórico: “La ciudadanía no espera más funcionarios, espera resultados”, afirma, anunciando el diseño de un Centro de Monitoreo Integrado entre comunas, con criterios técnicos y una “visión moderna” de inversión en seguridad.
En Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.) no quiso participar de la solicitud de este medio.
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