Agresiones, abusos y falta de atención: Defensoría Penal registra 481 denuncias de reos por violencia carcelaria

Como parte de las definiciones estratégicas de la Defensoría Penal Pública en los últimos años, según manifiestan desde la institución, se ha procurado poner énfasis en la atención adecuada de las personas privadas de libertad a lo largo del territorio nacional.

Esto, señalan desde el organismo, no solo en cuanto a la defensa especializada que se requiere en algunos casos, sino también en lo referente a las condiciones en que cumplen prisión preventiva o condenas, dado que se observó que en diferentes recintos penitenciarios había internos que estaban sufriendo vulneraciones por parte de sus custodios.

Por lo mismo, durante el primer semestre de 2022 avanzaron en la implementación, en conjunto con otras entidades, del “Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria–SIRCAIVI”, el cual ya contabiliza cerca de 500 denuncias de reos por maltratos de parte de agentes penitenciarios.

Como pudo conocer La Tercera, desde que entró en funcionamiento la mencionada fórmula y hasta la fecha, se registran 481 casos, de los cuales 423 corresponden a denuncias estampadas por hombres y 58 a mujeres. Todos ellos, como transmiten desde la DPP, dan cuenta de haber sido víctimas de violencia institucional de parte de agentes del Estado mientras se encontraban recluidos en diferentes recintos penales.

Conforme al detalle, de las 423 denuncias formalizadas por hombres, 289 corresponden a sujetos condenados y 134 a imputados. Y en el caso de las denuncias de mujeres, 44 son de condenadas y 14 de imputadas.

Respecto a los tipos de violencia revelados, agregan desde la Defensoría, en su mayoría corresponde a agresiones físicas o psicológicas, seguidas de hechos que corresponden a abusos de autoridad y falta de atención médica.

Sobre el trabajo que se ha hecho en esta materia, el ahora ex defensor nacional Carlos Mora Jano planteó que “este sistema pretende llevar a la práctica un mandato fundamental que tienen las Defensorías Públicas, que es reforzar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. Asimismo, busca dotar al organismo de un protocolo de actuación frente a posibles casos de violencia institucional carcelaria y, de esta manera, solicitar y adoptar medidas urgentes y reforzadas de protección integral”.

Consultado respecto de la situación evidenciada gracias a SIRCAIVI, Luis Vial, encargado del área penitenciaria del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, manifestó que “es una oportunidad para generar información sobre las violencias ejercidas de manera ilegítima e ilegal por parte de funcionarios públicos”.

Lo anterior, porque actualmente no hay certeza respecto de la magnitud real que alcanza la violencia en recintos penales. La cifra disponible en el sistema permitiría aproximarse a aquello, aunque no la totalidad de los reos que son víctimas de estos hechos denuncia, por temor a represalias. “Existe un fuerte temor a las consecuencias que esto puede aparejar, y muchas veces se generan situaciones en las que se produce un uso abusivo del poder, que no se ejerce con la responsabilidad necesaria, lo cual es inaceptable según la ley”, expuso.

En ese sentido, Vial postula que “el primer desafío es darle suficiente visibilidad al problema. El segundo es que las personas se atrevan a denunciar; para ello, es fundamental garantizar la protección a las víctimas. Esto requiere la participación de diversas disciplinas y un apoyo psicológico sostenido, ya que las víctimas a menudo quedan con traumas y secuelas, y pierden la confianza en el Estado y en la justicia”.

En el mismo sentido, planteó que “es fundamental que las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público avancen y puedan generar sentencias. Disminuir la impunidad en el ámbito carcelario es crucial. Además, es necesario avanzar en la profesionalización de la función penitenciaria y dotar a los funcionarios de los recursos suficientes para que ejerzan plenamente su labor”.

Asegura, igualmente, que aquello “está relacionado tanto con la preparación del personal como con los procedimientos implementados. Debe iniciarse desde el momento en que los gendarmes ingresan a sus escuelas de formación y continuar a lo largo de toda su trayectoria profesional. El Estado debe prestar más atención a esta cuestión, lo cual requiere un mayor compromiso e inversión pública”.