Al menos 45 menores de edad abortaron en el primer año de la ley de tres causales

En el primer año de vigencia de la Ley de Aborto, que rige desde septiembre de 2017, los hospitales del país realizaron al menos 535 interrupciones voluntarias de embarazos, en el marco de las tres causales dispuestas: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

Así se desprende de la información que recopiló La Tercera, tras pedir vía Ley de Transparencia un balance de la implementación de la norma a los 69 hospitales públicos habilitados para estos procedimientos. De ellos, 65 entregaron sus datos (ver infografía).

Según el reporte, se registraron 702 embarazos que cumplían los requisitos, cifra revela que en el 76% de los casos las gestantes decidieron interrumpir el embarazo. Con esto, los procedimientos se dividieron en 277 abortos por la primera causal, 165 por la segunda y 93 por la tercera.

Además, los hospitales informaron que 45 menores de 18 años se sometieron a un aborto. De ellos, a 32 se lo practicaron tras acreditarse que los embarazos fueron producto de violaciones, la mitad de estos a niñas de 14 años o menos.

En cambio, otros 61 casos se descartaron, luego de que el estudio clínico comprobara que no había inviabilidad fetal o riesgo materno, y en el 12% de ellos se descartó violación, por no existir un relato consistente, falta de coincidencia entre la fecha declarada para el delito y la edad gestacional o por excederse el plazo límite para el aborto (12 semanas para mayores de 14 años y 14 semanas para menores de esa edad).

También se reportaron nueve embarazos producto de violaciones que las mujeres rechazaron interrumpir.

Las cifras de este primer balance de la ley generan dudas entre los expertos. Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género del Colegio Médico, sostiene que "se ve una implementación débil. La cifra es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud (Minsal), que estimó unas 2.500 interrupciones al año. Creemos que se debe a que el foco ha estado en proteger a las instituciones objetoras, flexibilizando la objeción de conciencia, por sobre proteger el derecho de las mujeres a decidir. Es necesario que el Estado adquiera un mayor compromiso para que ninguna mujer quede fuera".

En la misma línea, Paz Robledo, médico y exasesora del Minsal en la administración pasada, dice que el mayor desfase en relación a las estimaciones se da en la causal tres: "Es menos del 5% de lo proyectado". Añadió que, tras el largo debate social y legislativo, la ley aún genera resistencia y que "los grandes problemas son que no se ha capacitado a los profesionales en cuanto a las prestaciones nuevas y falta difusión e información".

Claudia Dides, académica de Salud Pública de la Usach, sostiene que falta capacitación en las unidades de Alto Riesgo Obstétrico y que la ley adolece de varios elementos: "No ha habido capacitación continua, no existe difusión y falta información sobre las prestaciones a las que se puede acceder. Además, en algunos hospitales no están implementados los psicólogos y trabajadores sociales, que eran parte de la ley para el acompañamiento de las mujeres".

Dides agrega que los conflictos por la objeción de conciencia institucional, particularmente, conflictuaron la legislación. "Es un tema no resuelto, lo más probable es que termine en la Corte Iberoamericana o en la Suprema. Ahí hay una tensión y no fue una buena medida por parte del Tribunal Constitucional", dice, aludiendo la resolución que introdujo en la ley la potestad para que centros privados rechacen hacer abortos.

Verónica Hoffmann, directora de la Fundación Chile Unido, señala que es "lamentable el número de abortos realizados a la fecha. Desconocemos si las embarazadas están siendo informadas veraz y oportunamente sobre los Programas de Acompañamiento, tal como lo señala la normativa, pues quizás cada uno de esos casos habrían sido mujeres que hubieran continuado sus embarazos".

Para Hoffmann, una gran dificultad es la falta de acompañamiento y llamó a fortalecerlo: "Desde nuestra experiencia, en 20 años, podemos constatar que cuando se acoge a una mujer en situación de vulnerabilidad, el 82% continúa con su embarazo. Este año acompañaremos a más de 790 mujeres en el país, cuyos hijos se sumarán a los más de 5.500 niños que han nacido, que quizás no lo hubieran hecho y hoy son parte de nuestra sociedad".

Ramiro Molina, ginecólogo y académico de la U. de Chile, indica que las cifras contrarrestan las teorías de masividad. "Una mujer no va y pide abortar, es un aborto de causa médica. Grupos conservadores dijeron que la causal de violación iba a generar que las mujeres mintieran y han cometido un grave error. Nosotros calculábamos entre 600 y 1.000 abortos por esta causa y la cifra actual es baja para lo esperado", explica.

Molina agrega que el caso de las menores de 14 años que abortaron es preocupante, ya que "estas 16 chicas son la punta del iceberg y muestran que el problema es mucho mayor de lo que imaginamos, porque este grupo es el menos denunciante. Los embarazos en menores de 14 años de países desarrollados son de muy baja frecuencia y nosotros seguimos teniendo este problema".

Al respecto, desde el Minsal se informó que "si la niña es menor de 14 años, el proceso de evaluación del relato es muy abreviado y está orientado a constatar la voluntad de la niña o adolescente y a valorar si la edad gestacional está dentro de los rangos que establece la ley para interrumpir. Según la legislación, cualquier embarazo en una menor de 14 años es una violación, por lo tanto se constituye en sí misma la causal". Además, se ha instruido que la menor sea atendida en el centro asistencial donde consulte, sin importar si le corresponde o no por territorialidad, y que no sea obligada a repetir el relato, aun cuando deba ser trasladada a otro establecimiento.

Asimismo, cada vez que se acredita una causal de violación, los recintos de salud están obligados a hacer la denuncia al Ministerio Público, para que se desarrolle una investigación. "Pero ello es en una segunda etapa y no es un prerrequisito para que la mujer ingrese a realizarse el procedimiento", informó la cartera.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, agrega que este primer año de la Ley de Aborto ha sido "de aprendizaje, consolidación de los equipos, con el objeto de dar un cabal cumplimiento a lo que la ley establece y una gran enseñanza para poder hacerse cargo de una nueva legislación, que da cuenta de derechos que nosotros tenemos que respetar cuando las mujeres quieren acceder a ellos".

La autoridad admite que no ha sido fácil: "Lo más desafiante ha sido transmitir que los equipos tienen que adquirir las competencias y capacidades para resolver en cada caso, entendiendo que tras cada uno de ellos existe un drama familiar y personal que requiere de nuestra máxima empatía con las pacientes". El jefe de la cartera añade que "estamos ya en una fase de consolidación, donde esperamos profundizar en la forma y aspectos cualitativos de los protocolos de atención, dependiendo de la causal y fortalecer el acompañamiento, entendiendo que estamos frente a situaciones que más allá de lo clínico, son situaciones humanas, donde nosotros como equipos de Salud tenemos que ir también más allá para que las personas se sientan acogidas".

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