Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch): "Está la amenaza de una contrarreforma no declarada, pero que se implementa"

Una diferencia de interpretación a la Ley de Educación Superior mantiene en pie de guerra al gobierno con el Consejo de Rectores (Cruch). Mientras el primero les quitará la gratuidad a 18 mil estudiantes por haberse retrasado en sus estudios a contar de 2016, el segundo afirma que esa condición debe regir a partir de 2018, lo que se suma al bloqueo que hizo La Moneda al uso de las platas del Fondo Solidario para apoyar a esos jóvenes. Ante este conflicto, que augura un complejo escenario educacional, el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, plantea que el actuar del Ejecutivo impide sacar a la educación de la trinchera política y que se evidencia una eventual contrarreforma.

¿A qué atribuye el actuar del gobierno, qué los hizo enojarse?

Prefiero no atribuir intenciones, especialmente cuando los efectos y significados de las conductas son tan claros. El Cruch y las mayorías constitucionales del Congreso, con la glosa para flexibilizar el uso de los recursos del Fondo Solidario, estuvieron por hallar una solución paliativa a un problema social. Y una minoría parlamentaria, para este efecto, en vez de contribuir oportunamente cuando le correspondía, recurrió a un órgano jurisdiccional. Y los efectos son claros: quienes están perdiendo la gratuidad, aun cuando no han tenido el beneficio durante toda su carrera, son quienes tendrán el daño. Se incorporaron a la gratuidad cuando estaban en 3° o 4° año, por lo que no ocuparon el beneficio durante toda su carrera. Y, lamentablemente, el acto del cual derivan estos efectos tuvo el apoyo del gobierno, que alegó en el Tribunal Constitucional. Por ello, no hay nada que suponer.

El origen de este conflicto no es propiamente una responsabilidad de este gobierno, sino que por el diseño que tiene la gratuidad, el que no se hace cargo de la situación de quienes accedieron al beneficio desde 2016.

¿Qué riesgo representa esta actitud para la educación superior?

Con esta actitud, el mayor riesgo es mantener a la educación en el marco del maniqueísmo ideológico del que no logramos emanciparnos. Y se hace de la educación un campo de disputa política para las diferencias que hay entre un gobierno y otro. Esto muestra un déficit grave del sistema político y puede terminar dañando de modo irreversible a la educación. Los gobiernos no necesariamente deben responder a las decisiones que toman sus respectivos partidos, aunque tienen el derecho a llevar adelante sus propósitos ideológicos.

Las universidades estatales reclamaron porque el Mineduc reubicará a los alumnos de la U. del Pacífico en planteles privados. ¿Eso es parte de la disputa del gobierno?

Desconozco los motivos del gobierno. Pero como los gobiernos no deben apartarse de los mandatos legales, es probable que en este caso los actos administrativos tengan que fundar de un modo más explícito por qué la decisión se aparta de un precepto legal, porque efectivamente hay un precepto legal que establece una prelación en la preferencia (la Ley de Universidades Estatales dice que estos planteles deben contribuir a la reubicación).

El Mineduc también está impulsando otros cambios, como la reforma a la admisión escolar. ¿Se está echando pie atrás a las reformas del gobierno anterior?

Si uno vincula todos estos actos, surge razonablemente la amenaza de una contrarreforma no declarada, pero que se implementa efectivamente. También hay que hacer el matiz de que cuando el gobierno impulsa un proyecto de ley para modificar una ley anterior, ejerce sus atribuciones. Pero desde luego, no estoy de acuerdo con la selección que se propone, porque la educación no es un premio, es un derecho.

Por todo lo anterior, ¿cree que este será un año de movilizaciones?

Todos esperamos que no sea un año donde se exacerben los conflictos en educación. Esa esperanza se debe a que no debemos convertir la educación superior en un campo de batalla y a eso debemos contribuir todos. Lamentablemente, durante 2018 hubo signos de impaciencia estudiantil, pero de hechos que no necesariamente son conflictos de la educación, que afectan a los ambientes estudiantiles más sensibles.

El Cruch está discutiendo cambios a la PSU. ¿Hay alguno que se pueda aplicar en el próximo proceso?

El informe del comité de expertos, que propuso una serie de cambios, debe servir de base para iniciar un proceso de deliberación sobre lo fundamental del sistema de admisión. Me refiero a los fines y usos que se le debe dar a los instrumentos y factores de admisión. Esa deliberación debe referir a las señales que envía al sistema escolar, por lo que este proceso debe ser participativo entre el sistema escolar y las instituciones de educación superior. Ahora, la prioridad para 2020 es lo relativo a la admisión de quienes egresan de la enseñanza media técnico-profesional, porque no es justo ni ecuánime que no atendamos esta tarea con urgencia, para lograr una mayor articulación y capacidad inclusiva.