Amplían detención de alcalde de Ñiquén en marco de indagatoria por corrupción: su par de San Ignacio quedó en prisión preventiva
Manuel Pino Turra será formalizado el viernes. La fiscal decretó el secreto de la investigación.
El Juzgado de Garantía de Bulnes acogió una solicitud del Ministerio Público para ampliar por 48 horas la detención de alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra, autoridad que estaría involucrada en una serie de delitos económicos indagados en el marco del caso de “cuentas corrientes”.
Hoy se realizó el control de detención del jefe comunal de Ñiquén, en el marco de una investigación de la fiscal Nadia Espinoza Caro por delitos de corrupción en varios municipios del país, tarea que realiza con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones.
El viernes 14 de abril, previo a diligencias de entrada, registro e incautación realizadas en los municipios de San Ignacio y Graneros, en la Región de O’Higgins, la fiscal decretó el secreto de la investigación, por lo que no es posible informar más detalles de esta causa.
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Bulnes declaró legal la detención de Pino y acogió la solicitud de la fiscal en orden a ampliarla hasta el viernes, fijando la audiencia de formalización para ese día a las 11.00 horas.
En la misma causa hay otras siete personas que fueron formalizadas ayer, entre ellos, César Figueroa Betancourt, el alcalde de San Ignacio, otra comuna de la Región de Ñuble, que quedó en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán.
Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que los imputados se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras reparticiones comunales.
César Alberto Figueroa Betancourt, fue formalizado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos; el funcionario público Krysler Sebastián Monroy Castillo, fue formalizado por fraude al fisco y cohecho; el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares y su colaborador Rodrigo Alejandro Sandoval Terán, fueron imputados por los delitos de estafa y soborno. Se trata de ilícitos que se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior del municipio durante 2022.
La magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó su prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en cuenta también la gravedad del delito y la pena asignada. Además, fijó en siete meses el plazo de investigación de la causa.
En tanto, el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputado por los delitos de cohecho y fraude al fisco deberá cumplir con la cautelar de arresto domiciliario total. El funcionario Hugo Basthian Troncoso Salazar, imputado por el delito de cohecho, quedó con cautelares de arraigo nacional, firma mensual, prohibición de acercarse al municipio y comunicarse con los otros imputados.
Ayer también formalizaron a el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén, Carlos Bernabé Fernández Aedo, imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho, que quedó con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ñiquén y de comunicarse con los otros imputados.
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