Así se proyecta la nueva cárcel para el crimen organizado

En Av. Pedro Montt, en la comuna de Santiago, existe un microclima que sólo se da en ese barrio. Durante prácticamente todo el día se pueden ver gendarmes, abogados, “promotores” ofreciendo servicios jurídicos, y también familias cargando encomiendas para quienes permanecen en los recintos penitenciarios ubicados en la zona.

También es habitual encontrarse con sujetos sin cordones en sus zapatos, dejando en evidencia que recién recuperan su libertad y buscan sus pertenencias ante funcionarios de Gendarmería.

Todo eso se entremezcla con una serie de lugares para almorzar comida rápida y restaurantes. Desde que el viernes pasado el gobierno anunció que construiría una nueva cárcel de máxima seguridad en la zona se han sumado al cuadro persistentes manifestaciones ciudadanas.

En fachadas y rejas de las viviendas emplazadas en la zona se fijaron carteles con la leyenda “No a la cárcel”.

Las protestas de los habitantes del barrio se suman a las que ha hecho la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien desde que el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó la ubicación del nuevo penal el lunes pasado activó un amplio despliegue en contra de la idea. Las gestiones de la alcaldesa incluyeron el anuncio de acciones legales, una visita al Congreso y una acusación al gobierno de haber improvisado para salir al paso de la crisis de seguridad que quedó en evidencia tras la ola de homicidios en la Región Metropolitana.

Los vecinos dicen que no quieren ser una “zona de sacrificio”, pues en el sector ya se ubica el Centro de Justicia, la Unidad Especial de Alta Seguridad (U.E.A.S.), el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (Ex Penitenciaría) y Santiago 1.

Críticas más, críticas menos, el gobierno se ha mostrado firme y desde el Ministerio de Justicia transmiten que construir a un costado de Santiago 1, donde hoy se encuentra el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC), es la mejor opción.

En dicho terreno se instalará un edificio que albergará a 500 internos, preferentemente ligados al crimen organizado y, además, se construirán nuevos módulos que apuntan a descomprimir el hacinamiento que hoy registra el mencionado recinto concesionado. En ese caso, serán alrededor de 1.300 nuevas plazas.

La fórmula planteada por La Moneda también incluye la modificación del régimen penitenciario para recintos de máxima seguridad, lo que traerá aparejado medidas más estrictas.

Aquello quedará definido en el proyecto de ley comprometido por el gobierno que ingresará formalmente al Congreso la próxima semana.

Como adelantan desde Justicia, en el proyecto se incluirán los reglamentos del régimen carcelario: forma de ingreso, permanencia y egreso; restricciones a visitas y comunicaciones con terceros; restricciones en contactos con otros internos; uso de patio diferenciado, y las actividades de reinserción.

Desde la cartera encabezada por el ministro Luis Cordero detallan que este régimen de seguridad tiene por finalidad garantizar el mantenimiento del orden y el control al interior de los establecimientos penitenciarios, velando porque los reclusos no puedan ingresar objetos prohibidos ni mantener contacto con el mundo exterior fuera de lo reglamentariamente permitido.

Las modificaciones que se plasmarán en el comprometido mensaje presidencial también incluyen la creación de un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería, compuesto por gendarmes “de élite” que custodiarán a los internos y que tendrán que velar por el correcto funcionamiento de las dependencias.

Quienes pretendan integrar ese cuerpo, según detallan en Justicia, “deberán aprobar un programa de capacitación y perfeccionamiento en custodia de internos en regímenes de alta y máxima seguridad”.

Dado que el manejo de reos con perfiles criminológicos de alto riesgo se define complejo, se fijarán incentivos adicionales a los funcionarios que se desempeñen en este tipo de módulos. Habrá una asignación adicional, no imponible, que se traducirá en un porcentaje extra a su remuneración, de acuerdo a su grado en el escalafón institucional. Se propone, en el mismo sentido, eximirlos del deber de uso de su distintivo de identificación.

“Quienes integren este grupo especial de gendarmes tendrán una permanencia temporal en estos recintos de alta y máxima seguridad, como una forma de acotar y evitar riesgos asociados a amenazas, corrupción y sobornos que pudieran sufrir de parte de esta población penal”, agregan desde la mencionada cartera.

Se exigirá, adicionalmente, que quienes integren este escuadrón especial no pertenezcan a partidos políticos, no participen o adhieran a asociaciones, reuniones, manifestaciones o asambleas o intervengan en cualquier otro acto que revista un carácter político partidista. Asimismo, no podrán apoyar a candidatos de representación popular.

Con el fin de velar por la seguridad de los establecimientos, de los funcionarios y de la comunidad en general, desde la repartición de gobierno también mencionan que se fijarán resguardos de información y secretos en cuanto a actos y contratos administrativos. Todos los antecedentes, informaciones y registros relativos a operaciones en máxima seguridad serán “reservados”.

También tendrán ese carácter los procedimientos de compra de bienes muebles y contratación de servicios necesarios para la administración y funcionamiento de los establecimientos y secciones de seguridad especial.

• Es parte de Santiago I. El nuevo recinto será una ampliación, construido como edificio independiente.
• Contará con módulos de diseño especial dependiendo si es Alta o Máxima seguridad.
• Tendrá un muro perimetral adicional y un anillo de seguridad propio para su completa segregación respecto del resto de los internos del complejo.
• Incluirá doble registro de acceso: en el ingreso al recinto y en el ingreso al módulo correspondiente.
• Considera tecnología de inhibición de señal de celulares.
• Segregación por zonas según calidad procesal (imputados / condenados).
• Celdas individuales con servicios higiénicos que incluyen soluciones antivandálicas para artefactos, puertas, vanos y mobiliario adosado a la estructura de hormigón armado.
• Tecnovigilancia en perímetro, patios, circulaciones y celdas.
• Patios con mallas anti-lanzamientos.
• Zona de locutorios para visitas de internos. No se permite contacto físico.
• Conexión interna con tribunales.
• Acceso a visitas virtuales controladas.
• Acceso a entrevistas jurídicas mediante locutorio.

Pese a que desde el Ejecutivo han insistido en que el plan considera el fortalecimiento de controles policiales en la zona, desde el municipio mantienen su preocupación. Esto, principalmente, porque de acuerdo con datos de la Dirección de Seguridad de la comuna, los casos policiales registrados durante el primer trimestre registran una importante alza respecto del mismo periodo del año pasado.

Indican que los primeros tres meses de 2023 contabilizaron 18 casos policiales en el eje Pedro Montt, y que en 2024 eso subió a 49, lo que representa un incremento de 172%.

Sin embargo, si se analizan los reportes que entrega el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros sobre el cuadrante seis -donde se emplaza el denominado “barrio penitenciario”- no se evidencian mayores variaciones los últimos periodos.

En la zona, que incluye desde calle Centenario hasta el Parque O’Higgins, se han reportado 208 denuncias de robos con violencia durante 2024, 1% más que a la misma fecha del año pasado. Otros hechos, como el robo de vehículos, robo en lugar no habitado, entre otros, han bajado -0,9%. El ilícito que más ha aumentado es el hurto, que crece 3,5% en comparación al 2023.

Con todo, el compromiso es que la adecuada segregación que se realizará respecto de la población mediante el diseño expuesto incidirá en la disminución de las incivilidades.