Aumentan familias albergadas en campamentos por “pandemia social”

En los últimos meses, un grupo de familias levantó un campamento en el sector de El Olivar, un área verde de Viña del Mar que se ha ido poblando por los estragos de la crisis económica que ha causado la pandemia en el país. Ya cuenta con 15 viviendas de material ligero, y sus moradores dicen que se sienten amenazados por vivir en la ilegalidad.

“Desde abril, ni el padre de mis hijos ni yo tenemos trabajo. No tengo cómo pagar arriendo y mi familia más próxima vive en el sur, por lo que unos amigos me ayudaron a levantar una casa aquí. Ha sido un refugio”, dice María, de 44 años, quien con algo de ahorros ha sorteado el hambre y el frío pernoctando en la zona de El Olivar, que no cuenta con luz ni agua potable.

En el Campamento Cumbres de Ferrari, en Valparaíso, ya hay 20 familias. Su dirigenta, Nathaly Torres, cuenta que en abril llegaron otras ocho, todas con niños: “Algunos duermen en carpas mientras construyen sus casas. Todos son porteños que se quedaron cesantes y no pudieron seguir pagando sus arriendos. Hasta hay personas con discapacidad”.

Solo en la Región de Valparaíso el Serviu contabiliza 22 terrenos fiscales donde aparecieron ocupaciones ilegales en los últimos meses, es decir, un 12% más respecto al catastro de campamentos de 2019 del Ministerio de Vivienda. De estas, siete están en Viña del Mar, la comuna con más campamentos de Chile, otras nueve en Valparaíso y cuatro en Quilpué.

“De los 22 terrenos que han sido ocupados de manera irregular, seis ya cuentan con un proyecto habitacional en desarrollo, que beneficiará a familias vulnerables que hoy viven en situación allegamiento, arrendamiento o en campamentos. Por tanto, la toma genera un retraso en la materialización de ofertas habitacionales”, dice Tomás Ochoa, director del Serviu de Valparaíso.

Según el último catastro de Vivienda, en Chile existían hasta el año pasado 802 tomas, donde había 47 mil hogares y 112 mil personas, equivalentes a la población de Huechuraba. Pero los expertos advierten que, debido a la crisis económica, las cifras ya están desactualizadas.

En Alto Hospicio, por ejemplo, donde el año pasado había 3.500 hogares en campamentos, el municipio calcula que ya alcanzan los 4 mil. El alcalde, Patricio Ferreira, dice que esto responde a que la oferta de viviendas sociales es menor a la demanda, a la escasez de suelo apto para construir y a la especulación inmobiliaria. “Y esto se agudiza por la crisis social que ha venido con la pandemia. Muchas personas han perdido sus empleos y terminan en las tomas, lo que a su vez impacta negativamente en las condiciones sanitarias de estos vecinos, haciéndolos más vulnerables al virus, en un fatal círculo vicioso. No habrá control efectivo de la pandemia sin una política de apoyo social más decidida”, advierte Ferreira.

Si bien no existe un catastro actualizado del aumento de los campamentos, el Ministerio de Bienes Nacionales informó esta semana que existen 14.256 terrenos fiscales tomados, 299 (2,1%) más que los que había en diciembre.

El ministro de Vivienda, Felipe Ward, dice que el gobierno está consciente “de esta situación que ha estado ocurriendo en los últimos meses en el país producto de la vulnerabilidad en la que han caído muchas familias”, lo que los llevó a anunciar el subsidio de arriendo, que beneficiaría a 100 mil hogares. A la vez, añade, seguirán trabajando en la política habitacional y de acompañamiento a los campamentos.

El director ejecutivo de TECHO, Sebastián Bowen, dice que es evidente que han aumentado los campamentos, pues según los estudios que hicieron antes de la crisis, tres de cada 10 familias que llegan a las tomas lo hacen porque no pudieron seguir pagando sus arriendos, condición que está en aumento.

“No hemos visto ninguna medida que enfrente esta catástrofe, que genera un sistema informal de viviendas, y los subsidios no dan respuesta a eso, porque no atienden la realidad de la informalidad. Si no construimos instrumentos de apoyo con urgencia, esta crisis nos explotará”, añade.

El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, dice que además del subsidio de arriendo, se pueden buscar otras medidas de corto plazo, como la mejora de las condiciones sanitarias de las tomas. Pero advierte que el problema real es de largo plazo. “Hay que emprender un programa habitacional robusto, que permita reducir el déficit habitacional al 2025, que es la única solución real a los campamentos, el hacinamiento y el allegamiento. Y hay que hacerlo con condiciones de integración social”, puntualiza.