Caso “infiltrados”: Contraloría no detecta irregularidades en labor de inspectores municipales de Providencia en marchas del estallido social

Fueron una serie de denuncias de concejales, parlamentarios y personas naturales las que llegaron durante el 2020 a Contraloría. En todas se acusaban eventuales irregularidades en el rol de los inspectores de la Municipalidad de Providencia durante el estallido social. En concreto, se les imputaba a las autoridades de esa comuna haber ordenado la “infiltración” de estos funcionarios en las manifestaciones a finales del 2019 y comienzos del 2020.

Luego de recoger los cargos de los denunciantes y la defensa del municipio -a cargo de la alcaldesa Evelyn Matthei-, finalmente el ente contralor evacuó la resolución en la que no se detectaron irregularidades en la función de los inspectores municipales durante el estallido, aunque se advirtió que las materias de orden público siempre deben estar en manos de Carabineros.

En el texto, el equipo jurídico de Teatinos 56 resumió que la denuncia señalaba que “en el Departamento de Operaciones de la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad de Providencia, durante el año 2019, se habría dispuesto la creación de un equipo de cinco inspectores municipales para llevar a cabo un trabajo de ‘infiltración’ en las marchas del estallido social, con el fin de que se observase y registrase quiénes cometían actos de violencia en ese marco, en el territorio de la comuna”.

Sin embargo, desde la administración aludida respondieron a Contraloría que esta labor tenía como objeto “coordinar, ejecutar y supervisar las acciones operativas en el territorio comunal, por lo que el fin último era el de verificar y fiscalizar el territorio de jurisdicción comunal y del cumplimiento de toda la normativa legal y reglamentaria, debiendo los inspectores municipales ejecutar labores en terreno, buscando la prevención y/o la detección de conductas o externalidades que alteren el ordenamiento y que afecten la calidad de vida de los vecinos y usuarios de la comuna, por lo que lo ejecutado en el período denunciado no fue nada extraordinario para los inspectores”.

Por lo mismo, explicaron, los inspectores levantaron información relativa a semáforos en mal estado, escombros, basura, luminaria defectuosa y, en general, cualquier infraestructura pública dañada, principalmente en las cercanías de los parques Balmaceda y Bustamante, e inmediaciones del Café Literario. Se les aconsejó a estos funcionarios, en todo caso, “retirarse cualquier vestimenta alusiva al municipio” para evitar agresiones por parte de los manifestantes.

Recabados los antecedentes, Contraloría concluyó que “cabe recordar que, en materia de seguridad pública, las municipalidades están habilitadas para desarrollar actividades de inspección en la respectiva comuna, pero sin que ello pueda implicar invadir las tareas propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. De este modo, a los municipios les está permitido, en dicho ámbito, llevar a cabo sólo labores de apoyo y colaboración, lo que, desde luego, también resulta aplicable, tratándose de las actividades de inspección, que servidores municipales puedan ejecutar con ocasión de alguna manifestación social”.

Consultada la Municipalidad de Providencia, declinaron referirse al caso.

A pesar de no comprobarse una irregularidad en las labores de los inspectores en las marchas del estallido social, ni existir pruebas para determinar que hubo “infiltrados”, el ente fiscalizador igualmente ordenó al municipio “adoptar las medidas que resulten conducentes para que, en lo sucesivo, sus actuaciones en la materia se desarrollen en conformidad a las pautas antes indicadas”.

Otra de las acusaciones en contra de la administración de Matthei es que se habría obligado a funcionarios municipales a fiscalizar el comercio ambulante sin los medios necesarios, lo que provocó agresiones por parte de los vendedores controlados. La Dirección Jurídica de Providencia señaló que sí se les facultaron los equipos necesarios. Sobre este punto, Contraloría concluyó que “compete a las municipalidades administrar los bienes nacionales de uso público a su cargo, de modo que, considerando ello y que no constan antecedentes que ameriten la formulación de observaciones a la mencionada municipalidad en esta materia, corresponde desestimar lo denunciado en torno a este aspecto”.