Cifra de menores de edad infractores de ley alcanza récord en siete años

Si se analizan las cifras de las causas que han ingresado al Ministerio Público en los últimos 10 años respecto de responsabilidad penal de menores de edad (14-17 años), se advierte que entre 2014 y 2021 las cifras iban considerablemente a la baja.

Hace 10 años se contabilizaban 49.131 ingresos, pero desde ahí fueron decayendo, hasta que en 2021 -con la pandemia del Covid-19 ejerciendo una fuerte influencia- el número de casos donde participaron adolescentes se redujo a menos de la mitad, a 20.194.

Sin embargo, esa tendencia se rompió bruscamente. Y es que, de acuerdo con los datos de los boletines anuales que elabora la Fiscalía Nacional, este tipo de causas alcanzó un récord en 2023. Durante el año pasado se registró la cifra más alta de los últimos siete periodos.

La situación, como comenta Alejandra Mera, directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, es algo que “preocupa” al Ministerio Público. Esto, según detalla, porque, si bien los números venían a la baja, se regresó a niveles que son equivalentes a los que se evidenciaron en 2017.

El análisis, en todo caso, no es desalentador, pues, como indica la misma profesional, esto no necesariamente es un escenario que se va a consolidar. “El aumento sostenido desde los últimos dos años tiene que ver con equiparar la situación prepandemia. Por lo tanto, se retoman delitos que en ese momento no se podían realizar. Ahora, ese es el número en general, pero lo importante, a mi juicio, es analizar aspectos más conflictivos de la delictualidad”, comenta.

Aquello es relevante, precisa, porque en términos generales, del universo total de casos que analiza el Ministerio Público el 5% corresponde a causas referentes a responsabilidad penal adolescente, el 95% restantes corresponde a adultos. Pero, en ciertos tipos de delitos, según alerta Mera, esa proporción con los mayores de edad se modifica.

Por ejemplo, en el caso de los homicidios, pues conforme al análisis del detalle de los asesinatos consumados de 2022, el 8% fue cometido por adolescentes. Y, si se mira lo ocurrido con el delito de robo violento, la cifra se dispara: el 20% fue cometido por menores de edad.

Pero, aunque se evidencia que sí están cometiendo delitos más violentos, los menores de edad infractores de ley siguen apareciendo como autores de delitos de menor intensidad, como lesiones (23,75%), ilícitos contra la libertad e intimidad de las personas (15,94%) y faltas (9,71%).

Dado lo anterior, es que la directora de la unidad especializada es enfática en sostener que, a la hora de abordar el caso de un adolescente infractor, se debe mirar al detalle su condición, trayectoria y forma de cometer el delito para así establecer planes de intervención y sanciones que vayan acorde a su situación.

Conforme al último reporte de la Fiscalía Nacional, durante 2023 se decretó la internación provisoria de 942 adolescentes, cifra levemente superior que la de 2022, cuando se decretaron 929. En ambos casos, la mayoría se concentra en la Región Metropolitana.

¿Pero qué influye en el aumento del número de menores de edad que delinquen? De acuerdo con Alejandra Mera, es evidente que se está ante un escenario más violento. Eso, detalla, vinculado principalmente a dos elementos: mayor disponibilidad de armas y droga.

“De los adolescentes que cometen delitos, más del 50% -dando una cifra conservadora- o son consumidores habituales de sustancias ilícitas o han consumido para efectos de delinquir. Eso, en muchos casos, sumado a que hay mayor disposición de armas de fuego los lleva a ser mucho más violentos”, comenta.

Por lo mismo, subraya que aparece como fundamental hacer intervenciones que conlleven a disminuir el consumo por parte de menores de edad. Desliza, en esa línea, que se deben aumentar los Tribunales de Tratamiento de Droga y/o Alcohol para que aquellos adolescentes infractores puedan acceder a salidas alternativas y así contar con planes más efectivos y focalizados.

De igual forma, la profesional sostiene que se debe atacar el ausentismo escolar, ya que la deserción está “criminológicamente bien vinculada a conductas delictuales”.

No se debe olvidar, resalta, que todo esto debe estar acompañado de una mejor y más eficaz persecución penal a fin de que se establezcan las sanciones más adecuadas y que la persona que sea objeto de intervención, acceda a planes que posibiliten su reinserción.