Comisiones de Libertad Condicional de todo el país acogieron sólo el 7% de las solicitudes, la cifra más baja en seis años

El jueves 20 de abril, la Corte de Apelaciones de Valdivia aceptó la solicitud de libertad condicional de José Pérez Mancilla, condenado por el crimen de Viviana Haeger, mujer que fue asesinada el 2010 en Puerto Varas. Tras ocho años en la cárcel, Pérez integra la lista de las 380 personas presas a las cuales la justicia le otorgó el beneficio de la libertad bajo condiciones. Sin embargo, las comisiones este semestre estuvieron por aceptar sólo el 7% de las solicitudes, la cifra más baja de los últimos seis años.

Las comisiones de Libertad Condicional, instancias en las cuales se revisan los requerimientos, sesionan dos veces al año. La primera de ellas es en abril; la otra, en octubre. Durante el mes pasado, las 17 cortes de apelaciones del país llevaron a cabo esta instancia, y revisaron las 5.427 solicitudes que se presentaron. Pese al alto número de ingresos, las instancias, compuestas por un ministro de Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia, sólo acogieron 380. Aquello refleja que se aceptó apenas el 7% de las solicitudes realizadas durante la primera revisión de este año.

En el detalle, según cifras del Poder Judicial, la Corte de Apelaciones de Coyhaique es la que más libertades condicionadas otorgó, acogiendo 9 de las 22 solicitudes que recibió, representando una aprobación de un 40,9%. En el caso contrario está la Corte de Santiago, que fue la que más requerimientos recibió (1.891). Sin embargo, es también la que menos aprobó, sólo un 0,6% de ellas.

El procedimiento que regula este proceso está normado desde 1925, pero pese a la antigüedad de la norma, la legislación ha tenido una serie de modificaciones, siendo la última de estas el 2019, con la introducción de la Ley 21.124.

Este último cambió ocurrió tras las críticas que se generaron luego del femicidio de Ámbar Cornejo, una adolescente de 16 años de Villa Alemana quien fue asesinada por la pareja de su madre: Hugo Bustamante. El hombre había sido beneficiado con la libertad condicional el 2016, luego de haber sido condenado por un doble homicidio.

Ese año, la comisión de libertades condicionales de Valparaíso concedió el 87% de las peticiones, liberando así a 109 presos. Una cifra diametralmente opuesta a la actual, ya que en esa región durante la última sesión de la comisión se otorgó sólo el 2,7% de los beneficios solicitados.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señala a La Tercera que las modificaciones del 2019 que aumentan los requisitos para acceder a la libertad condicional, están detrás de la disminución en el otorgamiento del beneficio. “La baja es muy significativa el segundo semestre del 2020, cuando ya se estaban aplicando esos requisitos, pasamos del 48% al 19% y ahí en adelante ha sido un 14% y un 11%, entonces el número ha sido ostentosamente menor en comparación a lo que existía con anterioridad. Por lo tanto, el factor que probablemente mejor explica esta disminución de la libertad condicional es la modificación legal que aumentó las exigencias y en consecuencia ha ayudado a las comisiones de Libertad Condicional a ser más estrictas en el otorgamiento de las mismas”, explica la autoridad.

Lo planteado por Cordero responde a que en cifras del Ministerio de Justicia, el año 2017 se entregaron 3.571 libertades condicionales a través de comisión, y a estas se sumaron 2.006 más a través de recursos de amparo, es decir, personas a las cuales en primera instancia se les negó, pero que apelaron. Sumadas, representaron el 64% de aprobación de las salidas penales bajo condiciones de ese año. Cifra opuesta a lo ocurrido el año pasado, cuando se otorgaron 1.103 solicitudes por comisión y 671 libertades entregadas a través de los recursos de amparo. Aquello representó un 12,5% de las 10.110 peticiones ingresadas el 2022. Disminución que se ha graficado durante los últimos años (ver infografía).

Paula Vial, abogada y académica asociada al Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la UC, y quien ha estudiado la materia, afirma que “el funcionamiento de esta herramienta es altamente sensible a los cambios de las políticas criminales y a la opinión pública. Ha sido así a lo largo de su voluble historia y por ello no extraña que en el escenario convulso y exigido en materia de seguridad pública que tenemos hoy se tienda a su restricción extrema. Sin embargo, es un lamentable error puesto que este y otros mecanismos similares son herramientas que pueden colaborar en procesos de reinserción, cuando son utilizados con criterio resocializador y atendiendo a cada caso en particular, sin generalizaciones ni decisiones estandarizadas y discrecionales”.

Alejandro Gómez, jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública, asegura que la baja “se debe a las reformas legales que se han sucedido en la materia que han hecho más exigentes las condiciones para postular y acceder al beneficio y, sin duda, es posible advertir criterios más estrictos en las comisiones para conceder el beneficio a las personas que son postuladas por Gendarmería”.

Pese a eso, cuestiona que el proceso no tenga contemplado el derecho a defensa, lo que lleva -a su juicio- a utilizar los amparo “para defender los intereses de las personas a quienes se niega el beneficio, pero el alto volumen de dichas acciones ha llevado a la Corte Suprema a resolver la mayoría de ellas en cuenta, sin alegatos”.

Tras el homicidio cometido por Bustamante, desde el mundo político surgieron cuestionamientos a que el condenado haya accedido a la libertad condicional. Aquello generó que un grupo de parlamentarios impulsara una acusación constitucional en contra de la magistrada Silvana Donoso, quien presidía la comisión que otorgó el beneficio. Si bien ese juicio político no prosperó, tampoco es el único. El 2018, a tres jueces de la sala penal de la Corte Suprema se les acusó constitucionalmente por otorgar el beneficio -vía recurso- a un condenado en el denominado Caso Degollados.

El ministro Manuel Valderrama es uno de los magistrados a los cuales se les llevó a juicio político en esa ocasión. Pese aquello, el magistrado considera que esta baja en la aprobación de las libertades se puede deber “a que no cumplan algunos requisitos, puede que tengan una pena muy alta, que sean delitos graves; ahí las comisiones en su libertad interna pueden denegarla, pero el factor político no lo estimo así, yo me voy más a que las comisiones actúan más a los antecedentes que se tienen en vista”.

Por eso, el magistrado cree que son dos los factores que han incidido en que las comisiones sean “más estrictas”. Primero, informes negativos de Gendarmería, así como también está la presentación de condenados con delitos más gravosos. Respecto a cambios en la normativa, Valderrama sostiene que “todo puede ser modificable, se puede cambiar la composición de la comisión, quién preside la preside, pero no hay que perder de vista que quienes forman parte de esta son jueces quienes deciden soberanamente”.

Alejandro Vera, secretario general de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, considera que la actual legislación respecto a las libertades condicionales no es clara en algunos aspectos. Primero, porque la ley lo considera un beneficio, lo que a su juicio establece como que este fuera concedido por gracia. En segundo lugar, sostiene que son ambiguos los términos establecidos para la comisión.

A juicio de Vera, los cambios en la legislación “facilitarían mucho quitarle estas ambigüedades que hoy día tiene la ley, que quedan obviamente a criterio o interpretación, porque cuando la ley es ambigua, las interpretaciones son mucho más grandes; cuando la ley es más específica y más concreta, obviamente la interpretación se reduce, por así decirlo”, explica. En esa línea, sostiene que se debería avanzar hacia la creación de tribunales de ejecución penal, puesto que esto permitiría la participación de más actores en el proceso, como por ejemplo el Ministerio Público y de las defensas.

Actualmente en el Congreso existen proyectos para realizar cambios en esta normativa, los cuales son parte de los 31 proyectos priorizados por el poder Legislativo y Ejecutivo en materia de seguridad. Sin embargo, el ministro Cordero asegura que más allá de eso, el gobierno está trabajando en tratar de avanzar en los tribunales de ejecución de pena, “ahí el Ejecutivo está haciendo el esfuerzo y en la actualidad estamos en la evaluación del impacto financiero que esta función implicaría. Esta es una combinación a la regulación a la libertad condicional, pero sobre todo la existencia de jueces exclusivamente dedicados a la ejecución de penas, que en algún sentido permitiría tener un mejor monitoreo y seguimiento de todos los aspectos que están vinculados al otorgamiento de beneficios penitenciarios”.