Consejo para la Transparencia: estudio arroja que la mayoría de los funcionarios públicos está de acuerdo con sacrificar privacidad si eso ayuda a combatir la pandemia

En un año marcado por la crisis sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, el Consejo para la Transparencia incluyó —en su “IX Estudio Nacional de Percepción del Derecho de Acceso a la Información en Funcionarios/as Públicos”— preguntas para conocer la opinión de los empleados públicos sobre el manejo de la información en el combate contra el Covid-19.

La encuesta fue aplicada por el consejo, con la ayuda de la consultora Datavoz, entre el 23 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de este año de manera online y con un complemento presencial. La muestra fue de 2.445 funcionarios de las 16 regiones del país y, según el organismo, es representativa a nivel de tipo de servicio, es decir, de los organismos de la administración central, municipios y organismos autónomos del Estado. El margen de error fue de 2,19% y tuvo un 95% de confianza.

Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los funcionarios, el 52%, está de acuerdo o muy de acuerdo con sacrificar su privacidad si eso ayuda a combatir la pandemia. Esto, en referencia a diversas medidas que las autoridades han tomado para hacer uso de datos personales para mantener los registros y la trazabilidad de los casos. Esta opinión, de acuerdo al estudio, presenta diferencias importantes según el nivel jerárquico de los funcionarios.

El porcentaje de acuerdo en este aspecto aumenta cuando se entregan acciones específicas que se podrían tomar para contener la pandemia. Además, los funcionarios municipales son los que están en mayor acuerdo con estas medidas, seguido de los funcionarios de organismos autónomos y, en tercer lugar, funcionarios de la administración central.

Al respecto, la presidenta del consejo, Gloria de la Fuente, afirma que en contextos de emergencia, como el de esta pandemia, se hace necesario contar con información personal, pero debe hacerse de forma regulada. “Es importante considerar que el temor frente a la pandemia ha implicado mayores concesiones respecto de derechos individuales. Si fuera el caso, quizás sin grandes distinciones, existiría voluntad de auto restringir, por así decirlo, el ejercicio de los derechos de protección de los datos personales a favor de un bien superior. Esto, sin embargo, debe darse en un contexto en el que exista claridad sobre lo que se hará con la información personal”, asegura la cientista política.

En esa misma línea, de la Fuente agrega que “es posible gestionar y combatir una emergencia sanitaria como la que provocó el Covid-19 recogiendo y tratando información personal de los chilenos y chilenas de manera adecuada y segura”.

El estudio también consultó por la evaluación que hacen los funcionarios de la información recibida relacionada con la pandemia. La información con mejor evaluación es aquella sobre las medidas sanitarias para evitar los contagios, con una nota promedio de 4,8, seguida por los protocolos de desplazamiento, con un 4,4. La cantidad de casos contagiados y fallecidos, tienen promedios 4,2 y 4,1 respectivamente. En tanto, la información recibida sobre la ayuda que entrega el gobierno, tanto a las personas como a las empresas, obtuvo promedios rojos con 3,8 y 3,5. Finalmente, la información entregada sobre el gasto general incurrido por el Estado para enfrentar la pandemia tiene la evaluación más baja, con un 3,3.

Según de la Fuente, esto podría explicar que el 74% de los funcionarios considere positivo la publicación de cifras desde otras fuentes distintas a las del Ejecutivo. “Llama la atención la mala evaluación que los funcionarios hicieron de la información entregada por el Estado. Un hecho que explica, al mismo tiempo, la positiva percepción de la existencia de registros paralelos a los entregados por las autoridades. Ello, en sí mismo, refleja que las cifras oficiales no fueron suficientes para las personas. Eso, a todas luces, es una brecha a la que hay que hacerle frente”, comenta la presidenta del organismo.

La líder del ente dedicado a la transparencia concluye que en este nuevo año que está partiendo, y que también estará marcado por la pandemia, es necesario reforzar la información que se le entrega al país para que las medidas sanitarias se puedan entender y acatar de mejor forma: “Las autoridades y organismos públicos, en el marco de crisis de confianza que afecta a las instituciones en general, tienen que redoblar esfuerzos para establecer una nueva relación con el Estado. En este sentido es condición necesaria que la información llegue de manera oportuna y clara a la población. Lo hemos dicho en relación al regreso a clases, a la difusión de las principales cifras, a la entrega de beneficios y bonos para enfrentar los efectos económicos y sociales de la crisis. Hemos referido a la necesidad de legitimar las decisiones y las razones por las cuales éstas se toman, desde este derecho a acceso a información”.