Consuelo Contreras, directora del INDH: “Difícilmente este gobierno, o el anterior, podrían utilizarnos para justificar irregularidades por pensiones de gracia”

Una agitada sesión vivió este lunes el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Y es que era la primera vez que se reunían para analizar en conjunto las conclusiones a las que arribó Contraloría respecto del proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social, donde se evidenciaron una serie de falencias.

Pero aunque los cuestionamientos que han enfrentado tras la divulgación del informe de dicha auditoría han sido bastantes, la directora del organismo, Consuelo Contreras, insiste en que es difícil que ellos carguen con todos los reproches, puesto que la facultad para pedir mayores antecedentes solo la tiene la Comisión Asesora Presidencial en esta materia.

“Lo que ocurrió en este caso fue una excepción impuesta vía Ley de Presupuesto para acreditar víctimas de violaciones a derechos humanos”, remarcó.

¿Cuál es el análisis que hacen del informe de Contraloría respecto del proceso de otorgamiento de pensiones de gracia?

La Contraloría revisó el procedimiento que estableció el Consejo del INDH para la acreditación de víctimas y este no recibió objeciones. Al mismo tiempo, de la muestra de casos que vio la Contraloría hubo 19 donde formuló comentarios. Ante eso, el INDH remitió antecedentes que subsanaron nueve. En cuanto a los diez restantes, el 5 de enero se enviaron más antecedentes.

Según se desprende de actas de sesiones del consejo de 2021, y como manifestaron más tarde en un oficio a La Moneda, ustedes estaban porque el INDH no interfiriera en el proceso. ¿Por qué consideran que se desoyó esto?

Este es un proceso que se inició en 2021, cuando el Ejecutivo lo conducía un gobierno distinto del actual, y a ambos gobiernos el INDH les señaló dos cosas: que las pensiones de gracia no constituían una reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en la crisis social; y que el INDH no cumplía con los estándares internacionales para funcionar como comisión calificadora de víctimas. Es complejo aventurar hipótesis de cuáles fueron las razones por las cuales este mecanismo se mantuvo en dos leyes de Presupuesto.

¿Qué le parece que el Presidente no haya respondido formalmente al oficio que enviaron y que sólo hayan recibido respuesta verbal?

Yo no voy a calificar la acción del Presidente de la República.

¿Considera que se utiliza el trabajo que realizaron para justificar irregularidades?

Difícilmente este gobierno, o el anterior, podría utilizarnos para justificar irregularidades, en cuanto la normativa que rige las pensiones de gracia no asigna funciones al INDH para decidir respecto de ellas. Lo que ocurrió en este caso fue una excepción impuesta vía Ley de Presupuesto para acreditar víctimas de violaciones a derechos humanos, pero no modificó que la solicitud de antecedentes adicionales es atribución exclusiva de la comisión asesora presidencial, ni que la decisión final sobre otorgar o negar la pensión de gracia corresponde al Presidente de la República.

¿En qué pie queda la relación con La Moneda? ¿Se paralizan conversaciones?

En ningún caso. El mandato legal del INDH es claro, y no dejaremos de cumplirlo.

¿Hay molestia con las autoridades de Palacio?

El INDH mantiene una relación permanente con todos los órganos del Estado, con los cuales se comunica de manera periódica. No hay molestia. Lo único que hemos hecho ha sido aclarar nuestro rol en el proceso de entrega de pensiones de gracia.

Contraloría rechazó la petición que hicieron respecto de la no realización del sumario que se les ordenaba realizar. ¿Cómo toman la decisión?

El INDH es respetuoso de las leyes y también de los espacios que éstas confieren para hacer presentes sus puntos de vista. La decisión de Contraloría cabe acatarla. Nuestra solicitud de reconsideración se basaba en que el INDH tuvo que cumplir con el mandato impuesto por la Ley de Presupuesto, y la solicitud de antecedentes adicionales estaba, y está radicada hasta hoy, en la comisión asesora presidencial que debía evaluar los antecedentes para sugerir aprobar o rechazar la pensión solicitada. Al menos así interpretamos lo señalado en la ley de pensiones de gracia.

¿Qué le parece que el gobierno vaya a revocar cerca de 25 pensiones a quienes en su momento fueron catalogadas como víctimas del estallido?

Como INDH hemos insistido en que las pensiones de gracia no constituyen una reparación integral a las víctimas de violación a los derechos humanos. En ese sentido, y en cuanto no nos correspondió nunca recomendar acoger o rechazar las solicitudes, tampoco nos corresponde referirnos a su revocación.

¿Cómo analiza el cambio de postura que ha tenido La Moneda en la materia? Inicialmente, se proponía una mesa integral de reparación y hoy no hay nada de eso.

Desde un inicio, el INDH ha insistido en la necesidad de contar con una política de reparación integral a las víctimas de la crisis social. Lo hemos hecho vía oficio, en declaraciones a la prensa, y en las recomendaciones de nuestro Informe Anual. Esta es una posición que mantenemos: las pensiones de gracia no constituyen de forma alguna un mecanismo de reparación. El Estado de Chile tiene una amplia experiencia para poder apuntar en la dirección correcta.

¿Cómo responde a los parlamentarios que piden su renuncia y a quienes pedirán la remoción de consejeros?

La ley que creó el INDH confirió a los poderes del Estado múltiples facultades, entre las cuales está nombrar a integrantes del consejo. También pueden solicitar su remoción, en un proceso donde la palabra final la tiene la Corte Suprema. El INDH actuó en estas materias manifestando su opinión respecto del proceso de acreditación, cuando fue requerida. El INDH estableció un procedimiento de acreditación que fue aprobado por su Consejo que señalaba los pasos a seguir por parte de los equipos regionales y finalizaba con la presentación de cada uno de los casos al Consejo, quien por votación tomaba la decisión de aprobar o no la acreditación. Cabe señalar que la gran mayoría de éstas fue probada por unanimidad.