Contraloría hace reparos a compra de casa de alcalde de San Ramón

"Se constató que el alcalde Miguel Aguilera Sanhueza adquirió en 2016 una propiedad por 13.155 UF, por la que pagó en efectivo la suma de 4.604 UF, monto que a la fecha de la adquisición ascendió aproximadamente a más de $100.000.000, suma cuyo origen no fue justificado en la declaración de intereses y patrimonio presentada por éste". La anterior corresponde a una parte de conclusiones de la auditoría realizada por Contraloría a la Municipalidad de San Ramón, y que fue informada hoy.

A raíz de estas presuntas irregularidades, el ente contralor determinó que "esa autoridad comunal deberá remitir a esta Contraloría Regional Metropolitana la justificación financiera y tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos, con motivo de la adquisición del bien raíz, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe".

También, señala el documento, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

En paralelo, la Fiscalía Sur indaga supuestas irregularidades cometidas en la contratación de personas que nunca prestaron servicios -y quienes habrían sido narcotraficantes. Por esto, en octubre de 2017 la PDI allanó las dependencias del municipio.

La Contraloría también detectó presuntas irregularidades por parte del director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), de San Ramón. "Se comprobó que José Miguel Zapata Vergara, en su calidad de director de Secpla, tomó conocimiento preciso y detallado de las licitaciones que posteriormente fueron adjudicadas a la empresa de la cual fue dueño".

Además, se señala que "en su rol de secretario comunal, participó en la evaluación y supervisión técnica de la formulación de las propuestas, y luego, en su calidad de jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, del Gore Metropolitano, visó los convenios entre esa entidad y el mencionado municipio".

Según la Contraloría, estos actos implicarían una vulneración al principio de probidad administrativa.

También se constató que el municipio no habría aplicado a algunas empresas contratistas de proyectos licitados, con plazos de ejecución expirados, el pago de multas por $ 602.797.500.

Además, "se comprobaron pagos insuficientemente acreditados por $ 80.550.000, cuyos estados de pago se encuentran visados por el director de la Secpla, a pesar de no haberse comprobado que la empresa adjudicataria haya realizado la entrega del total de los productos comprometidos".