Contraloría detecta errores en forma de medir la evasión en Transantiago

La fuga de recursos que genera la evasión del pago del pasaje en el Transantiago lleva a que el Estado deba desembolsar fondos extra para compensar a las siete empresas por las pérdidas sufridas. Debido a la relevancia del problema, la Contraloría General de la República realizó una auditoría, evacuada el 10 de agosto, en que se detallan errores en la forma de medir este índice por parte del Ministerio de Transportes.

El informe, realizado entre enero y julio de 2017, se centró en la recolección de datos hecha por los inspectores u observadores "incógnitos" que viajan a bordo de los buses. Así, se revisaron las fichas confeccionadas a mano donde anotan cuántas personas no validan el pasaje, en recorridos elegidos al azar. Esta información fue comparada con la que se digita en planillas Excel, datos a partir de los cuales se estima la evasión en el Transantiago.

Por ejemplo, en el software se encontraron direcciones erradas del lugar donde se inició la fiscalización, pues algún funcionario arrastró la celda del Excel. Otro caso detectado es que la cantidad de usuarios que subía a los vehículos era diferente a los que descendían, números que sirven para confirmar lo contabilizado.

También se apreció que otro fiscalizador aparece observando la evasión en tres puertas de los buses al mismo tiempo, tarea que no puede ser realizada en la práctica. Otra anomalía corresponde a que dos inspectores figuran realizando la misma tarea, a la misma hora y en el mismo bus, lo que no procede.

Al respecto, la Contraloría planteó que se constataron "inconsistencias en su contenido, lo cual no garantiza la integridad de la información con la que se construyó el índice de evasión, circunstancia que además contravino los supuestos establecidos en el 'Procedimiento de Medición del Índice'", como también se señala que hay que subsanar esta situación, para que el reporte tenga "altos niveles de confiabilidad".

Contraloría también indagó el nivel de evasión en las zonas pagas (hay 221 en Santiago). La auditoría sostiene que el ministerio asumió en 2015 que no hay evasión en esos lugares, pero un examen realizado muestra que sí se presenta. Por ello, la institución dice que la cartera debe tomar medidas para determinar a cuánto asciende este indicador en dichos puntos, para "entregar información que permita establecer de manera cierta lo significativo de esta cifra para el cálculo de la evasión".

También se instruyó al ministerio realizar una auditoría en 60 días y que se debe supervigilar la formación de los equipos de fiscalizadores.

Respecto al informe, Ana Luisa Covarrubias, gerenta de Evasión del Transantiago, explicó que se subsanaron en "gran parte las cosas que planteó la Contraloría, como el registro y la validación de datos".

Covarrubias también aseguró que, debido a los problemas detectados históricamente, esta tarea debería ser realizada por un organismo independiente o bien una empresa. Añadió que todo depende de un estudio y que esta labor podría recaer, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadísticas. En esta línea, diversas autoridades del ministerio han detectado que debe cambiar la forma como se mide el fenómeno, pues los datos han sido cuestionados también por las empresas del sistema.

La gerenta añadió que queda pendiente la medición de la evasión en zonas pagas. Señaló que muchas veces las áreas administradas por las empresas "no tienen un estándar adecuado, sino que son bandas movibles para cerrar un perímetro".

Sobre la auditoría, Paola Tapia, exministra de Transportes, dijo que la auditoría es una oportunidad para "mejorar los procesos y el control que realizan los inspectores de fiscalización con la metodología del año 2013, que mantuvimos para contar con el mismo procedimiento y que fuera realmente comparable". Añadió que se hicieron programas piloto para medir este índice con tecnología y también se logró aprobar una ley que refuerza las sanciones a los evasores en el sistema.

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