Contraloría inicia sumario por irregularidades en convenios de Fundación Daya con municipios y envía antecedentes al CDE

La Contraloría General de la República (CGR) reportó la constatación de “irregularidades significativas” al analizar acuerdos suscritos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país.

El organismo dio a conocer su informe final N° 247, de 2024, en el que auditó los convenios que la fundación suscribió entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla.

Esto, para implementar el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la fundación.

Desde Contraloría detallan que el laboratorio encargado de fabricar el aceite de cannabis no tenía la autorización necesaria del Instituto de Salud Pública (ISP) durante la mayoría del periodo del proyecto, lo que cuestiona la legalidad del proceso y, por otro lado, aunque se transfirieron fondos significativos para el programa, las dosis producidas no fueron suficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, afectando a los pacientes que dependían del tratamiento.

En octubre del año pasado, el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, había denunciado a la fundación ante el organismo. “La falta de acción de algunos municipios ha impedido la concreción del proyecto”, respondió entonces la diputada -y fundadora de la organización- Ana María Gazmuri.

Según reportó el órgano fiscalizador en una nota en su sitio web, uno de los hallazgos apunta a que, si bien los convenios y las transferencias de recursos a la entidad que fundó la diputada Ana María Gazmuri se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.

También, indican, se constató que nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la fundación, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.

Por otro lado, la Contraloría comprobó incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas, tales como, no exigirlas a la fundación con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la fundación y los gastos realizados, respectivamente; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos.

A ello, se suma la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.

En la Contraloría indican que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario. Además, las dosis producidas no estaban destinadas sólo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.

Considerando estos hallazgos, la Contraloría anunció un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos.

Además, los resultados de la investigación también serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que en derecho correspondan.