Contraloría revisa diseño del proceso de entrega del Bono Clase Media

Más de 437 mil trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 y lo que realmente habrían recibido al momento de solicitar el Bono de Clase Media. Así lo informó el 2 de octubre el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que luego precisó que estas personas “no cumplen con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones de dicho mes, respecto del promedio de ingresos totales de 2019”.

Dada esta situación, donde estarían comprometidos recursos fiscales por más de US $256 millones, el Ministerio de Hacienda derivó los antecedentes a la Contraloría para que revisara el caso. Al ente contralor se sumó el Ministerio Público, que abrió una investigación penal contra las personas que recibieron el bono de $ 500 mil de manera irregular, la cual quedó a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Sin embargo, tanto en Contraloría como en la Fiscalía Nacional hay dudas respecto de los alcances administrativos y penales, respectivamente, que pueda tener el caso. Ello, dado que lo que ambas reparticiones están buscando despejar es una interrogante clave: ¿La gente accedió mal al beneficio, el proceso de entrega estaba mal diseñado o hubo intención de defraudar al Estado? Esta última opción es de especial relevancia para el Ministerio Público dado que, por el momento, la indagatoria respecto de los funcionarios públicos está siendo orientada principalmente como un eventual delito de fraude de subvenciones. Algo que, en todo caso, aún está siendo discutido jurídicamente al interior de la fiscalía.

Es por eso que el 18 de agosto la Contraloría inició una auditoria en el SII y en la Tesorería General para investigar el proceso de entrega del bono. Dentro de todas las diligencias que se están realizando por parte de los funcionarios del ente contralor, la entidad liderada por Jorge Bermúdez está buscando determinar cómo se hizo el diseño para otorgar el beneficio y cómo se hizo para calcular el pago.

Para conocer el tema, Bermudez ha sostenido una intensa agenda con distintas autoridades. El 2 de octubre se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el 9 nuevamente se juntaron; el 14 del mismo mes se juntó con el fiscal Jorge Abbott, y posteriormente, con el presidente de la ANEF, José Pérez. El 15 de octubre, además, sostuvo una cita con el director del SII, Fernando Barraza. Además, Bermúdez fue citado a la Comisión de Trabajo de la Cámara para exponer los antecedentes del caso.

Cuando existan conclusiones definitivas de dicha auditoria, la Controlaría podrá adoptar eventualmente acciones si se detectasen irregularidades. Además, como el gobierno ordenó a todas las reparticiones públicas iniciar sumarios para identificar quiénes recibieron el bono, una vez que estas pesquisas establezcan sanciones, todos estos casos particulares llegarán de alguna manera al ente contralor. De hecho, la misma Contraloría está depurando las bases de datos para saber cuántos de sus funcionarios habrían recibido de manera irregular este beneficio.

En este escenario ya existen varias voces que apuntan hacia el mal diseño de este bono y han sido los propios responsables de esto, Briones y Barraza, quienes han dado pistas al respecto.

El primer indicio apunta a una falencia del Estado que se acarrea de hace muchos años y se trata de la nula información que existe sobre cuántos son los trabajadores públicos y cuánto es lo que ganan.

“Si usted hace la pregunta hoy día sobre cuántos trabajadores y trabajadoras existen en el sector público, y por sector público entiendo no solamente el Estado central sino que también los municipios, no hay nadie, nadie, ni Contraloría que le va a poder dar el número exacto. No existe ese número exacto”, dijo Briones el lunes cuando fue a exponer por este tema ante la comisión de Trabajo de la Cámara.

El titular de Hacienda luego agregó que “si usted pregunta cuál es la nómina detallada de sueldos que mes a mes paga el Estado de Chile, tampoco va a encontrar esa nómina, lo que parece bastante increíble en pleno siglo XXI”. Briones añadió que “cuando usted está ciego de un ojo la verdad es que es muy difícil ver la película completa y se puede perder muchos fenómenos que uno quisiera evitar”.

En su turno Barraza también agregó más datos, sobre todo en lo que respecta a la duda sobre por qué el SII le pidió a los trabajadores que ingresaran sus sueldos para pedir el bono, siendo que el organismo tiene toda la información tributaria de las personas.

“En el mes de agosto no contábamos con la información de los sueldos del mes de julio de los trabajadores dependientes y por lo tanto, tal como lo estableció la ley, fue necesario implementar una auto declaración jurada”, dijo Barraza. Luego, aseguró que “la información sobre el sueldo tributable del mes de julio, al no estar disponible sino hasta dos meses después es decir en septiembre, apenas estos antecedentes estuvieron disponibles nosotros iniciamos el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos”.