Contralorito en la mira: personaje institucional sería uno de los causantes del quiebre entre Bermúdez y su ex mano derecha

Un nuevo capítulo se abre en medio de la polémica generada en la Contraloría General de la República. Dorothy Pérez, hasta la semana pasada subcontralora y jueza de cuentas de la entidad, presentó un recurso de protección en contra de Jorge Bermúdez, luego de que esta decidiera declarar vacante su puesto y nombrara en su reemplazo a María Soledad Frindt.

Por intermedio de esta acción, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, Pérez reitera que la determinación del contralor general es arbitraria e ilegal, plantea cuáles serían las verdaderas razones que este tuvo para removerla, y pide que se le restituya en el cargo.

Para Pérez, la determinación del Bermúdez "carece de una debida motivación y justificación y se adoptó actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley, lo que, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales". Pide, de esta forma, "restablecer el imperio del derecho quebrantado".

En las 48 páginas del recurso, junto con sostener que Bermúdez manifestó "irritación y molestia" frente a ella, lo que se habría traducido en "respuestas verbales que denotaron algún grado de hostilidad", se asegura que parte de la crisis desatada responde a su disconformidad respecto a cómo se llevaban las redes sociales del organismo.

"Esto sucedió particularmente en respuesta ante los respetuosos consejos o recomendaciones de prudencia que nuestra representada en su calidad de subcontralora general de la República le efectuaba al Sr. Bermúdez frente al lenguaje, el contenido y/o apresuramiento de las publicaciones que la CGR ha estado realizando en redes sociales, los que podrían producir efectos delicados para la imagen republicana de la institución, como también, para los funcionarios y funcionarias de mayor antigüedad en la misma", sostiene en el recurso.

En ese sentido, manifiesta que "especialmente importante es el caso de las publicaciones hechas mediante la red social Twitter, parodiando imágenes de terceros con comentarios o publicaciones con un lenguaje inadecuado, o utilizando imágenes sujetas a la protección de la normativa sobre propiedad intelectual sin contar con las autorizaciones requeridas, haciéndolos propios o asociándolos a la imagen institucional".

Como se plantea, Pérez habría recomendado continuar usando la herramienta de redes sociales y "el valioso personaje institucional creado" (Contralorito), pero con otro foco y un lenguaje "adecuado". Esto no fue acogido de la forma que esperaba, puesto que como expone, "la molestia del contralor fue aumentando progresivamente".

A lo anterior, se sumaría el hecho de que la hoy exsubcontralora le recomendó a Bermúdez "actuar con más prudencia y calma en las declaraciones y puntos de prensa a los medios, para evitar más riesgos comunicacionales o respuestas intempestivas de su parte, de las que después tendría que eventualmente retractarse".

Las recomendaciones, como aseguran, se enmarcaron "siempre dentro de su desempeño como Coordinadora del área de Comunicaciones".

Otro antecedente presentado en la querella y que la defensa califica como "grave" se produjo cuando el contralor fue informado por su colaboradora más directa, Loreto Valenzuela, que Pérez se habría negado a firmar una serie de sumarios.

Antes de que Bermúdez viajara a Estados Unidos, había encargado a Valenzuela la entrega de seis sumarios administrativos a Pérez, para que ella los firmara y con ello que éstos culminaran sin sanciones para los responsables. "La sra. Loreto Valenzuela, en conjunto con otro abogado revisor de documentos para firma del contralor, le informaron al Sr. Bermúdez Soto a su regreso a Chile que nuestra representada se negó a firmar seis sumarios administrativos que se pretendían culminar sin sanciones para los responsables a través de su sobreseimiento por prescripción, debido a la excesiva demora de tales documentos en el propio despacho del contralor", sostiene la querella.

Sin embargo, como asegura la defensa de Pérez, los documentos habían sido encargados para que Bermúdez no tuviera que hacerse cargo de éstos:  "Con el retorno del Sr. Bermúdez Soto a sus funciones el día 6 de agosto del año 2018, y una vez informado éste acerca de las negativas de la subcontralora a suscribir los actos de que se trata, el contralor inició una serie de actos de hostigamiento, conversaciones y reuniones con abierta hostilidad hacia nuestra representada, algunas incluso realizadas frente a otros funcionarios de la institución", agrega en la acción judicial.

Se desprende, de esta forma, que el hecho de que Pérez no firmara los documentos, habría generado nuevamente la molestia del contralor.