Contribuciones: los malabares financieros de la tercera edad

Mercedes Sepúlveda recibe una pensión de viudez de $460 mil, gasta alrededor de $200 mil en medicamentos, $100 mil en calefacción los meses más fríos y las cuotas trimestrales de su propiedad ubicada en Ñuñoa ascienden a $217 mil. Además, están las cuentas de la luz, el agua y los gastos en alimentación ¿Le cuadra? Bueno, a esta mujer de 89 años no, y si no fuera por la ayuda que recibe de sus ocho hijos, como relata uno de ellos, algunos días no tendría comida en su mesa.

La situación de Mercedes empeoró tras la muerte de su esposo, Jorge García, quien falleció en diciembre de 2017. A la pena de quedarse sola, tuvo que sumar un cálculo aún más frío: sus ingresos se redujeron en un 40%, pues a la viuda, según la negociación que tuvo García con su AFP para asegurar una renta vitalicia, no le corresponde la totalidad de la pensión del difunto, sino solo el 60%.

Como si lo anterior fuera poco, Mercedes ahora agregó otro problema a sus cuentas mensuales. De acuerdo al revalúo de los bienes raíces no agrícolas –que se realiza cada cuatro años conforme a la Ley 17.235- las contribuciones que debe pagar por la casa donde vive aumentaron un 23,5%, de $166 mil a $217 mil. "Hubo que ajustar todos los gastos", cuenta Juan Pablo García (59), su hijo y quien lleva la administración del hogar.

"Esto es una inconsistencia total de los parlamentarios y de quienes gobiernan. Ellos se aseguran una renta para toda la vida, mientras que a la gente trabajadora le recortan el 40% para poder mantener sus cosas. Además, les quitan beneficios por todos lados. Esto es una injusticia social tremenda, ningún adulto mayor debiera pagar contribuciones", asegura el informático de profesión.

Según comenta, "si un anciano tiene que dejar su casa por no poder pagarla en su vejez, es denigrarla en su máximo punto".

Así también lo piensa Francisco Iturriaga, presidente de la Unión Nacional de Pensionados (Unap), mientras explica cuáles son los objetivos de su asociación en una oficina ubicada en el Paseo Huérfanos en el centro de Santiago. Iturriaga, sentado alrededor de una mesa donde luce un cuadro de Clotario Blest y muebles del año 80, dice que están "dando una pelea de frentón en favor de nuestro gremio, que es el más abandonado del país".

Iturriaga manifiesta que en sectores del denominado "barrio alto", "hay edificios de 12, 14 pisos que cuando fueron construidos no había nada abajo, pero ahora que se pobló con casas buenas, bien tenidas, les fijaron contribuciones. Esa gente no tiene con qué comer y van a pagar contribuciones".

"Antes no se pagaba, entonces la gente empezó de a poco a construir y fueron formando sus hogares. Nuestra lucha es para que los jubilados no paguen contribuciones. Por eso estamos peleando toda la vida", concluye.

Uno de los pocos parlamentarios que se ha sentado junto a la Unap para escuchar sus demandas es el diputado Jorge Durán (RN). Junto a ellos y su equipo, están trabajando en un proyecto que busca que "se presuma por ley que el adulto mayor queda liberado del pago de contribuciones respecto de la propiedad en la que vive".

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini (DC), reconoce que este asunto está bajo la lupa de los legisladores y la cartera que dirige el economista Felipe Larraín, ya que se debe reaccionar ante "el deterioro que han sufrido algunos adultos mayores respecto del monto de sus contribuciones por estar sus viviendas ubicadas en lugares evaluados positivamente".

El tema que está en discusión, como expone, es cómo atenderlo de manera correcta, "para no caer en errores. Nos parece un proyecto sumamente válido que tenemos que discutir y 'amononar' entre todos".

Para él, además, una iniciativa de estas características debe ingresar con las urgencias necesarias, por lo que más allá de ser idea de los parlamentarios, podría ser propuesto directamente por el Ejecutivo.

Leopoldo Pérez (RN), diputado que también integra la Comisión, coincide con la necesidad de introducir este tipo de beneficios, pues "no puede ser que por lo que trabajó una persona, se transforme en una carga tras la jubilación. La idea es que si alguien generó los recursos para comprar una vivienda y tener su patrimonio, no le juegue en contra".

Pese a que el presidente de la Unión de Pensionados asegura que no han tenido mayores acercamientos con el Ejecutivo, fuentes del gobierno explicaron a La Tercera que el tema se está estudiando, puesto que sería una de las prioridades que ha pedido a su equipo el Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, por ahora solo se encuentra en un periodo de evaluación.