La Corte Suprema emitió un fallo en el que se ratifica el rechazo al recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso presentada por la defensa del destituido magistrado Sergio Muñoz en contra del Senado, y que buscaba dejar sin efecto la acusación constitucional aprobada en su contra.

El libelo contra el magistrado fue discutido conjuntamente al de Ángela Vivanco, quien también fue destituida. El Senado aprobó el juicio político iniciado por los diputados de Chile Vamos en la Cámara de Diputados por 27 votos a favor y 25 respaldos a los capítulos uno y dos, respectivamente, de la acusación.

En ellos se exponía la causal de “notable abandono de deberes” luego de anticipar un fallo a su hija, Graciel Muñoz, que produciría efectos patrimoniales y no haberse inhabilitado. También por no ejercer “funciones correccionales” y omitir denuncia contra su hija, quien trabajó desde el exterior.

Tras la destitución, la abogada Ana María Watkins presentó un recurso de protección en favor del exjuez Muñoz, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que en primera instancia declaró inadmisible el recurso.

El texto buscaba que se “restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz y todos los perniciosos efectos que de ella se derivan, debiendo retrotraerse las cosas al estado anterior a la acusación colectiva, con costas, todo de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo”, lo cual fue rechazado por la Segunda Sala del Tribunal de Alzada.

Con todo, la discusión del recurso de protección llegó hasta la Corte Suprema, donde la Tercera Sala, integrada por los ministros Jean Pierre Matus y Diego Simpertigue, más Dobra Lusic subrogando y José Valdivia como abogado integrante, ratificó la decisión de primera instancia.

En su resolución, firmada el pasado martes, se lee que “del mérito de los antecedentes expuestos por la recurrente, aparece que la decisión que se impugna corresponde a un asunto de competencia exclusiva del Senado de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en las que este Poder del Estado carece de competencia para inmiscuirse”.

“Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la resolución apelada de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, agrega el texto.

Tras este revés sufrido en favor del exjuez Sergio Muñoz -acción que se presentó sin el conocimiento del exmagistrado-, otras también sufrieron el mismo camino.

Entre ellas, la presentada por 13 organizaciones de Derechos Humanos -luego de la acción de la abogada Ana María Watkins- las que ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaísp en contra de la diputada Karol Cariola, en su rol de presidenta de la Cámara, en el que cuestionaban que las acusaciones contra Muñoz y Vivanco se vieran de manera unificada. El recurso fue presentado el 24 de octubre y fue declarado inadmisible, por lo que se espera la resolución de la Suprema.

Sin embargo, la batalla judicial de Muñoz no solo ha quedado en las acciones de terceros en su favor. El mismo exmagistrado también ha emprendido recursos en su favor. El pasado 12 de noviembre, Muñoz presentó un recurso de protección contra la Corte Suprema ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue declarado admisible.

La acción fue sustentada en la negativa que recibió del Pleno del máximo tribunal para conocer el informe que realizó la Comisión de Ética de la misma corte. En detalle, en el recurso ingresado por Muñoz y revelado por La Tercera, sostiene que la decisión “vulnera derechos como la igualdad ante la ley, la garantía a no ser juzgado por una comisión especial, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar”, por lo que se buscaba la cautela y prohibición de destrucción del informe, como acceso al mismo.

La arremetida también se dio en el Tribunal Constitucional (TC), donde Muñoz presentó un recurso el 19 de noviembre para que se declare insconstitucional la reserva del informe de la Comisión de Ética elaborado con su caso.

En su presentación reciente ante el tribunal encabezado por la presidenta Daniela Marzi, la defensa de Muñoz -los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- piden que se declare inconstitucional la normativa que facultó la reserva de los antecedentes del actuar de la Corte Suprema.

Según acusa la defensa de Muñoz, el secreto de los antecedentes vulnera los derechos fundamentales al “derecho a un justo y racional procedimiento, derecho a no ser juzgado por una comisión especial, garantía de igualdad ante la ley, derecho a la integridad psíquica, derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar”. El recurso, finalmente, fue declarado inadmisible, por “defectos de forma”, por lo que otorgó tres días para subsanarlo.