Crimen organizado en Chile: ¿Cómo y por qué ha evolucionado el fenómeno?

De acuerdo con expertos que actualmente lideran investigaciones relacionadas con crimen organizado, no es tan fácil dilucidar qué hay detrás de esta problemática, ni menos, relacionarlo directamente a la organización de bandas delictuales para concertarse para la comisión de ilícitos. Para ellos, es mucho más que eso.

En simple, como explica Álex Cortez, fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado Fiscalía Sur, la criminalidad organizada corresponde a un grupo de personas que se asocian ilícitamente para cometer un delito, sí, pero con permanencia en el tiempo y con un estrecho vínculo con el tráfico de drogas.

Aquello, como destaca el persecutor, existe desde hace décadas, y aunque en su momento el Ministerio Público -según relata- intentó plantear la peligrosidad de su extensión, a inicios de la Reforma Procesal Penal (en el año 2000), aunque lejos del aumento de la violencia para la ejecución de estos delitos.

“Lo que teníamos antes era principalmente una criminalidad organizada relacionada con el tráfico de droga de manera más o menos barrial. Esas eran las causas antiguas que siempre han existido, pero nunca se le tomó el peso a su existencia, porque siempre sentíamos que estábamos mejor con respecto a otros países”, comenta el fiscal Cortez, agregando que, ahora, “con el ingreso de inmigrantes se ha generado otro tipo de criminalidad que no está tan ligada a los territorios o a los barrios, y que tampoco se relaciona necesariamente al narcotráfico”.

Aquello, además, ha supuesto cambio en las conductas de dichos clanes, pues mientras antes lo más importante para ellos era pasar desapercibidos, ahora utilizan las redes sociales para difundir sus actuaciones y, con ello, amedrentar a sus rivales.

El jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Paulo Contreras, dice que hay que distinguir entre una organización criminal y banda criminal. Las primeras, detalla, corresponden a estructuras jerarquizadas donde sus integrantes tienen claramente definidas sus funciones, tienen capacidad de renovación de miembros, con un catálogo claro de delitos y una metodología para el lavado de los activos, mientras que las segundas tienen una orgánica más sencilla.

En el último periodo se ha puesto foco en hacer frente a organizaciones de extranjeros que han intentado instalarse en el país y fijar redes desde sus países de origen, como han sido facciones del Tren de Aragua, del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, como advierten Cortez y Contreras, se han encontrado con una rápida respuesta de las policías, quienes han ido limitando sus acciones.

“Hasta ahora, nuestro sistema ha sido capaz de contener el ánimo de instalación de actividades criminales de ciertas organizaciones. Eso no quiere decir que estén acabados, por lo mismo, estamos neutralizando su intención de echar raíces, y levantando constantemente análisis de riesgo, de perfiles”, sostiene el prefecto inspector de la PDI.

Como dan cuenta las cifras oficiales que posee la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, entre enero y el 6 de noviembre de este año se han intervenido 194 bandas y 36 organizaciones criminales, logrando incautarse, principalmente, altas cantidades de droga sintética. De hecho, como revelan los antecedentes, en el mismo lapso de tiempo se requisaron 2.745.274 dosis de este tipo de estupefacientes, lo que implica un incremento del 233% respecto del mismo periodo de 2021.

Asimismo, desde la institución aseguran que, en lo que va de este año, se ha logrado la detención de 4.586 personas vinculadas a dichas estructuras, al igual que la incautación de 352 armas de fuego, un 36% más que a la misma fecha en 2021.

Adicionalmente, desde la mencionada jefatura, respecto del tráfico de migrantes y trata de personas, se indica que si bien baja el número de víctimas del primer delito de 390 a 90 personas, crece de manera importante el número de víctimas respecto del segundo ilícito. Si entre enero y el 6 de noviembre de 2021 se contabilizaban 16 personas perjudicadas por trata de personas, en el mismo periodo de 2022 suman 47.

“Se han intervenido los circuitos irregulares laborales a los cuales están afectas este tipo de personas que ingresan de forma irregular a nuestro territorio, lo que repercute en desincentivar el tráfico de personas con fines de explotación, por ejemplo, sexual”, detalla Paulo Contreras.

Para avanzar en un trabajo más integrado entre todos los países de la región para frenar el aumento del crimen organizado, el viernes 11 de noviembre se firmó el primer convenio de cooperación entre Argentina y Chile para avanzar en la persecución de estos delitos. En específico, se trata de una colaboración entre la Fiscalía de Mendoza y la Fiscalía Local de Los Andes, a fin de tender puentes para avanzar de mejor forma en las investigaciones.

El fiscal argentino Fernando Alcaraz, quien estuvo participando de una mesa de trabajo organizada por la PDI contra el crimen organizado, explica que “la ventaja que tiene este equipo conjunto de investigación es que evita que cada vez que se requiera una prueba o información de uno de los expedientes o investigaciones judiciales de cada uno de los países, se tenga que hacer un pedido de asistencia internacional. Lo que se viene es trabajar de esta manera, con equipos conjuntos de investigación”.

De igual forma, el profesional indicó que “desde el punto de vista investigativo y de la prevención, sería lo ideal avanzar en bases integradas de datos entre los países de la región”.

Adicionalmente, como dan cuenta autoridades de gobierno, se avanza en cooperaciones internacionales para el combate del fenómeno en las cárceles, ya que para nadie es un secreto que han aumentado la cantidad de operaciones que se manejan desde el interior de los penales del país.

En ese sentido, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, señala que se han sostenido reuniones con autoridades y funcionarios de alto nivel en materia de justicia y administración penitenciaria en Argentina, “con la finalidad de impulsar un trabajo de cooperación regional entre las instituciones penitenciarias”.

“Durante nuestra gestión hemos detectado dificultades para calificar los niveles de peligrosidad de personas privadas de libertad extranjeras, al interior de sistema penitenciario, debido a que no contamos con flujos de coordinación y transmisión de antecedentes penales. Por ello, estamos promoviendo acuerdos bilaterales y regionales para solucionar este problema y configurar flujos claros que permitan suministrar de información fehaciente la gestión de segmentación y calificación penitenciaria, en función de los niveles de peligrosidad y las trayectorias delictuales de las y los internos privados de libertad”, adelantó.