Cristián Aguirre: condenan a 50 años de cárcel al líder de la banda narco Jalisco Nueva Generación de Melipilla

A una serie de penas que sumadas totalizan más de 250 años de cárcel fueron condenados los 11 miembros de la banda Jalisco Nueva Generación de Melipilla.

Este lunes, se desarrolló la audiencia de comunicación de sentencia en el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla, tras el juicio en que Cristián Pablo Aguirre Ramírez, Bryan Andrés Pinto Carrasco, Franco Esteban Céspedes Gonzáles e Ivana Aline Abarca González, fueron imputados por la Fiscalía Metropolitana Occidente por los delitos consumados de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico de drogas y lavados de activos.

También se condenó a Héctor Enrique Maldonado Marchant, Jonathan Andrés Peñaloza Mardones, Sebastián Nicolás Bascur Aedo, Juan Carlos Vidal Bahamondes y Wladimir Andrés Maturana Góngora, como autores de los delitos consumados de asociación ilícita y tráfico de drogas.

El líder de la organización fue condenado a 50 años de cárcel tras la indagatoria liderada por el fiscal jefe de Curacaví, Paul Martinson. Aguirre se hizo conocido por llegar a la Clínica Las Condes en helicóptero tras recibir seis balazos en octubre del 2021 en un local nocturno.

La banda ostentaba diversos lujos: propiedades, lanchas y autos de alta gama, todo avaluado en más de $3.800 millones.

En su veredicto condenatorio, el tribunal hizo ver que arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que desde, a lo menos, 2018 y hasta el 29 de noviembre de 2021, este grupo operó en la comuna de Melipilla, dedicándose al tráfico de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína.

El grupo mantenía una estructura definida con roles establecidos y jerarquía, con el fin de vender y lucrar con la venta de drogas. Además, la organización ejercía control territorial a través de demostraciones de alto poder de fuego. El liderazgo y fuente de poder de la agrupación delictual, las ejercía Aguirre Ramírez, quien impartía instrucciones a los miembros que integraban las dos estructuras en que estaba organizada la banda.

Junto con valorar la sentencia aplicada a Aguirre Ramírez, el persecutor manifestó que los otros miembros de la estructura criminal deberán hacer frente a condenas que van entre los 16 y 33 años, “los que deberán ser cumplidos en forma efectiva en atención a la naturaleza de la pena”.

En la misma línea, desde la municipalidad de Melipilla, la alcaldesa Lorena Olavarría expresó: “Melipilla no es una comuna donde impere el narco, pero claramente los hechos investigados y acontecidos en nuestra comuna, son una alerta roja que nos debe llamar a actuar con urgencia. No podemos permitir que por inacción se generen este tipo de hechos”.

“Por eso, reiteramos nuestro llamado a que se genere un Plan Nacional de Seguridad Rural, que se haga cargo de las distintas necesidades y particularidades de las zonas rurales y semirurales”, complementó la jefa comunal.

Conforme lo establecido en el auto de apertura del juicio contra esta banda, el líder de la agrupación, Cristián Aguirre, impartía instrucciones a dos grandes estructuras para el funcionamiento de la organización.

En primera instancia se mantiene una estructura relativa a la custodia, acopio y blanqueo de dineros provenientes del tráfico de drogas, acciones realizadas por las personas cercanas, quienes se mantenían en pleno conocimiento de la actividad ilícita.

Para ello entraban en funciones Emelina Verónica Ramírez Santibáñez, Celinda Del Pilar Ramírez Santibáñez, Stefani Vidal Ramírez e Ivana Abarca, quienes se encargaban principalmente del acopio de dinero. Ramón Abarca operaba como testaferro, facilitando su nombre y capacidad financiera para la adquisición de distintos bienes.

Asimismo, Cinthia Rivera Muñoz, era utilizada por la organización para efectuar desvió de dineros facilitando sus cuentas para el pago de sueldos e imposiciones. Juan Carlos Vidal era el encargado del blanqueo de los bienes, realizando pagos y depósitos de dinero provenientes del tráfico de drogas, mientras que Luis Alejandro González era un contador que fue utilizado para ejecutar los movimientos financieros para dar una apariencia de legalidad al líder Cristian Aguirre, quien en todo momento actuó planificando, organizando y distribuyendo las funciones.

La segunda estructura era la encargada del tráfico de ilícito de drogas, posesión y utilización de armas, y de las demostraciones de poder y defensa del territorio.

Entre ellos, destacaba principalmente Bryan Pinto, quien era sublíder de la organización y que se encontraba condenado por el delito de homicidio de un sujeto rival de la organización criminal; Nicole Guerra, pareja de Pinto y quien se encargaba de la distribución de droga; Ignacio Cerda Muñoz, encargado de la distribución de drogas; y Juan Carlos Vidal, encargado de la venta de drogas.

Finalmente, como distribuidores de droga en las poblaciones donde se encontraba asentada la organización aparecen Franco Céspedes, quien se encarga de coordinar los puntos de venta, recaudación y distribución de la droga ejerciendo mando entre los vendedores.

Además, había labores de acopio de droga para alejarla y desvincularla de Aguirre Ramírez, para lo que se contaba con Héctor Moya Zúñiga. Además, como estableció la Fiscalía, bajo esta segunda estructura de la organización se encuentran encargados tanto de la distribución de droga, como de la defensa del territorio, custodiando armas, amenazando a enemigos de líder, bajo funciones de protección y seguridad.

En medio de este juicio la Fiscalía presentó como prueba 53 testimonios, 104 medios documentales, peritajes elaborados por cuatro profesionales, y más de de un centenar de otros elementos, como fotografías y aparatos tecnológicos.