Criterios acotados para regularización de extranjeros: los detalles de la Política Nacional de Migraciones del gobierno

A un año dos meses de que el Consejo de Política Migratoria aprobara iniciar el proceso de diseño y formulación de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería, este jueves 6 de julio la ministra de Interior, Carolina Tohá, encabezó el lanzamiento de la medida, presentando sus principales lineamientos. “Nos estamos poniendo al día con una deuda, pero también anticipándonos para lo que viene”, comentó la secretaria de Estado.

Así, en primer punto, las autoridades clarificaron que el objetivo de esta política es “promover una migración ordenada, segura y regular, que contribuya al desarrollo del país, que considere las necesidades de los territorios y fomente la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos”. Todo esto, como se remarcó, considerando que los enfoques transversales son: derechos humanos, género, derechos de la niñez y adolescencia e interculturalidad.

Por lo mismo, se confirmó que las dos principales áreas que se abordan son gestión interna y la gestión de fronteras.

La primera, de acuerdo con los detalles entregados durante la presentación del documento, busca garantizar la regularidad de las personas, mediante la normalización del funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones. Esto implica, además, la realización de acciones que permitan proteger la convivencia y cohesión social en todo el país, pero especialmente en aquellos territorios donde habita mayor número de extranjeros.

En ese mismo sentido, se hizo presente que el lineamiento general para otorgar residencias regulares será que las personas estén asociadas a contratos u ofertas de trabajo en ramas de difícil cobertura, o donde hay escasez de trabajadores, según capacidades territoriales, o bien por vínculos familiares. Además, se priorizará la protección de las garantías que tienen niños, niñas y adolescentes, y de mujeres víctimas de violencia, trata y tráfico, para así facilitar su acceso a documentación y a la regularidad.

Y en el caso de la gestión de fronteras, se puso énfasis en que no habrá procesos masivos de regularización como los que se realizaron en el pasado, pero sí una definición de criterios para modalidades condicionadas de regularización para grupos específicos en base a condiciones de inserción reales.

Asimismo, como detallaron las autoridades, la política incluye dar mayor eficacia a las sanciones que aplican para quienes infrinjan la norma, especialmente en lo relativo a las expulsiones. Se puntualizó, en el mismo tono, que “la irregularidad se abordará orientando la acción del Estado al combate contra las redes de tráfico y trata de personas. Y mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de administración de sanciones”.

De acuerdo con lo expuesto, esta política nacional desencadena 28 medidas inmediatas a realizar durante 2023, siendo la primera de ellas el empadronamiento de migrantes que ya está en curso.

Además se creará un Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones que están pendientes desde 2013; se diseñarán planes de fortalecimiento de localidades que albergan mayor cantidad de migrantes, lo que incluirá el financiamiento de 10 proyectos de mejoras a municipalidades, y, entre otros aspectos, se aumentará la oferta educativa.

Se explicó, en el mismo sentido, que la nueva política va a requerir una serie de ajustes legales, por lo que en las próximas semanas se ingresará un proyecto misceláneo al Congreso que contempla alrededor de 15 modificaciones.

Aquello, entre otros elementos, con miras a:

1. Aumentar multas a empresas de transporte internacional aéreo, terrestre y marítimo por embarcar a pasajeros sin los requisitos de ingreso al país.
2. Ampliar las causales de expulsión y prohibición de ingreso asociadas a razones de seguridad interior y exterior.
3. Establecer la violencia intrafamiliar como delito grave entre causales de prohibición de ingreso y expulsión.
4. Fijar normas de convivencia: establecer como causal de rechazo de residencia y de revocación de residencias, la reiteración de condenas por faltas que emanen de los Juzgados de Policía Local y aquellas que se encuentren en el Código Penal.
5. Establecer el procedimiento de filiación para niños, niñas y adolescentes extranjeros que carecen de documentación de identidad del país de origen o que esta sea deficiente.
6. Aumentar las penas por tráfico ilícito de migrantes.
7. Ampliar la zona de control fronterizo a lugares y rutas ubicados a 10 km de la frontera.

Pese a que durante la jornada las autoridades insistieron en que no habrá “perdonazos” para quienes ingresaron por pasos no habilitados, el exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, cuestionó los anuncios realizados.

“Como se había comentado, el registro biométrico era el primer paso para perdonazos, ocupando el eufemismo que son individuales -y no generales-, sujetos a que los extranjeros que ingresaron ilegalmente tengan un contrato de trabajo. Esta política es preocupante, ya que sigue incentivando el ingreso clandestino, porque no es necesario pedir visa, sino solo entrar a la mala y conseguirse un contrato de trabajo, y aceptan trabajar, irregularmente, por menos que los nacionales, generando malestar y baja en los salarios”, manifestó.