Cuando quemar un bus no tiene responsables

El semáforo en rojo de calle Huelén con avenida Providencia, en la comuna del mismo nombre, permitió iniciar el ataque. Las amenazas, los gritos, los rostros cubiertos y las manos cargadas con bombas incendiarias evidenciaban lo que la turba de encapuchados haría con el bus de la Red Metropolitana de Movilidad (ex Transantiago). Y así, apenas descendió el último de los 30 pasajeros, el incendio comenzó.

A las 20:15 del viernes 31 de mayo se concretó el séptimo ataque de 2019 contra una máquina del sistema público de transporte. La policía detuvo a cuatro sospechosos: dos estudiantes y dos adultos fueron sindicados como autores del incendio que provocó daños por $ 500 millones, según la querella del gobierno.

La declaración de un supuesto testigo presencial permitió a la policía arrestar de L.A.P.D. (15), B.F.V. (16), Claudio Zúñiga Rodríguez (18) y Luis González Valdivia (20). Tras su formalización, el tribunal ordenó la internación provisoria de los menores y la prisión preventiva de los adultos. Sin embargo, el paso de los días permitió a las defensas encontrar anomalías en la investigación: mientras González quedó en libertad tras presentar pruebas que lo situaban en otro lugar al momento del atentado, los dos menores volvieron a sus hogares, sujetos a otra medida cautelar, por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago. Así, de los cuatro detenidos por la quema de un bus del Transantiago, solo uno se mantiene privado de libertad, de acuerdo a los registros del Poder Judicial, y en su caso también hay antecedentes que cuestionan su participación.

Los casos en que los equipos investigadores no logran acreditar la responsabilidad de los detenidos por atentados incendiarios a vehículos de transporte público no son aislados en el sistema judicial chileno. Una investigación de La Tercera, para la cual se utilizó parte de la información recabada por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), analizó un total de 87 casos en que las máquinas del Transantiago terminaron completamente destruidas producto de ataques incendiarios, entre 2007 y 2019. El resultado: en solo cinco casos de quema de buses incendiados se registran condenas: es decir, en el 6% del total de ataques.

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Fue a las 5:30 del 24 de enero de 2007, en una esquina en medio de la Población Raúl del Campo, en La Pintana. Dos tipos subieron al bus del recorrido 329, pagaron sus pasajes, cubrieron sus rostros, sacaron un revólver y a punta de amenazas bajaron al conductor y a los pasajeros. Le echaron bencina, le prendieron fuego y cuando ya las llamas lo abrasaban todo, huyeron.

Así fue el primer ataque incendiario registrado contra un bus del Transantiago, dos semanas antes de que el plan metropolitano de transportes comenzara a implementarse en forma plena. Fue también el primero que terminó sin sanciones. A las pocas horas, la Intendencia Metropolitana ya había presentado una querella, pero pasaron días antes de que la policía diera con uno de los supuestos responsables.

A Fernando Bahamondes (23 años en esa época) lo detuvieron el 5 de febrero de 2007 y lo formalizaron ese mismo día por incendio y porte y tenencia ilegal de armas. Cuando quedó preso, su esposa y su hermano aseguraban a los fiscales que tenían al hombre equivocado, que el día y hora que esa primera micro ardió él estaba con ellos en la playa. Pero, aun así, lo encerraron de forma provisoria. Tres meses estuvo en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y solo salió cuando la fiscalía comunicó al tribunal que no tenía antecedentes suficientes para acusarlo y que no continuarían con el proceso.

En 2007, después de aquel ataque de enero, se registraron dos más, ambos durante las protestas del Día del Joven Combatiente. No hubo detenidos. En 2008 solo una micro fue quemada, a comienzos de enero en Estación Central, tras una protesta por el asesinato del joven mapuche Matías Catrileo. Tampoco se identificó a los culpables. No se registraron ese tipo de atentados en los dos años que siguieron, pero en 2011 la cifra empezó a subir.

Fueron cinco los buses totalmente quemados ese año. En 2012 se contaron 10 y entre ellos, los primeros casos que terminarían en condena. A Sebastián Fajardo (21 en esa fecha) le darían tres años de pena en libertad por la micro quemada en enero en la comuna de Santiago. Y a J.B.C.C. (14), que lo acusaron de quemar en agosto dos buses en Providencia, lo sentenciaron a un año de libertad asistida.

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08.08.2012: En el marco de las movilizaciones convocadas por la Asociación Coordinadora de Estudiantes (ACES), tres buses del Transantiago resultaron destruidos. Producto del ataque, solo hubo un detenido: J.B.C.C., quien entonces tenía 14 años. Al menor se le condenó seis años después por las dos quemas de buses a la pena de un año de libertad asistida. El joven no alcanzó a cumplir su sentencia, pues falleció en mayo de este año. Foto: Agenciauno/Archivo[/caption]

En 2013 quemaron intencionalmente una docena de micros y en 2014 solo una menos. No condenaron a nadie por esos hechos. Y de los 14 casos de 2015 y 2016, solo uno terminó con detenidos: Natalia Collao (28) y Javier Pino (26), ambos condenados.

El peak llegó en 2017, cuando el balance terminó con 14 buses destruidos. Y 2018 habría terminado con una cifra mucho menor de no haber sido por las ocho máquinas que se incendiaron en noviembre tras la muerte de Camilo Catrillanca. Solo un caso terminó con detenidos.

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La destrucción total de un bus de la Red Metropolitana de Movilidad (ex Transantiago) tiene un costo estimado que fluctúa entre los $ 140 y $ 200 millones, según las querellas que han presentado los operadores. Asimismo, al cometer estos ilícitos tanto los conductores como los pasajeros de las máquinas son paralelamente víctimas de amenazas e intimidaciones.

En total, solo 16 personas han sido condenadas entre 2007 y 2019 y apenas tres cumplen su pena de manera efectiva. Eran parte de un grupo de nueve taxistas que robaron y quemaron un bus, en el marco de una protesta contra las aplicaciones Uber y Cabify en 2017. Los conductores, además del delito de incendio, fueron condenados por portar drogas y municiones.

De acuerdo con los registros del Poder Judicial, los otros 13 sentenciados cumplen o cumplieron sus penas en libertad tras obtener beneficios.

Solo tres menores han sido condenados por estos casos, uno de ellos, J.B.C.C. quien, con apenas 14 años, fue formalizado por la quema de dos buses en el sector de Santa Isabel con General Bustamante, en Providencia, en 2012. Seis años duró el proceso contra el adolescente, hasta que en 2018 fue condenado a cumplir un año de libertad asistida. Sin embargo, no alcanzó a cumplir su sentencia: el 2 de mayo murió en el Hospital de Asistencia Pública a causa de una falla orgánica múltiple.

Del total de investigaciones realizadas por el Ministerio Público para identificar y condenar a los responsables de estos hechos, la fiscalía aplicó 46 veces la decisión de no perseverar (53% de los casos), facultad discrecional que tienen los fiscales para cerrar una causa sin pasar por el control de un juez de garantía. Un análisis más profundo muestra otra realidad: los escasos resultados para detener a los autores.

Entre 2011 y 2017, la policía detuvo a 32 sospechosos. Más del 50% de ellos nunca enfrentó cargos por incendio ante la justicia.

El gobierno suele hacerse parte a través de querellas. "Hemos estado querellándonos y tomando todas las acciones legales que correspondan cada vez que estamos en presencia de actos violentistas que buscan la destrucción de la propiedad pública y privada, y el amedrentamiento de la población. Porque quemar buses no es una forma válida de protestar o expresar alguna disconformidad", dice la intendenta metropolitana, Karla Rubilar.

De acuerdo a los registros del gobierno, entre 2014 y lo que va de este año ha presentado 33 querellas por quema de buses.

Al analizar los sectores donde ocurren estos ataques incendiarios contra el transporte público, Estación Central, Santiago y Peñalolén son las zonas donde más ocurren estos delitos.

¿Cómo afectan estos casos a los usuarios del sistema? Fernando Saka, director de Transporte Público Metropolitano, asegura que los actos de vandalismo en el transporte público afectan "directamente a la operación del sistema y, por ende, a los tiempos de espera de los usuarios. Cada bus vandalizado y retirado de operación duplica los tiempos de espera y la frecuencia disminuye un 14%, lo que perjudica los desplazamientos de los usuarios, considerando además que el tiempo de espera es el atributo más sensible para las personas".

Para revertir el aumento de casos, se planteó que una de las exigencias del sistema de RED, que reemplazará al Transantiago, es elevar su estándar de seguridad. Así, se incorporarán "cámaras para contar con registro de los eventos que ocurren arriba de un bus. La tecnología brinda mayor seguridad para las personas y permite hacer un mejor seguimiento de los actos de vandalismo en el transporte público. En los nuevos buses también estamos implementando una cabina de seguridad para proporcionarles más seguridad a los conductores", detalló Saka.

Jorge Garcés, gerente de asuntos legales del operador Express de Santiago, dice que una de las preocupaciones de la empresa "es que la quema de buses termine siendo una de las consecuencias naturales de los desórdenes públicos. Nuestras instituciones deben hacer todo lo necesario para que impere el Estado de derecho y se resguarde debidamente la seguridad de las personas que usan el sistema de transporte público, adoptando medidas preventivas efectivas, controlando y sancionando a los responsables de estos atentados y que hoy, lamentablemente, quedan en la más absoluta impunidad". La firma se ha hecho parte en 18 causas desde 2012 a la fecha.

El incremento de casos también preocupa a la policía. Mauricio Rodríguez, jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, asegura que "nos estamos ocupando mediante las coordinaciones, el análisis y la labor preventiva y operativa. Como Carabineros no perdemos de vista que estos hechos pueden afectar la tranquilidad, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos". Según la policía uniformada, desde 2017 se han registrado "29 casos que han afectado a buses del transporte público en la Región Metropolitana, a razón de 11 por año".

(Revisa el interactivo: Buses quemados en la Región Metropolitana entre 2007 y 2019)